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    América Latina y Estados Unidos: una difícil vecindad

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la política contra los inmigrantes ilegales son algunas de las acciones de Donald Trump que hacen prever que las relaciones entre su país y la región seguirán tensas.

Un año después de su llegada al poder, el estilo altisonante, ambiguo y hostil del presidente Donald Trump ha marcado las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Varios temas en la agenda de la nueva administración han entrado en colisión con los intereses de gobiernos y ciudadanos de la región, señalando el camino de una difícil vecindad

De igual manera, algunas de las promesas de la campaña electoral hechas por el entonces candidato republicano, y que involucraban directamente a América Latina, han ido abriéndose paso para demostrar su voluntad de llevar a la práctica el lema de “América primero”.

Para empezar, el objetivo de reforzar las fronteras e impedir la llegada de inmigrantes ilegales (o expulsar a los que ya se encuentran en el país) muestra hasta qué punto se ha reforzado en un sector de la opinión pública estadounidense la idea de que buena parte de sus males son atribuibles a elementos foráneos; de allí la insistencia del presidente Trump en construir un muro infranqueable en su frontera con México, además de endurecer las leyes migratorias.

Aunque hasta el momento el Congreso no ha aprobado los 20.000 millones de dólares solicitados para la construcción del muro, lo cierto es que la Casa Blanca ya ha levantado una barrera mental y emocional entre sus ciudadanos y los vecinos del sur.

Algo similar sucede con la política migratoria, dado que la administración decidió revocar medidas que beneficiaban a algunas poblaciones latinoamericanas. Una de ellas concierne al programa Acción Diferida (Daca, por sus siglas en inglés), disposición con la cual el gobierno de Barack Obama había otorgado garantías a los jóvenes migrantes que llegaron ilegalmente al país siendo menores de edad.

El programa los ampara temporalmente de la deportación y concede una autorización de empleo por dos años, que puede ser renovada. Sin embargo no hay que olvidar que la administración Obama rompió el récord de expulsiones: deportó 2,8 millones de indocumentados, 96 % de ellos latinos; de ellos, 2 millones regresaron a México y más de medio millón a Centroamérica.

En septiembre pasado el presidente Trump dio por terminado el Daca, pero aprobó una prórroga de seis meses para darle tiempo al Congreso de negociar una solución permanente.

Si el 5 de marzo de 2018 no está aprobada, cerca de 800.000 jóvenes serán deportados. Igualmente se anunció la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que ampara a ciudadanos centroamericanos y de Haití que residen en territorio estadounidense, el cual fue otorgado a raíz de los desastres naturales que sufrieron esos países en las dos décadas anteriores.

De concretarse, cerca de 57.000 hondureños, 2.500 nicaragüenses, 50.000 haitianos y 200.000 salvadoreños serían expulsados durante los próximos dos años.

Cesación del TLCAN afectaría a la región

Las relaciones comerciales es otro de los temas en el que chocan los intereses de la potencia con los del resto de la región. El presidente Trump ha insistido en culpar de la pérdida de empleos y de la disminución de la competitividad en EE. UU. a la deslocalización de la producción y a los bajos salarios en los enclaves transnacionales.

Tales problemas serían el resultado adverso de los acuerdos de libre comercio, y en particular del TLCAN. De allí la insistencia en renegociar los términos del convenio establecido hace ya más de veinte años entre Canadá, Estados Unidos y México.

Aunque en el pasado estaba prevista la revisión del Tratado, las discusiones actuales –que se encuentran en su quinta ronda– se desarrollan en un ambiente de creciente tensión ante la amenaza de Washington de acabar definitivamente con el acuerdo si no obtiene concesiones sustanciales en la mesa.

Sus demandas van desde que el TLCAN establezca límites mínimos de contenido estadounidenses en autos, hasta que se deseche un mecanismo clave de resolución de disputas y se incluya una cláusula de caducidad automática.

De darse por terminado este pacto, las consecuencias para la economía mexicana serían devastadoras, dado su estrecho vínculo con su vecino del norte. México es el segundo mercado más importante de las exportaciones estadounidenses y su tercer socio comercial.

Así mismo, de manera menos inmediata pero no menos significativa, los términos de renegociación del TLCAN –e incluso su cesación– afectarían al conjunto de América Latina, en especial a aquellos países o regiones que cuentan con un acuerdo de libre comercio bilateral (Perú, Colombia, Panamá y Centroamérica), pues sería previsible un giro proteccionista en la política económica de la potencia.

Vuelta al antagonismo con Cuba

En el mismo tono, algunos de los vínculos bilaterales entre la Casa Blanca y la región han estado signados por la discordia, como en el caso de Cuba, en el que Donald Trump decidió revertir los esfuerzos del gobierno Obama por normalizar las relaciones.

Las iniciativas se habían orientado a regularizar los vínculos económicos, facilitar los viajes y restablecer los nexos diplomáticos; resultado de ello fue la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana a medidos de 2015, después de medio siglo de confrontaciones.

Tras la vuelta al antagonismo con el régimen cubano ha estado un grupo de congresistas cubano-americanos, entre quienes se destacan Ted Cruz, Marco Rubio y Mario Díaz-Balart.

Sin embargo esta postura parece ir en contravía de los cambios en la mentalidad y las necesidades de una buena parte de la comunidad cubana. Según sondeos realizados por la Universidad Internacional de Florida, más de un 60 % de los cubano-americanos de Miami apoya el fin del embargo, y un 70 % está de acuerdo con la normalización de las relaciones entre los dos países.

La tensión entre las dos naciones ha ido en aumento, como lo muestran incidentes como los misteriosos ataques sónicos contra diplomáticos estadounidenses en La Habana, que dieron pie a la expulsión de representantes cubanos en Washington y llevaron a la Casa Blanca a considerar el cierre de su Embajada en la capital de la isla.

A esto se sumó que, en su primer discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Trump arremetió de nuevo contra del Gobierno cubano, reiterando que el embargo económico se mantendrá hasta que se produzcan las reformas exigidas.

Venezuela, otro escenario de controversia

La administración Trump se ha mostrado dispuesta a ejercer mayor presión frente al gobierno de Nicolás Maduro, por medio de un bloqueo financiero y del aislamiento internacional.

En un primer momento impuso sanciones en contra de altos funcionarios, y más recientemente estableció restricciones económicas contra el gobierno chavista.

Se trata de sanciones que prohíben la compra de deuda pública venezolana y de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) con el objetivo de estrangular la financiación del régimen; al bloquear la posibilidad de inversiones extranjeras directas y limitar la obtención de nuevos créditos, estas penalidades estarían empujando la economía venezolana hacia un default.

Además, al declararlo como un “narcoestado violento”, Washington intenta poner a Venezuela en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU buscando que el país sea tratado como una amenaza a la seguridad internacional; no obstante, hasta el momento el régimen chavista ha logrado movilizar el respaldo de China y Rusia para impedir la condena internacional.

Hasta el momento el régimen chavista ha logrado movilizar el respaldo de China y Rusia para impedir la condena internacional.

De este modo, el balance del primer año de la política de la administración del presidente Donald Trump hacia América Latina no da lugar a una visión optimista, y hace prever que las relaciones de vecindad seguirán un curso más bien tormentoso en los años por venir.

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