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'Brexit' sin acuerdo, el peor escenario

El pasado 15 de enero, el Parlamento Británico rechazó con una mayoría contundente –432 votos en contra y 202 a favor– el acuerdo de brexit negociado por la primera ministra británica, Theresa May, con la Unión Europea (UE), lo que agudizó la división de los distintos sectores políticos y generó confusión y frustración entre los ciudadanos.

Aunque después del referéndum realizado en junio de 2016 se negoció por cerca de dos años y medio en una ardua labor, no se logró un acuerdo que permitiera ver el futuro con optimismo: todas las previsiones económicas indicaban que el resultado de la salida del bloque era negativo para el país, independientemente del tipo de acuerdo que se lograra, y peor aún si la salida de la UE se realiza a finales de marzo próximo, como está legalmente programado, sin acuerdo de por medio, en cuyo caso el PIB podría caer 8 % en el primer año, con un probable desabastecimiento de comida y medicinas.

Desde una perspectiva económica, la salida de Gran Bretaña de la UE, o brexit, suele examinarse como un evento que impactará los aranceles, y, en consecuencia, las balanzas comerciales. En efecto, un resultado de esta decisión está relacionado con las nuevas barreras comerciales, que pueden significar costos de 5.600 millones de libras anuales en aranceles.

Sin embargo la anterior perspectiva deja de lado la historia: la UE –que es la máxima forma de integración que se conoce– es un proyecto político en el que la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales son medios (no fines) para lograr una Europa con un nivel de desarrollo más dinámico.

La salida del bloque de uno de sus miembros es un hito que los 27 integrantes restantes han buscado sortear con unidad. Pero, paradójicamente, en cada uno de estos países las voces contra la integración se han multiplicado. El proyecto europeo tiene por delante tareas de reforma que combatan la percepción de poca democracia y la falta de transparencia, que han decepcionado al electorado, aspectos que han llevado a que las políticas adoptadas desde Bruselas no se vean en forma positiva.

A lo anterior se deben agregar las implicaciones en materia de control a la inmigración y sus efectos en la disponibilidad de fuerza de trabajo. Es importante recordar que 3,7 millones de ciudadanos de países de la UE viven en el Reino Unido, y que 1,3 millones de británicos viven en países de la UE. Mientras no haya claridad en el acuerdo negociado, los derechos de estos ciudadanos y sus familias no estarán asegurados.

En ese sentido, la falta de claridad política ha contribuido a generar mayor inseguridad para el futuro de millones de ciudadanos: las peticiones de permisos de residencia que antes no se necesitaban; la probabilidad de que las autoridades migratorias incurran en abusos; el aplazamiento de las decisiones de inversión de los pequeños y medianos empleadores por la incertidumbre generada; el desplazamiento de las sedes de grandes empresas a otros puntos de Europa; y el aumento de incidentes de violencia racista o xenófoba, que incluso han afectado a turistas, entre otros.

Otros puntos del acuerdo rechazado

Para evitar una frontera clásica entre la República de Irlanda –miembro de la UE– y la provincia británica de Irlanda del Norte, se establecieron algunas disposiciones para preservar el Acuerdo de Paz de 1998, conocido como de Viernes Santo.

Para esto se propusieron dos etapas: un eventual acuerdo de libre comercio que debería negociarse y que regiría para un periodo de transición, previsto hasta el 31 de diciembre de 2020, prolongable dos años. Pasado ese tiempo, se acordaría un backstop, o “red de seguridad”, que busca crear un “territorio aduanero único”, sin aranceles ni cuotas en el mercado para productos británicos.

Sin embargo, para mantener la unidad del mercado único europeo y no solo la integridad de Reino Unido, Irlanda del Norte mantendría aquellas normas del bloque necesarias, como las relativas a los productos agrícolas o las fitosanitarias.

Por otra parte, con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos de la UE, se estableció la posibilidad de solicitar la residencia permanente después de cinco años de estar viviendo en un país, para aquellos que actualmente residen en el Reino Unido o en uno de los otros 27 países del bloque. Con esto se busca asegurar que puedan continuar estudiando, trabajando, recibiendo ayudas y reagrupando a sus familias.

Finalmente, se buscaba fijar la última contribución financiera que el Reino Unido debería hacer al presupuesto europeo. El precio del brexit se consideraba entre 35.000 y 39.000 millones de libras (40.000 y 45.000 millones de euros) para cumplir con todas las obligaciones financieras que se asumieron como miembro de pleno derecho de la UE desde 1973.

Se estableció que la salida de la UE se daría a las 23H00 GMT del 29 de marzo (medianoche del 30 de marzo en Bruselas) y un periodo de transición que finalizaría el 31 de diciembre de 2020. Durante ese tiempo, el Reino Unido debería seguir respetando las reglas de la UE, sin tener voz ni voto, y podría empezar a negociar sus propios acuerdos comerciales, que solo entrarían a regir al término de la transición.

Los rumbos que puede tomar el proceso

Theresa May presentará un brexit ajustado al Parlamento. Entre los escenarios posibles se ha mencionado la posibilidad de hacer que este voten de manera consultiva varias opciones antes de intentar aprobar una solución de consenso.

Una de esas opciones podría ser la de proponer un acuerdo con la UE similar al que tiene actualmente Noruega: con acceso al mercado único, pero sin ser miembro de la unión aduanera. Sin embargo se debe tener en cuenta que la UE ha afirmado que el acuerdo negociado no se puede modificar.

También existe la posibilidad de un brexit sin acuerdo, un escenario que genera mayor incertidumbre y al que se opone la mayoría de los diputados. Esta sería la situación por defecto en caso de que el Parlamento no logre un acuerdo.

El Banco de Inglaterra advirtió que esta opción sumiría al país en una grave crisis económica, con incremento del desempleo y la inflación, desplome de la libra y del precio de la vivienda.

Por otra parte, ante la cercanía del 29 de marzo, surge la posibilidad de que se solicite un aplazamiento de la fecha de separación de la UE, lo que podría llevar a una renegociación, o a la organización de un segundo referéndum, que los diputados proeuropeos han venido promoviendo con insistencia.

Para ello se requiere una extensión del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que rige las modalidades de salida de un país miembro, que debería ser aprobada por unanimidad de los otros 27 países miembros. Esta situación sería posible hasta finales de junio, cuando se forme el nuevo Parlamento Europeo surgido de las elecciones de mayo próximo.

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