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Arauca necesita un Estado que funcione

Nuevamente se vuelve a escuchar de Arauca por los estruendos de la violencia y los estragos sobre vidas humanas; los hechos violentos superan las cuatro décadas en un territorio –otro más– en donde el Estado colombiano no funciona de manera cabal, en el que otros actores irregulares que ejercen violencia de manera organizada y sistemática se imponen sobre las comunidades para ejercer control.

 

Arauca ha estado lejana y desconectada y ha sido escenario de varios conflictos, que se entrelazan y alimentan. Existe el reto de comprender lo que sucede allí y de admitir que se requieren políticas concertadas entre el Estado y la sociedad araucana, en toda su diversidad, para asumir los procesos de diálogo, concertaciones difíciles y construcción de políticas que resuelvan los temas que generan conflictividad social y alimentan la violencia.

 

En esta región las comunidades y el conjunto de la ciudadanía han tenido que soportar que los órdenes impuestos por las guerrillas del ELN y las FARC –ahora las disidencias– sean el derrotero para poder permanecer en el territorio.

 

A sangre y fuego se ha construido un orden de permanencia, que tiene como base la desconfianza en el Estado, que no ha logrado una legitimidad y un funcionamiento democrático; también, una cultura de permanecer bajo la tutela de los armados, que conocen muy bien la región, y que ante el histórico olvido estatal han desarrollado vínculos de diálogo y adhesión de muchas comunidades.

 

Desconexión de vieja data

 

Hasta la década de los ochenta Arauca era un territorio más conectado con Venezuela; de hecho, niños y jóvenes entonaban de manera más fluida y decidida el himno de ese país, que escuchaban por medio de una señal de televisión que sí llegaba, mientras la colombiana estaba ausente. 

 

Igualmente, era, y sigue siendo, más fácil moverse por Venezuela para llegar a Cúcuta, que tomar la trocha de la vía de la soberanía que hoy es un camino tortuoso e incierto, sobre todo en época de invierno. Esta desconexión de vieja data explica en parte la desconfianza y distancia de la sociedad araucana con el poder central.

 

Paradójicamente el poblamiento reciente, de los años sesenta con la colonización campesina en el marco de políticas y planes gubernamentales, hubiera podido dar una cercanía con el Gobierno, que ofreció tierras para las fincas deseadas y que un campesinado pobre no encontró. La mayoría de quienes colonizaron lo que hoy es Saravena, Fortul, parte de Arauquita y Tame provenían de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Antioquia o Tolima. 

 

Dicha acción de gobierno se quedó a la mitad, vinieron los conflictos por los servicios básicos de salud, educación y vías para moverse, temas que hoy siguen vigentes. Sin el acceso al mínimo bienestar, vinieron los conflictos, las protestas, los acuerdos y los incumplimientos. De todo este relacionamiento conflictivo se derivó a una profunda ruptura política que permitió la consolidación de las guerrillas, una historia que ya suma 40 años.

 

Después vino el cogobierno de las guerrillas con la clase política, las imposiciones, los pactos, encuentros y desencuentros, todo mediado por dosis de violencia; llegaron los conflictos por ordenar y controlar el territorio, con el trasfondo de cuantiosos recursos del petróleo de Caño Limón, que han traído muchas cosas buenas, muchas cosas malas y muchas cosas terribles.

 

La historia de las últimas cuatro décadas de Arauca ha sido la del desarrollo de tres poderes que conviven, se enfrentan, se adaptan y cumplen ciclos de convivencia forzadas a ciclos de abierto enfrentamiento violento, y en medio de todo ello la sociedad, que ha debido adaptarse y aprender a convivir con estos órdenes autoritarios y criminales.

 

Tres estados y todos vulneran derechos

 

Hoy existe una abierta confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC, que conocen el territorio y tienen raíces en la sociedad; ¿cuál es el motivo de la confrontación? el de siempre: quién controla y quién es el regulador de lo que se puede y no en este rico territorio.

 

Esta violencia entre conocidos ya tiene un antecedente: la disputa que se dio entre 2006 y 2011, y que fácilmente pudo dejar unos 1.000 muertos –la mayoría civiles– y muchas comunidades desplazadas. Aquella guerra igualmente se dio por el control del territorio, como la de ahora, y tuvo el detonante de la decisión del ELN de erradicar todas las casi 10.000 hectáreas de coca que entre 1995 y 2005 se había cultivado en Arauca. Como todas las confrontaciones territoriales, esta guerra fue dura y cruel, se detuvo cuando las FARC y el ELN asumieron que, dado el nuevo orden que dejaba la confrontación, era el momento de acabarla.

La violencia, que ya deja más de 60 homicidios desde el 2 de enero del presente año, un ataque a la sede de las organizaciones sociales en Saravena, docenas de líderes sociales que se han visto obligados a abandonar el departamento, y alrededor de 1.200 personas desplazadas, es una violencia tremendamente preocupante, por que ambos contradictores se conocen de vieja data y afectan la vida comunitaria y el tejido social.

 

Se trata de una violencia doblemente letal, por que se ejerce de manera indiscriminada y no se vislumbra que vaya a parar en el corto o mediano plazo; todo indica que es una confrontación por imponerse uno sobre el otro, no por pensar nuevamente en un reparto del territorio, como ocurrió entre 2006 y 2011.

 

El desafío que tiene la sociedad araucana no es pequeño: debe protegerse y sobrevivir en medio de una violencia dura y cruel. Por eso, le corresponde al Estado acompañar a las instituciones estatales locales y a las comunidades en su protección y defensa, no se puede cruzar de brazos ante la tragedia. Es el momento de una acción protectora civilista.

 

En Arauca hay que construir un Estado social, democrático y de derecho, que cobije a todas las comunidades, a toda la ciudadanía y funcione cabalmente en todo el territorio, que sea tramitador legítimo de intereses y conflictos y sea instrumento de convivencia, paz y desarrollo incluyente: no es un desafío pequeño, pero hay que asumirlo.

 

Urge proteger a las comunidades, reforzar la acción de la Defensoría del Pueblo y de las personerías y los programas humanitarios de las alcaldías; además, es el momento en que la fuerza pública sea un factor de protección y ganar legitimidad en este territorio. Es importante no perder de vista que los grandes conflictos que persisten y que deben ser tramitados van más allá de asumir o retomar un proceso de paz con el ELN y un debido tratamiento a la persistencia de las disidencias de las FARC. Arauca necesita un Estado que funcione.

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