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¿Apertura democrática o consolidación autoritaria?

Con reconocidas limitaciones, el Acuerdo contiene numerosas disposiciones con las que se buscan derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política y social (Punto 2.1), el desarrollo de mecanismos democráticos para la participación ciudadana, incluidos los relativos a la participación directa en diferentes niveles y temas (Punto 2.2), y la puesta en marcha de medidas efectivas para promover una plena participación política en la política nacional, regional y local (Punto 2.3).


Con la excepción de la expedición del Estatuto de Oposición, las más importantes de tales disposiciones han quedado en diseños preliminares no desarrollados ni incorporados al ordenamiento jurídico, o simplemente fueron desconocidas. Se bloqueó la reforma política y electoral; se maniobró en el Congreso de la República para impedir la creación de las 16 circunscripciones especiales transitorias de paz (hoy a la espera de fallo del Consejo de Estado); no se han definido las garantías para los movimientos y organizaciones sociales (incluidas las garantías a la protestas social); los propósitos de fortalecimiento del control y la veeduría ciudadana y de la planeación democrática y participativa se encuentran en el tintero; aspectos para la promoción de la participación política que no requerían de un marco normativo nuevo, han tenido apenas ejecutorias magras.
 

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En otros casos, como en el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), a pesar de la expedición del Decreto-ley 895 de 2017 que lo regula, la acción estatal no ha sido efectiva, y, por el contrario, en el actual gobierno el Sisep ha sido sustituido por su propia estrategia, a todas luces ineficaz en el propósito de brindar garantías de seguridad a quienes protestan y hacen oposición.
 

En suma, los contenidos nodales del Punto 2 del Acuerdo se encuentran bajo la amenaza de formar parte de la larga lista de aspiraciones de reforma no realizadas históricamente, que además de explicar la particular forma “democrática” de la organización y la reproducción del poder existente, han constituido uno de los factores de origen y de las causas de persistencia de la confrontación armada y de la violencia política, como fue reconocido por las partes en las negociaciones de La Habana.
 

Punto 2 bajo amenaza


Los cuatro años de implementación han puesto nuevamente en evidencia –como ha ocurrido en el pasado– la presencia de resistencias sistémicas, contrarias a la reforma, representadas en quienes han detentado el poder desde el inicio de la vida republicana. La perspectiva de la democratización y la modernización del ejercicio del poder es concebida como una amenaza que debe ser conjurada.
 

A esa “condición sistémica”, en nuestro presente hay varios factores que han venido convergiendo para explicar la amenaza que se cierne sobre el Punto 2 del Acuerdo. Unos, explicados por la tendencia de la implementación; otros, derivados de la contingencia y de la situación política; en todo caso, entrecruzados e interrelacionados.
 

En cuanto a los relacionados con la tendencia de la implementación, se deben señalar, por una parte, los incumplimientos de las disposiciones establecidas en La Habana, iniciados en la “fase temprana de la implementación” durante el gobierno de Juan Manuel Santos; por la otra, por efecto de la caracterización del gobierno de Iván Duque sobre lo acordado, como una concesión innecesaria otorgada a la extinta guerrilla, de la cual se abriría una caja de Pandora que podría fisurar y desestabilizar el régimen de dominación de clase existente.
 

Como respuesta a ello, la actual administración ha optado por una estrategia que conjuga la convivencia obligada con el Acuerdo, con la simulación del cumplimiento, su obstaculización y la persistencia (fallida) en propósitos de reversión de lo pactado.
 

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Con respecto a los derivados de la contingencia y de la situación política, se trata, por un lado, de la excepcionalidad impuesta por el covid-19 que ha fortalecido los rasgos autoritarios del régimen político y las tentaciones a la organización dictatorial y represiva del ejercicio del poder; y por el otro, de la agudización de la violencia política con masacres en aumento, desapariciones y desplazamiento forzado, y el exterminio en curso de líderes sociales y de exintegrantes de la extinta guerrilla de las Farc. A lo anterior se agrega la extensión de la violencia a los centros urbanos.
 

Frente a esos factores convergentes –contrarios a los propósitos de democratización política del Acuerdo– se advierte al mismo tiempo la existencia de importantes resistencias, coordinaciones y articulaciones de procesos organizativos políticos y sociales (partidos, movimientos, organizaciones de diversa índole, entre otros) y de expresiones espontáneas, todas ellas de nuevo en ascenso, que muestran que la disputa por la apertura democrática y la participación política no está cerrada y es intensa.
 

Urge democracia


La superación de la “hibernación” de las luchas impuesta por la pandemia hará más notorias estas numerosas expresiones, con protagonistas destacados de los jóvenes y de las mujeres. Las voces plebeyas tanto de la Colombia profunda en los territorios como campesinas, de nuestros pueblos ancestrales y de las comunidades negras también se vienen haciendo sentir, cada vez con más fuerza.


Cuatro años de implementación demuestran que el establecimiento no se reforma por sí mismo, y que el potencial de democratización política del Acuerdo se podrá desatar e implementar en la medida en que “los de abajo” lo asuman como parte de sus aspiraciones más generales.
 

Por lo pronto, en el horizonte más cercano, en todos los casos reaparece –por una parte– la contradicción entre la necesidad de regular democráticamente el conflicto social y de clase (en absoluto superado por la firma del Acuerdo Final de Paz), y por la otra, la persistencia de políticas y estrategias de militarización y el tratamiento militar y de orden público que se le da a este, o, para decirlo en otros términos, entre la necesidad de habilitar las condiciones derivadas de la implementación integral del Acuerdo –en especial las referidas a la participación política y la apertura democrática– y la persistencia en políticas para la fundamentación del poder existente con base en el combate a la subversión y a enemigo interno.
 

Esta irresuelta contradicción explica en buena medida el momento que atraviesa el país, la disyuntiva entre profundización democrática y autoritarismo. Según como ella se logre resolver se podrá afirmar, o bien que se avanza por la senda de la construcción de la paz democrática con justicia social, o bien que se sigue en la trampa impuesta por la confrontación y los poderosos intereses que se lucran con ella, política y económicamente.
 

Consulta aquí el especial de UN Peródico: Posacuerdo, la paz postergada.

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