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Agua, recurso explotado que busca dignificar la vida de los colombianos

La iniciativa tiene por objeto “establecer un mínimo vital de agua potable para garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, y por ende se encuentra en conexidad con el derecho fundamental a la vida digna de los colombianos”. 

 

Lo anterior implicaría que por primera vez se piense en unas condiciones mínimas en las que el agua, como elemento esencial, estaría presente de forma continua y suficiente para garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas de alimentación, salubridad y saneamiento básico de las personas.

 

Después de haberse hundido cinco veces en el Congreso de la República, en noviembre pasado por fin el proyecto fue aprobado en segundo debate y se espera que en 2022 pase a su tercer y cuarto debate.

 

Para el sociólogo Andreiev Pinzón, de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), magíster en Estudios Avanzados para el Desarrollo, del Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra (Suiza), “el agua ha sido muy saqueada en Colombia; por ejemplo, se estima que en los planes departamentales de agua se han perdido unos 5 billones de pesos por causa de malos manejos y corrupción, lo cual implicaría una reforma tanto normativa importante como con respecto a la institucionalidad”.

 

Señala además que si se pretende que el acceso al agua potable sea un derecho humano fundamental con mínimo vital para los colombianos, para garantizar el acceso es esencial que las tarifas que se cobren no correspondan a una renta, sino que se destinen a cubrir gastos de gestión, es decir, transporte, tratamiento y mantenimiento de los sistemas de acueductos.

 

“Así se repartiría el valor de esa gestión por la cantidad de usuarios, sin pensar en que el agua es una mercancía”, agrega el sociólogo, quien también ha colaborado con el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la UNAL en procesos de monitoreo ambiental comunitario como funcionario en la ONG Acción para el Medio Ambiente y el Desarrollo (Enda, por sus siglas en inglés) seccional Colombia”. 

 

Una problemática de años sin gestión

 

Aunque desde la década de 1980 el país ha realizado avances en las coberturas en términos de centros urbanos y ciudades capitales, en las ciudades intermedias todavía persiste la precariedad en la prestación del servicio de agua potable, cuyo acceso se ha centrado especialmente en la autogestión. Por ejemplo en Villavicencio casi un 60 % de la gestión del agua ha estado en manos de las comunidades.

 

Colombia es un país de regiones, con más de 30.000 veredas, en las que las propias comunidades han sido las encargadas de gestionar el acceso a sus derechos. De hecho, se estima que las personas han podido tener acceso al agua en el país gracias a los más de 19.000 acueductos rurales-comunitarios.

 

Después de décadas de extractivismo, los ríos, afluentes y demás microcuencas se han visto gravemente afectadas por la alta presencia metales pesados utilizados en la extracción de carbón, metales preciosos ferrosos y no ferrosos.

 

Pese a ello, existen regiones como Buenaventura que aunque está rodeada por 11 cuencas hídricas con millones de metros cúbicos de agua de buena calidad disponibles, apenas cuenta con 2 horas de servicio de agua cada 2 o 4 días. 

 

En la actualidad se adelanta un proceso de remunicipalización del acueducto, que lleva más de 20 años en concesiones privadas que no han solucionado el problema del acceso del agua, lo cual evidencia la falta de voluntad política y estatal.

 

“A lo anterior se agrega la hegemonía del mercado que ve en el agua una mercancía y no un derecho ligado a la dignidad humana”, señala el sociólogo de la UNAL, quien menciona que otro problema que afronta el tema del agua como derecho en el país se relaciona con la calidad.

 

Destaca que después de décadas de extractivismo, los ríos, afluentes y demás microcuencas se han visto gravemente afectadas por la alta presencia metales pesados utilizados en la extracción de carbón, metales preciosos ferrosos y no ferrosos.

 

Indica que “no se respetan las cuencas y se contamina a discreción, y se concentra la gestión en satisfacer las aglomeraciones urbanas”. Es probable que Colombia tenga mejores coberturas en los centros urbanos –como Bogotá, Medellín o Cali–, pero “¿qué pasa con los centros rurales?” se pregunta.

 

En su opinión, “se debe pensar en una Colombia compleja, en la que existen regiones que afrontan serios problemas de abastecimiento por falta de acceso o por el elevado costo del servicio”.

 

“Pensar en un mínimo vital contribuye a un avance no solo en temas de cobertura, sino también a una mejora en la calidad del agua esencial, para que sea asequible para los sectores más populares y empobrecidos, quienes se ven mayormente afectados ya sea por el pago elevado por el consumo de agua, o por la suspensión del servicio por falta de pago.

El reto de los acueductos comunitarios

 

A diferencia de las ciudades principales, en las zonas rurales y centros poblados pequeños, la gestión del agua ha sido liderada por las comunidades, a través de acueductos comunitarios rurales que tienen una mirada más solidaria, ligada a los derechos de la naturaleza, el territorio, los derechos económicos y culturales de sus integrantes, sean comunidades campesinas, indígenas o afrocolombianas.

 

Sin embargo, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Ley 142 (de servicios públicos) ponen al mismo nivel de una multinacional estas formas de gestión comunitaria del agua, desconociendo las limitaciones y particularidades de cada uno de los acueductos comunitarios. 

 

Por eso, el hecho de que avance el proyecto de ley que busca que el agua sea un derecho humano fundamental con mínimo vital para los colombianos significa que el Estado reconozca todas las formas de gestión del agua, incluida la comunitaria, y que apoye y mejore la infraestructura para su efectiva gestión.

 

El sociólogo menciona que tal desconocimiento se ha evidenciado durante este periodo de pandemia por COVID-19, en el que los acueductos comunitarios han jugado un importante papel pues, entre otras cosas, permitieron que las comunidades apartadas tuvieran el recurso que les permitió cumplir con las medidas de bioseguridad. 

 

Sin embargo, “el Estado impuso cargas aún más grandes en estos acueductos, sin considerar las condiciones socioeconómicas de estos, y sin ningún atisbo de reconocimiento y solidaridad”. 

 

Esto, al autorizar que los colombianos no podían carecer del agua por falta de pago, hecho importante en materia de derecho al agua y la salud, pero sin una política de fomento a la economía solidaria y a la autogestión del agua.

 

Para el experto, el proyecto de ley podría generar una transformación necesaria que garantice el acceso universal, esto sin perder de vista la autonomía y papel de los acueductos comunitarios.

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