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Circular 049 refuerza más la inestabilidad laboral

La justificación que el Ministerio dio públicamente de la medida es que hay un abuso en el uso de las incapacidades médicas laborales, pues sostiene que en 2016 hubo más de 26 millones de días de incapacidad entre 8 millones de trabajadores, razón por la cual el 18 % de las empresas se vieron obligadas a reforzar su estabilidad laboral.

Por esto, considera que esta situación es responsabilidad tanto de los trabajadores –por pedir incapacidades médicas no pertinentes– como del gremio médico que las autoriza, refiriéndose a que hay un “cartel” médico en esta dirección.

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Frente a esta orientación, rápidamente se dieron expresiones de rechazo tanto de trabajadores y sus organizaciones sindicales como de asociaciones y de personas que habían salido de sus empleos por ser considerados enfermos laborales. Esto llevó a que en diversas ciudades del país se presentaran plantones el 3 de septiembre frente a las oficinas del Ministerio, demandando la derogación de la Circular 049 y denunciando que ya existe un número de empleados despedidos en diversas empresas por la implementación de esta.

Las inconsistencias de la Circular 049

La figura de “estabilidad laboral” es una medida de protección para los trabajadores formales y los contratistas, que consiste en que si estos se encuentran en un proceso de afectación de su salud y no pueden realizar el trabajo de la forma habitual o no pueden asistir a la empresa –lo que configura un estado de debilidad manifiesta–, no es posible terminarles el contrato aunque ya esté vencido el plazo pactado o se haya culminado la obra. Por eso, antes de dar por terminado el contrato, el empleador o contratante debe solicitar la autorización respectiva al Ministerio de Trabajo.

Para atender las observaciones de la Corte Constitucional, el actual Gobierno expidió la Circular 049 que, con el fin de resolver el conflicto laboral del despido del trabajador enfermo, ha generado mayor incertidumbre por cuanto se desplaza la “estabilidad laboral reforzada del trabajador” por la “estabilidad económica del empleador”.

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Según la Circular 049, la calificación de la “justa causa” o de la “causa objetiva” alegada por el empleador es competencia del juez laboral, pero con la autorización del despido, es el trabajador enfermo, sin salario y con necesidades, quien debe acudir a la justicia laboral, que le atenderá y emitirá una decisión que le tomará en promedio dos años. Entre tanto, el empleador ha recibido con gratuidad la garantía de la estabilidad económica por parte del Estado.

En la Circular se indica que el “inspector debe abstenerse de calificar jurídicamente las conductas descritas en la solicitud de autorización y su actuación se limita a verificar o constatar si la causal alegada está soportada y se ajusta a los supuestos normativos delimitados por el Código Sustantivo del Trabajo”.

Con esta limitación, el inspector de trabajo será un tramitador y no una autoridad jurídica, ya que no analizará las pruebas para establecer la justa causa ni contribuirá a la descongestión de la justicia sobre este tema.

Cabe recordar que hay dos orígenes de los eventos de salud que son el accidente y la enfermedad, uno es de tipo común y el otro es de origen laboral. Para ambas situaciones aplica la estabilidad laboral reforzada. Con esta Circular no se discrimina si el accidente o la enfermedad es de origen laboral o común, por tanto el trabajador queda en una condición de vulnerabilidad por su condición de salud y por lo que perderá en cuestión de derechos con el despido por su desafiliación al Sistema de Seguridad Social.

El viceministro del trabajo, Carlos Baena, indicó que la Circular permitirá generar más empleo a las personas en condición de discapacidad; sin embargo desde la entrada en vigencia de la Ley 361 de 1997 –que establece los mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad– hasta 2013, el 78 % de los empresarios se mostró renuente a vincular laboralmente a trabajadores en esta condición. Una pregunta queda en el aire: ¿los empresarios quieren despedir a los trabajadores en condición de discapacidad, para volverlos a contratar?

¿Qué hay detrás de la problemática?

En la argumentación del Ministerio no se presenta un desglose de las causas que produjeron que en 2016 se notificaran alrededor de 26 millones de días de incapacidad. Como lo expresa el Ministerio pareciera que fuese un “asunto de holgazanería de los trabajadores” y un “comportamiento no ético” de los médicos al autorizar estas incapacidades.

Según cifras de Fasecolda, gremio que agrupa a las ARL, en 2016 ocurrieron 701.696 accidentes calificados como de trabajo; 10.572 enfermedades calificadas como laborales; 607 muertes calificadas como laborales; 15.369 indemnizaciones pagadas por incapacidad permanente parcial, y 531 pensiones por incapacidad permanente total. Sin duda aquí está en gran medida la explicación de ese volumen de días de incapacidad.

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Estas cifras revelan que no se cumple un conjunto de medidas obligatorias de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad y de la accidentalidad en los sitios de trabajo, que son responsabilidad de los empresarios, que eviten que estos hechos ocurran y no haya días laborales perdidos y que mucho menos haya trabajadores que queden con incapacidades permanentes parciales o totales.

El tema de la estabilidad laboral evidencia la tensión existente entre empleadores y trabajadores; la presión de los gremios empresariales y el respaldo del actual Gobierno por desgastar y eliminar esta protección.

En un contexto de alta inestabilidad laboral –producto de las formas que hoy dominan los tipos de contratación laboral, en su mayoría flexibilizadas y desregularizadas– y de desempleo, medidas como estas empeoran más la situación.

Se podría decir que medidas como la Circular 049 refuerzan la inestabilidad laboral e incrementan la precariedad de las condiciones de vida de los trabajadores en Colombia.

Se requieren de políticas públicas y empresariales que generen condiciones de trabajo dignas y seguras que impidan a toda costa que los trabajadores terminen con daños en su salud y que reduzcan por esta vía las incapacidades.

El llamado de la Corte Constitucional al Gobierno y al legislador para reglamentar el fuero por salud y la terminación de la relación laboral con una persona en condición de discapacidad o enferma en el trabajo, requiere de una norma de mayor jerarquía al acto administrativo denominado “Circular”.

La estabilidad laboral es un derecho sustantivo y un principio laboral que debe ser reglamentada por medio de una ley de la República, con participación de los ciudadanos y los trabajadores.

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