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Bolivia y su encrucijada posEvo Morales

En 1952 Bolivia había vivido una revolución popular dirigida por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) –en cabeza de Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Zuazo y el dirigente minero Juan Lechin– tras la cual se nacionalizaron las minas de estaño. En 1985, bajo el Gobierno de Siles Suazo, el país vivió una desbordada hiperinflación causada por emisión inorgánica, lo cual facilitó la victoria de Gonzalo Sánchez de Losada, quien trajo a Jeffrey Sachs para aplicar un severo ajuste monetario para bajar la inflación.


La pretensión del presidente Sánchez de Losada de exportar gas a Estados Unidos generó tales protestas que forzaron la renuncia del presidente y la asunción del vicepresidente Carlos Mesa, quien también renunció sin culminar el periodo. En este contexto es elegido Evo Morales en diciembre de 2005, quien prontamente decide nacionalizar los hidrocarburos.


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En 2008, el presidente Morales expulsó al embajador de Estados Unidos y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) que financiaba a microempresas, acusándolos de intervención en la política interna del país, y hasta ahora la representación se mantiene al nivel de encargados de negocios.


Evo logró el apoyo de múltiples organizaciones sociales, de indígenas, campesinos y mineros, de las organizaciones de trabajadores de luz, fuerza, teléfonos y para la convocatoria a la Asamblea Constituyente se otorgó representación a las minorías étnicas. La Constitución fue redactada con apoyo de juristas españoles e incluye un amplio reconocimiento de derechos sociales, el derecho a la tierra y la protección del medioambiente. El país pasó a llamarse Estado Plurinacional de Bolivia.


Morales y su partido MAS han demostrado una nítida vocación de poder, logrando mantener la unidad pese a diferencias internas, y por tres lustros superaron a sus contradictores, aunque se los señala de haber judicializado a sus opositores, que es la misma práctica que ahora se aplica contra ellos. Haberse postulado a la reelección a pesar de haber perdido el referéndum consultivo acerca de esa posibilidad, desencadenó un movimiento de exigencia de respeto al resultado de esa consulta.


El mandatario insistió en postularse basado en la opinión del Tribunal Constitucional, según la cual “el derecho a elegir y ser elegido es un derecho fundamental”. En la elección presidencial de 2019, diversos ingenieros analistas independientes descubrieron que se había transferido información de la votación a plataformas no registradas como oficiales y ello habría posibilitado un fraude. Esa denuncia fue retomada por el equipo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a cargo de auditar los resultados y avalado por la Unión Europea, lo cual desencadenó un desborde de protestas incontrolables. En ese panorama los militares le recomendaron abandonar el poder. Él calificó como “golpe de Estado”.


En una reacción inesperada, los jóvenes se organizaron mediante plataformas ciudadanas. Morales se burlaba de esas expresiones, diciendo que nadie le iba a enseñar sobre bloqueos en vías pues en sus campañas con los cocaleros los utilizaban frecuentemente. Y aunque proclamaba que la burguesía y los citadinos se oponían pero que él contaba con apoyo de organizaciones sociales y sindicatos, la movilización convocada por medios digitales con énfasis en temas ambientales, denuncias por corrupción y respeto al voto, llevó la confrontación a otros escenarios.


Tras su renuncia a la Presidencia, y la de Álvaro García Linera a la Vicepresidencia, renunció el presidente del Senado, también militante del MAS, lo cual generaba un vacío de poder con llamados a la insurrección, y asumió la Presidencia de modo interino la presidenta de la Cámara de Diputados Jeanine Áñez Chávez, a quien se le critica no haber mantenido la neutralidad para garantizar la transparencia del proceso electoral, y en cambio haber decidido participar como candidata.

El informe del Gobierno interno sobre derechos humanos declara que “grupos irregulares del MAS perpetraron 31 muertes en la crisis postelectoral de 2019”. Por su parte la presidenta del Senado, Eva Copa, militante del mismo partido, recordó que el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que el gobierno de Áñez violó los derechos fundamentales y que se cometió una masacre en Sacaba y Senkata1.


Luis Arce, candidato presidencial del MAS, enfrenta un proceso por el manejo del fondo indígena –creado con el 5 % de los recursos del petróleo para promover el desarrollo de los pueblos indígenas mediante proyectos productivos y de riego–, y se le acusa de haber creado proyectos fantasma para entregar millones de pesos bolivianos a las cuentas personales de dirigentes sindicales o líderes de organizaciones sociales. Sus acusadores calculan que el monto de los recursos “desviados” es de 180 millones de dólares, pero hasta ahora se inició una auditoría sobre los recursos que pasaron por dicho fondo.
 

La última encuesta de la Fundación Jubileo proyecta 42,9 % para el MAS, 34,2 % para Carlos Mesa –del partido Comunidad Ciudadana (CC)– y 17,8 % para el líder cívico Luis Fernando Camacho. Así habría una segunda vuelta.


Morales fue inhabilitado para ser candidato al Senado en su país invocando la norma que exige haber residido en la circunscripción que se aspira a representar, durante el año previo a la elección. Dicha norma existe desde hace un cuarto de siglo y el expresidente lleva un año viviendo en México y Argentina, desde donde realiza una intensa actividad política, extraña para un asilado.
 

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La Fiscalía boliviana pidió al juez una audiencia contra Morales –de no presentarse sería declarado en rebeldía– y avanzó una solicitud de detención preventiva, basada en que la acusación que se mantiene es por delitos “muy graves”, terrorismo y financiamiento del terrorismo.
 

La acusación se basa en un video en el que se atribuye la voz de Morales para supuestamente incitar a bloqueos de ciudades en Bolivia, y que organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han considerado una prueba insuficiente para la gravedad de esos delitos.
 

Esta es una de las denuncias interpuestas por el ejecutivo transitorio de Áñez contra Morales, que desde diciembre pasado está en Argentina, donde solicitó refugio. La Fiscalía emitió órdenes de aprehensión por algunas de estas denuncias, para que el exmandatario comparezca en procesos en su contra en Bolivia, pero sus abogados aducen que no existen garantías constitucionales para su retorno, e incluso temen por su vida. No obstante, dijo que si el MAS gana las elecciones del 18 de octubre, al día siguiente volverá a su país.
 

Al menos el 19 % de los electores se mantienen como indecisos y el voto es obligatorio; quien no vote tendrá multa y 90 días de prohibición para realizar actividades bancarias incluido pago de servicios básicos. Las encuestas no han medido el voto en el extranjero, (3 % del padrón electoral), en particular en Argentina donde hay una gran comunidad de bolivianos mayormente fieles al MAS. Para la elección del senado las encuestas muestran que el MAS lograría mayoría (20 %) frente a 12 % de CC y 4%  de Creemos, pero no lograría los dos tercios.

 


1 https://www.la-razon.com/nacional/2020/09/20/jose-miguel-vivanco-el-gobierno-de-anez-ha-violado-la-separacion-de-poderes/

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