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Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una amenaza latente en Colombia

Las llamadas AGC, también denominadas por el Gobierno como “Clan de Golfo”, tienen su raíz en el paramilitarismo –se pueden rastrear casos de antiguos militantes del Ejército Popular de Liberación (EPL) dentro de sus miembros–, que luego del proceso de desmovilización parcial de estos grupos en el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, se reinventaron para continuar con sus actividades al margen de la ley. Primero fueron denominadas como Bandas Criminales (Bacrim), y desde el anterior Gobierno y en el actual como Grupos Armados Organizados (GAO).
 

Por su carácter distintivo en la autodenominación y los objetivos de estos actores armados ilegales, los esfuerzos de las Fuerzas Armadas colombianas han transitado al estudio y la comprensión de las nuevas configuraciones de la seguridad en Colombia. Desde 2016, el Ministerio de Defensa caracterizó a las estructuras criminales según su nivel de violencia y organización, así: GAO, en los cuales se agrupa a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (ACG) y al sector residual del EPL, entre otros; y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) que en ocasiones operan como subcontratistas de los GAO. No obstante, estas categorizaciones dejan de lado los orígenes de algunas de estas estructuras en el paramilitarismo, lo cual ha incidido en la opinión pública acerca de cómo considerarlas y combatirlas.
 

Puedes escuchar: ¿Cómo fue y qué pasó con la desmovilización paramilitar?.
 

Incidencia regional


Estas autodefensas se han configurado como un actor armado ilegal mixto: se conciben como grupo de crimen organizado con un aparato militar sostenido, que ha utilizado estrategias políticas (paros armados); tienen relaciones de diverso tipo con otros grupos delincuenciales y tienen como objetivo el control de economías ilegales (narcotráfico, microtráfico, minería ilegal, extorsión y actividades sicariales) y con cierto nivel de incidencia en poderes locales. Además, las AGC son un grupo sobreviviente de múltiples golpes militares de la Fuerza Pública, lo que evidencia cierta fuerza de su estructura.


Con la dejación de las armas por la extinta guerrilla de las FARC-EP, las AGC han vivido un proceso de consolidación y control de zonas “huérfanas”, disputadas también con otras estructuras armadas por los intereses locales de rentas ilícitas. Es el caso del Chocó con el ELN, que ha acentuado los enfrentamientos entre diferentes grupos criminales con graves afectaciones a las poblaciones civiles y ha sido uno de los factores de los asesinatos contra líderes sociales y excombatientes de las FARC en varias regiones del Pacífico nariñense, Bajo Cauca y Urabá antioqueño, y, recientemente, del oriente del país.


De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el fortalecimiento de las AGC ha sido el principal factor determinante del aumento de las masacres, desplazamientos de la población civil, asesinatos selectivos y combates que se han conocido en los últimos meses de 2020, lo cual ha entorpecido sustancialmente la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, sobre todo en lo relacionado al proceso de reincorporación de los excombatientes de FARC-EP a la vida civil, política y económica, al ser estos blancos de asesinatos sistemáticos. Adicionalmente, es posible determinar la presencia de este grupo en las ciudades, contribuyendo también en el deterioro del orden público.


Puedes leer: ¿Nueva oleada de violencia o crisis de la implementación del Acuerdo de Paz?.
 

¿Amenaza a la seguridad nacional o grupos delincuenciales?


Durante el proceso de paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP hubo un importante desescalamiento del conflicto armado en el país. Luego de la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, la violencia se acentuó y proliferaron nuevas expresiones en cabeza de actores armados ilegales, distintos a las guerrillas, que han copado territorios que fueron de influencia de las FARC y en los que concurre el cultivo de la coca y una débil presencia estatal como variables determinantes de la expansión del conflicto, logrando cambiar así la geografía de la violencia, ahora enfocada en los sectores periféricos del país.
 

Entre las estructuras heredadas del paramilitarismo se destacan las AGC, también llamadas por el Gobierno Clan del Golfo, por ser de los GAO más fuertes en el país con cerca de 2.500 integrantes, sin sumar las redes de apoyo local. Este grupo tiene una conexión directa con el narcotráfico y está articulado con carteles extranjeros.


Ahora bien, la escalada de violencia no solamente se debe a los grupos paramilitares, también los efectos han recrudecido con la presencia y accionar del ELN, de los remanentes del EPL, los disidentes de las FARC, estos últimos fortalecidos durante el gobierno actual.
 

Lo preocupante aquí es que continúan los actos violentos perpetrados por actores armados que debilitan todos los esfuerzos por la implementación de los Acuerdos y la construcción de una paz estable y duradera.


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El país fue advertido sobre los cambios en las dinámicas de la violencia cuando se firmara la paz con las FARC-EP. Sabíamos que para el fin del conflicto eran necesarias otras acciones preventivas, como las negociaciones de paz con el ELN, incluso conversaciones exploratorias con el Clan del Golfo para un sometimiento a la justicia, que al mismo tiempo debían ser fortalecidas con la implementación de los Acuerdos en torno a la solución del problema de las drogas ilícitas y la erradicación de cultivos, y garantizando mayor presencia estatal en los territorios.
 

Hoy nos encontramos nuevamente con hechos de violencia focalizados en las regiones del país por el arraigo de estos diversos grupos que recrudecen el conflicto con el mantenimiento del narcotráfico y las economías ilegales. Para Colombia, el reto sigue siendo fortalecer la institucionalidad en los territorios, reducir el impacto del narcotráfico sobre la violencia y fortalecer la implementación de los Acuerdos de Paz que se construyeron en torno a los problemas estructurales del país.

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