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Asesinato de líderes sociales no es aleatorio

El documento se construyó con base en los registros y la información aportada por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el Programa Somos Defensores, la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, la Confederación Acción Comunal de Colombia y la plataforma Verdad Abierta, y se elaboró de manera conjunta con el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), de la Universidad Nacional de Colombia (UN).

Es un análisis de casos que permite detectar elementos comunes en los crímenes, condiciones compartidas que definen posibles patrones identificables, además de la correlación entre estos con otras variables, como por ejemplo el tipo de víctima y de victimario, el modus operandi y el lugar en donde sucedieron los hechos (espacialidad), destaca el informe que identificó 343 asesinatos entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha de la firma del Acuerdo de Paz) y el 31 de julio de 2018.

Uno de los principales hallazgos es la tendencia al aumento de estos crímenes entre enero y julio de 2018, cuando se registraron más asesinatos que en todo 2016. Además se constató un aumento del 26 % con respecto al periodo enero-julio de 2017, en el que se contabilizaron 79 violaciones al derecho a la vida frente a las 100 notificadas entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018 (ver gráfico).

Altos niveles de impunidad

Con respecto a los actores identificados como origen de las amenazas, el informe registra que ocho eran grupos paramilitares y cuatro pertenecían a disidencias de las FARC. Sin embargo en 118 de los casos el autor del crimen no se ha establecido aún.

“La mayoría de los asesinatos se cometen bajo altísimos niveles de impunidad, el porcentaje de capturados por estos crímenes es mínimo. La impunidad cobija a los autores materiales y es mucho mayor con respecto a los determinadores o autores intelectuales”, destaca el informe.

En relación con el modus operandi, muchos de los crímenes se llevaron a cabo mediante la modalidad de sicariato, con la intervención de más de un individuo. El grupo se conforma por una persona que dispara, otra que ayuda a la fuga –por lo general conduciendo un vehículo– y una más que vigila para avisar si llegan las autoridades o alguna persona que impida el crimen; a veces el grupo es más numeroso. En estos casos los victimarios forman parte de una organización criminal estructurada.

El 82,5 % de los homicidios (212) se cometió con armas de fuego, el 4,6 % (12) con arma blanca  y el 1,16 % (3) con arma contundente.

Otro factor que recoge el documento es que tanto los asesinatos como los atentados suceden en los hogares de las víctimas: al menos 106 líderes y defensores de derechos asesinados y un 44 % de los 100 atentados registrados.  El informe señala que esto demuestra que “hay actividades de planeación y seguimiento a la víctima por parte de una estructura criminal con dominio territorial”.

También se identificó que algunas veces los crímenes son antecedidos o seguidos de señalamientos, discursos estigmatizantes o de negación ya sea del fenómeno, de la existencia de los victimarios o de la condición de defensor de derechos humanos de la víctima. Estos discursos son elaborados por parte de autoridades locales, regionales y nacionales.

Según el informe, en ocasiones los asesinatos están antecedidos de amenazas a familiares y allegados para que cesen sus denuncias o indagaciones, lo cual ha provocado el desplazamiento forzado de algunas de estas personas.

Por otro lado, al menos un 18,4 % de los crímenes cometidos contra mujeres se llevan a cabo en con sevicia sobre sus cuerpos, deformándolos e incluyendo la violencia sexual.

Cauca con más líderes asesinados

Con respecto al lugar de los asesinatos, el informe identificó 27 de los 32 departamentos y 142 municipios del país. Cauca encabeza el listado con 44 crímenes (17,12 %), le sigue Antioquia con 40 (15,56 %), Norte de Santander con 19 (7,39 %); Valle del Cauca con 18 (7 %), Córdoba y Putumayo con 16 cada uno, y Nariño y Chocó con 14 cada uno. Estos ocho departamentos concentran el 70,42 % de los crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.

Entre los municipios más afectados se encuentran Tumaco (Nariño), con nueve violaciones registradas, le siguen Corinto (Cauca) con siete; Buenaventura (Valle del Cauca), Cúcuta (Norte de Santander), Medellín (Antioquia) y Puerto Asís (Putumayo) con seis cada uno; Riosucio y Quibdó (Chocó) con cinco; Bogotá, Ituango y Cáceres (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Sucre (Sucre) y Tierralta (Córdoba) con cuatro violaciones cada uno.

El informe destaca que las correlaciones más altas entre los asesinatos y las zonas en las que se han cometido son: presencia de cultivos ilícitos donde existen rutas del narcotráfico; regiones que han sido advertidas de manera reiterada por el Sistema de Alerta Temprana; con fuerte presencia de grupos paramilitares; zonas militarizadas; con procesos de organización social; lugares con actividades extractivas ilegales, particularmente minería; cercanas a las antiguas zonas transitorias de normalización (ZVTN) o espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR), donde los miembros de las FARC se concentraron para realizar el proceso de dejación de armas; afectadas por desplazamientos forzados; y zonas aledañas a los municipios priorizados para el Programa de Desarrollo Económico con Enfoque Territorial (PDET), según lo dispuesto por el numeral 1.1 del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las FARC.

La elaboración del informe “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el posacuerdo” fue posible gracias al apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), OXFAM y la Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia.

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