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Arauca en el laberinto de la violencia criminal

El conflicto de Arauca está unido a los procesos de la Violencia de los años 50, que por desplazamiento forzado posibilitaron la colonización en el Piedemonte llanero, lo cual dio origen a municipios que hoy atraviesan una crítica situación de violencia, en particular, los caseríos y áreas rurales de Saravena, Arauquita y Fortul. 

 

Así mismo, el Piedemonte araucano es el resultado de los procesos migratorios originados por el desarrollo de la industria petrolera de los años 80. 

 

Tales fenómenos han hundido al departamento en una dinámica de conflictividad profunda, con problemas estructurales que no ha logrado superar. Entre los factores de esta situación se encuentra el abandono estatal y la mala calidad de la clase política, por prácticas corruptas y alianzas perversas con los actores de la violencia insurgente y paramilitar. 

 

En la historia del poblamiento de Arauca, sobre todo del área del Piedemonte llanero, las dinámicas sociales y políticas crearon un movimiento social vigoroso que se construyó en el interior de los procesos de colonización en la lucha por los derechos fundamentales de una ciudadanía campesina y popular. Con su trabajo se construyó el desarrollo agrícola, ganadero y comercial a través de dinámicos procesos de organización social y solidaridad colectiva. 

 

Los movimientos y paros cívicos de los años 70 dieron origen a una dirigencia social comprometida con el territorio y reclamante permanente de los derechos de la población desconocidos por los gobiernos centrales. 

 

La superación de la violencia estructural en Arauca va más allá de una presencia integral del Estado con una oferta de política pública amplia que garantice los derechos fundamentales de la población, incluyendo el derecho a la seguridad.

 

Ausencia estatal, violencia e insurgencia 

 

De la ausencia integral del Estado y de la represión de los movimientos cívicos surgió en los años setenta el Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, con un profundo arraigo social que originó un modelo de guerrilla societal, y, como resultado de la estrategia de colonización armada en el territorio –impulsada por las FARC–, se establecieron en Arauca los frentes 10 y 45. Así surge la larga y violenta disputa por los recursos del departamento, la influencia en la población y las posibilidades de control de los gobiernos locales. 

 

A dicha confrontación se suman las políticas de seguridad y defensa del Estado a través del Ejército y de la Policía, y la irrupción en los años noventa del narcotráfico y el paramilitarismo.  

 

Desde finales del siglo XX Arauca ha pasado por distintos momentos de escalamiento de la violencia. Algunos hechos más difíciles sucedieron en 2003 y entre 2009 y 2011, cuando el enfrentamiento entre las FARC y el ELN se traslada a la sociedad provocando un desangre en los liderazgos naturales convertidos en blanco de las acciones criminales de las dos organizaciones, de la estrategia contrainsurgente del Estado y de la violencia paramilitar. 

Una frontera caliente 

 

La condición de departamento fronterizo ha generado en Arauca una interacción social, económica y política. Los asentamientos de colombianos al otro lado de la frontera, en los municipios de La Victoria y Guasdualito, se han acompañado de procesos de asentamiento y retaguardia estratégica del ELN y de las FARC, hoy de sus disidencias. 

 

Las difíciles relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela han generado una militarización creciente de la frontera a la que se suma la presencia de grupos paramilitares y actividades ilegales como el narcotráfico. 

 

Tal situación ha terminado por convertir esta zona en un lugar de confrontación y conflicto permanente donde han surgido complejas y variadas alianzas entre los distintos actores para establecer acuerdos de convivencia, conflicto y guerra.

 

El proceso de paz, disidencias y resurgencias

 

La desafortunada ruta que ha tenido la implementación del Acuerdo Final de Paz en el gobierno de Iván Duque Márquez ha llenado de incertidumbre –en ofertas de seguridad– a los firmantes, de los cuales han sido asesinados, desde la firma, 62 excombatientes. 

 

El proceso de paz generó dos fenómenos que mantienen el ejercicio de la violencia en los territorios: por una parte, las disidencias de las FARC que no llegaron a la firma del Acuerdo, en particular el primer frente, bajo la conducción de Gentil Duarte. Se trata de grupos que operan en distintas regiones del país con mandos degradados y articulados a las economías ilegales, y las resurgencias de las FARC, denominadas Segunda Marquetalia, de las que formaron parte en su momento alias “Iván Márquez”, “Jesús Santrich”, “Edinson Romaña” y “el paisa”, estos tres últimos asesinados en confusas circunstancias.

 

Los movimientos y paros cívicos de los años setenta originaron una dirigencia social comprometida con el territorio y reclamante permanente de los derechos de la población desconocidos por los gobiernos centrales. 

 

El retorno de los frentes 10 y 45 de las disidencias de las FARC, bajo la denominación de Comando Conjunto de Oriente, ha reactivado la confrontación con el ELN y las estructuras del Bloque Oriental Manuel Vásquez Castaño. De esta manera han saltado por los aires todos los acuerdos que existían en materia de no agresión.

La población civil como blanco 

 

Desde enero del presente año, y como consecuencia de los enfrentamientos entre las disidencias de los frentes 10, 45 y 28 de las FARC y el Frente Domingo Laín del ELN, se han producido 67 homicidios (52 colombianos y 15 venezolanos), aunque podrían ser más de 100. Se sabe de numerosos cadáveres hallados en el monte, los ríos y las sabanas araucanas. 

 

También se han producido nueve secuestros, algunos de los cuales han terminado en asesinatos y se han desplazado 1.800 personas desde las distintas zonas rurales hacia las cabeceras municipales. 

 

La confrontación del ELN y las disidencias de las FARC evidencia el estado de degradación del conflicto armado. Se están asesinando personas en estado de indefensión, sin fórmula de juicio y por fuera de combate. 

 

Hoy en Arauca se entremezclan cuatro crisis humanitarias: la provocada por la violencia de los grupos armados legales e ilegales; los desarraigos y desplazamientos forzados; la pobreza extrema existente en la zona fronteriza; y el fenómeno migratorio venezolano, todo esto atravesado por los efectos de la pandemia por COVID-19.

 

Las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales del Piedemonte araucano han señalado que en Saravena, Arauquita, Fortul y Tame la situación es de miedo e incertidumbre, aumentada por la política del Gobierno de enviar dos batallones más a una “zona futuro”.

 

La confrontación del ELN y las disidencias de las FARC evidencia el estado de degradación del conflicto armado. Se están asesinando personas en estado de indefensión, sin fórmula de juicio y por fuera de combate. 

 

El propósito de esta acción es “poner en marcha cuatro estrategias fundamentales: implementación concreta de la estrategia de seguridad nacional; seguridad ciudadana; fortalecimiento del Plan de Acción Oportuna (PAO), y el marco de implementación de una política sobre protección y prevención de líderes sociales, aspectos que en Arauca no han logrado concretarse. Además, la fuerza pública es un blanco fácil de la acción de los grupos armados ilegales.  

 

La situación es de gran confusión por las lógicas de la confrontación entre las organizaciones armadas y la instrumentalización que hacen el Estado y la fuerza pública para desarticular en lo esencial la organización y la movilización social y, según algunos analistas, mantener vivo el conflicto fronterizo con el régimen venezolano, al que se le sindica de ser aliado de los grupos armados ilegales en la frontera. A esta situación se suman las actividades de las bandas criminales colombianas Los Rastrojos y el Clan del Golfo, y la venezolana Tren de Aragua, que se financian con economías de guerra y las empresas del narcotráfico. 

Una solución integral para Arauca 

 

La superación de la violencia estructural en Arauca va más allá de una presencia integral del Estado con una oferta de política pública amplia que garantice los derechos fundamentales de la población, incluyendo el derecho a la seguridad.

 

Urge desescalar el conflicto retomando las conversaciones de paz con el ELN y llegando a un acuerdo humanitario de no agresión a la población civil, en el marco de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

 

También es importante definir una política criminal positiva de sometimiento a la justicia de las disidencias, resurgencias y bandas criminales; retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela y generar un escenario de convivencia fronteriza respetuosa y de coordinación para enfrentar el delito y el crimen trasnacional.

 

De igual manera, renovar la clase política corrupta de Arauca poniendo al frente una nueva generación de dirigentes políticos que se preocupen por el desarrollo integral del departamento, y eso le corresponde a la ciudadanía araucana.

 

Por último, es necesario ofrecerles a los movimientos sociales toda la protección y el acompañamiento posible, con la salvaguarda y protección de sus líderes naturales, en lo que juega un papel fundamental la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos.  

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