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“Banco Mundial jalonó la actual crisis del sistema educativo colombiano”: Gabriel Misas

En los años sesenta la directriz del Banco Mundial (BM) era que el Estado no debía financiar la educación superior porque a ella solo accedían las élites; a mediados de los ochenta fijó que era necesario responder a las lógicas del modelo economicista de rentabilidad (la educación como servicio, que aún se mantiene), y en los noventa –hasta la fecha– estableció que el gasto público para el sector no podía superar el 20 %, algo que los países de la región acataron, sobre todo Colombia, donde no supera el 10 %.

El profesor e investigador Gabriel Misas Arango, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UN), explica que si bien América Latina siguió la mayoría de esas políticas, en algunos aspectos no cedió por completo. Por ejemplo, los Gobiernos no dejaron de financiar la educación superior pública para evitar problemas políticos internos, pero sí redujeron recursos drásticamente. Colombia y Chile fueron los más aplicados en seguir esta regla, y, en la orilla contraria, Cuba y Uruguay la ignoraron.

Según el experto, en Colombia los lineamientos del BM modificaron la estructura de todo el sistema educativo más que en otras naciones. Por un lado, para las décadas de los ochenta y noventa el país tuvo una sobrerrepresentación en el BM, debido a que altos funcionarios nacionales en el campo educativo llegaron a posiciones influyentes en la división de educación de la entidad. Y ¿cómo llegaban allá?, “portándose bien en aplicar las reglas impartidas”, afirma.

DESTACADO. La tendencia a privilegiar la educación privada en Colombia también se evidencia en el papel que ha cumplido el Icetex en las últimas décadas: ser una entidad de otorgamiento de créditos para que las clases menos pudientes accedan a la educación superior, sobre todo a decenas de instituciones de dudosa calidad.

Por otro lado, desde los años treinta el país tuvo una mayor participación del sector privado en el manejo de la educación que en el resto de la región, una tendencia que, de la mano de ese organismo multilateral, se agudizó a partir de los años sesenta e influyó en el marchitamiento de la educación pública superior y en que la básica primaria y secundaria públicas se masificaran, pero con bajísimos indicadores de calidad.

El exdecano afirma que “hace más de cincuenta años, por su experiencia en África, el Banco Mundial difundió la idea de que la calidad en la educación primaria en los países en desarrollo, fuera buena o mala, era indiferente frente a la reducción de las tasas de fertilidad en las mujeres y la optimización de la productividad agrícola en los hombres. Ese enfoque, además de equivocado, no permitió ver las particularidades para el caso de Latinoamérica, donde existía una profunda estratificación social tras siete décadas de desarrollo capitalista”.

¿Cómo se evidenció esa visión africana en Colombia? En primer lugar en una decisión en la época del Frente Nacional que, en opinión del profesor Misas, fue fatal para la educación del país: la implementación de la doble jornada. Esta medida, que se suponía era excepcional y por corto tiempo ante la alta demanda y la poca infraestructura en Bogotá, aún se mantiene después de sesenta años y se generalizó en todo el país. Se añadieron otras reformas, como tener un mayor número de niños por curso y, en los años ochenta, eliminar paulatinamente las materias relacionadas con las artes (música, apreciación estética, etc.).

Ley 30 nunca fijó techos para invertir en la educación superior

Para el investigador, los eventos antes mencionados propinaron un duro golpe a todos los niveles del sistema educativo hasta llegar a la actual crisis. Y aunque con la Ley 30 de 1992 se trató de resolver muchos conflictos relacionados con la educación superior, tanto la falta de voluntad política como nuevas imposiciones del BM no ayudaron a redirigir y a situar a la educación como eje central del desarrollo del país.

Debido a la falta de reglamentación, asegura el académico, todos los ministros de Educación aprovecharon para argumentar que si asignaban recursos más arriba del IPC estarían violando las normas, lo que en su opinión es una mentira, porque la Ley 30 nunca fijó techos para invertir en la educación superior. A ese difícil contexto se sumaron las presiones del BM, que condicionó el otorgamiento de créditos a la aplicación de sus políticas; por ejemplo, que el financiamiento de la educación superior no podía sobrepasar el 20 % del gasto público total y que había que promover a las instituciones privadas como protagonistas en el manejo de la educación.

“De la noche a la mañana, y sin explicar el porqué, en los años noventa el organismo definió que ahora sí los Gobiernos debían financiar la educación superior, pero más la privada que la pública. De ahí que se hayan instaurado programas como Ser Pilo Paga, que es una copia del sistema chileno, donde los mejores 27.000 alumnos en las pruebas estatales de conocimiento (lo que aquí se llama Pruebas Saber) reciben una beca para acceder a universidades acreditadas privadas. ¿Eso qué significa?, que con recursos públicos se ayuda a financiar la educación de los más ricos. Y hay algo grave que casi nadie se atreve a decir, y es que en estos programas el nivel de deserción es casi nulo, porque hay órdenes de no reprobar a los beneficiados, ya que si esos jóvenes salen, se afectan las finanzas”, manifiesta el exdecano.

La tendencia a privilegiar la educación privada en Colombia también se evidencia en el papel que ha cumplido el Icetex en las últimas décadas: ser una entidad de otorgamiento de créditos para que las clases menos pudientes accedan a la educación superior, sobre todo a decenas de instituciones de dudosa calidad. Este y otros graves problemas estructurales del sistema educativo colombiano “hacen necesario que el país llegue a unos acuerdos fundamentales sobre qué queremos para nuestros niños y jóvenes”, expone el profesor Misas.

DESTACADO. El Banco Mundial condicionó el otorgamiento de créditos a la aplicación de sus políticas; por ejemplo, que el financiamiento de la educación superior no podía sobrepasar el 20 % del gasto público total y que había que promover a las instituciones privadas como protagonistas en el manejo de la educación.

En primaria, por ejemplo, aceptar que los retornos económicos y sociales son mayores que otras formas de inversión en educación, como lo muestra la evidencia teórica y la experiencia en los países desarrollados; que la educación secundaria debe tener una única jornada, con un currículo mucho más amplio que permita desarrollar el sentido crítico de los estudiantes; y en la formación superior es indudable la necesidad de destinar más recursos económicos, claro está, dice el experto: con el compromiso de las instituciones de mejorar las metas de calidad y eficiencia.   

“Es imposible que la universidad, como quiere el Gobierno, se sostenga con el arancel (lo que en Colombia se llama matrícula) que pagan los estudiantes, eso no sucede en ningún país serio; además es ilógico, porque las inversiones en adquisición de nueva tecnología de cómputo, las revistas electrónicas indexadas y los laboratorios, entre otras herramientas necesarias para hacer investigación en los niveles de maestría y doctorado, no deben ser costeados con los aportes de quienes ingresan al pregrado. Ni siquiera Harvard, que es privada, se financia de esta forma”, concluye el profesor Misas.

Lea nuestro especial sobre educación superior en Colombia aquí

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