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Ante las emergencias, ¿en qué ha fallado el Gobierno?

La acción colectiva, inteligente, solidaria y democrática hacen parte del único camino para salir adelante, sobretodo cuando se presenta una emergencia: solo un rescate auténtico de lo público permitirá superar adecuadamente esta situación.
 

Puedes leer: Es hora de que el Congreso entre al juego.


Por ello, es indispensable comprender y diagnosticar el papel que ha jugado el Estado colombiano en los últimos años, identificando algunos elementos críticos en su diseño, estructura y operación. Reconocemos que, aunque lo público no se agota en el Estado, un Estado saludable es requisito para una comunidad cohesionada y democráticamente activa.
 

El primer punto está relacionado con el diseño Estatal: las transformaciones del Estado colombiano en los últimos 30 años han desembocado en un diseño mixto que se ubica entre prescripciones constitucionales y legales propias del Estado Social de Derecho e instituciones y transacciones de mercado, características de un Estado neoliberal; existe descentralización formal, pero el gobierno nacional y el presidencialismo son instituciones determinantes en la vida política y en la acción del Sector Público. 
 

Este diseño dual, desemboca en un conjunto de contradicciones importantes: en la letra del derecho somos solidarios y garantistas, pero en la cotidianidad vivimos en el mundo de los incentivos y de la “suerte” individual, con ganancias garantizadas para grupos de poder.
 

El sector público ha asumido como suya la ortodoxia “pro mercado” vista en la privatización, corporatización, desmonte de la profesionalización pública-burocrática, implementación de sistemas, prácticas y valores de las empresas privadas en las entidades estatales y consolidación de una suerte de “mercado” de contratistas en casi todos los bienes y servicios públicos. Todo esto, en lugar de eficiencia, ha generado mayor intermediación, altos costos de transacción, disminución de la profundidad del impacto de la acción estatal y la perpetuación de la dinámica clientelista en la política.

El segundo punto de análisis es la limitada capacidad institucional del Estado: esto implica revisar tres dimensiones, el consenso político, la capacidad organizacional y la capacidad administrativa.
 

El Estado no ha logrado la construcción de un consenso político amplio, comprometido y sostenido entre los actores políticos, la sociedad civil (o sector privado) y los grupos sociales tradicionalmente excluidos. En el consenso político han prevalecido los cálculos e intereses de los grupos de poder pues cuando se han conseguido pactos con grupos excluidos no se han cumplido. Esto genera desconfianza entre todos los actores y el Estado, con la consecuente pérdida de capacidad institucional del Estado. Por esto no hay Estado ni sociedad inclusivos.


Puedes ver: ¿Qué es la deflación y cuáles son sus consecuencias?.


El aspecto de capacidad organizacional es claramente restringido en la medida en que la implementación de instituciones de mercado y de transacciones para la ejecución de las políticas públicas no permite la consolidación de un sector público racional, dotado de tecnócratas y procesos garantistas de ciudadanía por medio del acceso universal a bienes y servicios públicos básicos. 
 

El ciclo político y la dinámica del clientelismo se han servido del diseño estatal para que la contratación flexible en las entidades públicas, por medio de contratos de servicios (que hoy se muestran desastrosos en la contratación del personal de la salud), opere como fortín burocrático.
 

Tercero, la capacidad administrativa es fragmentada pues opera entre las reglas de la gestión pública y las dinámicas de la contratación gobernadas por la contingencia, la precariedad laboral o la voluntad e interés de los caciques electorales.
 

Muy pocas entidades estatales escapan a esta fatalidad, lo cual se agrava por una gestión fiscal que depende de la financiación por medio de los mercados financieros, la cual impone reglas fiscales y programación financiera de corto plazo, limitando los objetivos sociales de mediano y largo plazo. Paradójicamente, aunque la capacidad administrativa del Estado es muy baja, su tamaño en términos fiscales en lugar de disminuir ha crecido. Por esto no hay políticas de Estado en sentido estricto.
 

Finalmente, la respuesta institucional del Estado para materializar políticas públicas es poco eficaz para responder a las necesidades de la sociedad. Esto perjudica al grueso de la población en beneficio de ciertos grupos de la élite económica y política, quienes obtienen enormes privilegios fiscales y jugosos contratos para la operación y oferta de servicios públicos, encontrando en la contratación pública un medio fácil de acumulación.
 

Las élites no solo se enriquecen con la apropiación y extracción del valor público, sino que también negocian y se asocian para ello con agentes y organizaciones al margen de la Ley.


Por ello, la crisis sanitaria y socioeconómica que se vive hoy exige pensar en el diseño, la capacidad y la respuesta institucional del Estado para el mediano y largo plazo. Es claro que se requiere más Estado, pero uno que sea más democrático, participativo, solidario, sensible, justo y efectivo.
 

Los países que aparentemente podrán salir mejor librados de esta crisis global son aquellos en los que la acción estatal acompaña y soporta a los ciudadanos. No es suficiente con lavarse bien las manos.

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