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Compra de vacunas contra el COVID-19 por parte de empresas privadas, ¿conveniente?

A partir de ese momento comenzó la carrera de diferentes farmacéuticas por obtener una vacuna, y en marzo de 2020 la biotecnológica estadounidense Moderna fue la primera en anunciar que tenía un desarrollo adelantado y comenzaría a hacer pruebas; ese mismo día las acciones de esta compañía aumentaron su valor.
 

En este contexto, en abril del año pasado nació el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX) como una alianza impulsada por actores públicos y privados con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las vacunas que se logren desarrollar contra el SARS-CoV-2.
 

Los actores públicos son los países y las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM). También participan empresas y asociaciones de la sociedad civil y filantrópicas, como la Alianza para la Vacunación (GAVI), la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), el Fondo Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates, el Fondo Wellcome, la Fundación para Nuevos Diagnósticos Innovadores (FIND) y Unitaid, una iniciativa internacional que promueve el acceso al tratamiento de enfermedades como el sida, la malaria y la tuberculosis en poblaciones de los países en vías de desarrollo.
 

Pero además del mecanismo COVAX, países desarrollados como Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China, entre otros, donaron grandes capitales a las farmacéuticas para acelerar el proceso y tener sus propias vacunas.
 

Colombia aportó 214 millones de dólares a este fondo.


Muchas personas se han preguntado por qué unas vacunas que en condiciones normales hubieran tomado al menos cinco años en desarrollarse se lograron en tiempo récord, menos de un año. Esto tiene su explicación en la tecnología para la producción de RNA mensajero (la plataforma de las primeras vacunas autorizadas) que ya se venía probando en otras vacunas, y su producción en masa es relativamente sencilla.
 

Sin la presión por solucionar el problema de la pandemia y sin las grandes sumas de dinero aportadas por los Gobiernos no se hubiera podido desarrollar una vacuna en tan poco tiempo. La otra explicación es que los estudios de seguridad, que deberían esperar por lo menos un año para identificar reacciones adversas a largo plazo, se acortaron y solo hubo seguimiento por tres meses.
 

Dichas explicaciones son necesarias para contextualizar lo que se quiere transmitir en este documento: las vacunas no solo tienen consecuencias en lo biológico (la enfermedad del COVID-19) sino también en lo político y en lo económico.
 

Aunque las farmacéuticas son empresas con ánimo de lucro respaldadas por el ámbito legal de todos los países, resulta inconcebible que después de que los Gobiernos les han inyectado dinero para desarrollar la vacuna, terminen vendiéndose a precios diferenciales dando preferencia a los países que compren mayor cantidad y a precio más alto.
 

Ante la presión por parte de gobiernos locales (Bogotá, Cali, Medellín entre otros) y de algunos empresarios, el Gobierno colombiano expedirá en dos semanas una resolución que le abre las puertas al sector privado para comprar vacunas.
 

Por un lado, este sector menciona que quiere apoyar al país con su plan de vacunación, experiencia realizada con éxito por Estados Unidos e Inglaterra con el fin de acelerar el proceso de inmunización. Por otro lado, quieren adquirir las vacunas para inmunizar a sus empleados y familiares con el argumento de no detener la producción y de esta manera reactivar y recuperar la ya maltrecha economía que dejó la imposición de indiscriminadas y prolongadas cuarentenas. Sin embargo, los laboratorios farmacéuticos ya tienen comprometida su producción hasta el primer semestre de este año, y si se logra acelerar u optimizar este proceso, seguramente podrán vender dosis a privados para el segundo semestre de 2021.
 

Desde el punto de vista técnico, la compra de vacunas debe contar con unos aspectos logísticos bastante rigurosos para su almacenamiento, distribución, administración y eliminación de residuos. La pregunta que surge es si estos sectores cuentan con la tecnología para garantizar la cadena de frío, si tienen el transporte o los lugares apropiados para su distribución, si hay personal entrenado para administrar la vacuna y personal médico en el sitio de vacunación para responder ante reacciones adversas anafilácticas que requieran tratamiento médico inmediato y especializado, y por último, si tienen dispuesto un plan para recuperar y desechar adecuadamente los residuos del programa de vacunación, tales como jeringas, agujas, gasas y producto no utilizado o deteriorado.
 

Esto implica un reto muy grande que posiblemente estas empresas aún no están preparadas para asumir, entendiendo que la consecuencia negativa en caso de algún evento desafortunado será catastrófica para la salud pública, y en particular para el plan nacional de vacunación.

En el aspecto económico, este proceso aumentará la inequidad, ya que el acceso se realizará no por priorización del riesgo sino que habrá una rapiña por obtener la dosis al precio que sea, y obviamente las personas con poder adquisitivo serán las que puedan acceder. Se sospecha que los excedentes de estas compras se convertirán en un negocio para quien las compre, en cuyo caso debería existir una regulación de precios que no se ha contemplado hasta el momento.
 

La salud pública es una responsabilidad del Estado y no es conveniente delegarla al sector privado.


Ya conocemos las nefastas consecuencias de privatizar el sistema de salud. Se podría estar vacunando a personas que no lo necesitan (jóvenes sin comorbilidad, por ejemplo), y así se pierde el objetivo del plan nacional de vacunación, además de que el acceso a la vacuna se controlará por la lógica del mercado, es decir por la oferta y la demanda.

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