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Acciones para sustituir cultivos ilícitos siguen siendo ineficaces

A pesar de las estrategias desarrolladas para vincular a las familias cultivadoras de las zonas cocaleras en programas de erradicación voluntaria, entre 2016 y 2017 los cultivos ilícitos aumentaron en un 17 %, al pasar de 146.000 a 171.000 hectáreas, según la última cifra oficial reportada por el informe de la Oficina de la Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

La cifra es preocupante por cuanto sigue revelando un crecimiento exponencial después de que los cultivos habían alcanzado su punto más bajo en 2003, con 48.000 hectáreas. Los cultivos han tendido a concentrarse especialmente en el Catatumbo, el bajo Cauca y la frontera sur de Colombia, territorios cultivadores cuya “vocación” se ha fortalecido, y hoy el 44 % de la coca del país se produce en solo 10 municipios.

Se debe resaltar que casi todos los municipios potencialmente cocaleros están en zonas de frontera. Como lo indica el mismo informe de la UNODC, en Nariño, Putumayo y Norte de Santander el 25 % de los cultivos se encuentra a menos de 20 km de una frontera terrestre. Por su parte Tumaco, a pesar de haber reducido sus cultivos en un 16 % en 2017, sigue posicionándose como el municipio más impactado.

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Aunque se han puesto en marcha iniciativas como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que devienen de la firma del Acuerdo, el aumento de los cultivos excede las explicaciones provenientes de su implementación. Las razones planteadas desde diversas instituciones son disímiles. Por un lado, se cree que para acceder al PNIS más familias empezaron a sembrar coca después del censo para poder beneficiarse de los estímulos económicos; por otra, se sugiere que el aumento en la producción y concentración de los cultivos está vinculado al tipo de planta que fue sembrada recientemente, una variedad llamada “cuarentona” cuya pureza es mayor y su cosecha se realiza en menos tiempo. Además se afirma que la ausencia de las FARC en los territorios dio paso a nuevos actores al margen de la ley que entraron en la competencia por establecer los precios de productos derivados de la hoja de coca, lo que pudo haber dinamizado el incremento de cultivos en algunas zonas del país.

Pero la afirmación más polémica frente al aumento de los cultivos se basa en la idea de que la suspensión de la aspersión aérea con glifosato –avalada por sentencias de la Corte Constitucional– hizo que la sensación de inseguridad de los cultivadores se redujera, por lo que algunas zonas afectadas antes por la coca reincidieron en su cultivo.

Lo anterior ha justificado las visiones que propenden por el retorno a dicho tipo de aspersión como estrategia de erradicación forzosa en el marco del tratamiento prohibicionista del fenómeno de las drogas, más aun considerando que la inseguridad en muchos territorios cocaleros aumentó en 2017 alcanzando un 40 % más de asesinatos de líderes y personas vinculadas a los procesos de sustitución frente a 2016.

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Condicionantes internacionales del fenómeno

Más allá del fin del conflicto armado y de la desintegración de las FARC como actor ilegal, la sustitución de cultivos ilícitos supone para el actual gobierno una serie de desafíos enmarcados en un escenario de presión internacional, sin los cuales no es posible vislumbrar una solución a la problemática de las drogas ilícitas y su persistente vinculación con la violencia en los territorios.

La principal amenaza proviene de Estados Unidos en su postura dominante por el aumento del pie de fuerza y las estrategias de erradicación forzosa, factor que ha desestabilizado las relaciones bilaterales después de que el presidente Iván Duque prometiera de forma infructuosa un endurecimiento interno de la política prohibicionista sobre la producción y el consumo de sustancias ilícitas que, no obstante, ha sido duramente criticada por el presidente Donald Trump por no dar resultados rápidos y eficaces que impidan el incremento de la oferta hacia el mercado estadounidense.

En este sentido es importante advertir que en el actual contexto de globalización, el flujo indiscriminado de recursos ilícitos asociados con las drogas en escenarios de alta demanda y consumo por parte de los países más desarrollados se constituye en un condicionante global que, aunque se considera poco en los informes y planes del gobierno, sí debe ser reconocido como elemento que desborda y desafía los propósitos del posacuerdo en la perspectiva de su implementación local y territorial. De lo contrario, el retorno a las fumigaciones, junto con la perversa conexión global del fenómeno, prometen revitalizar la amenaza humanitaria y ecológica en los territorios cocaleros que, tras décadas de fracaso de la implementación políticas antidrogas, ponen en alto riesgo la construcción de la paz territorial, desplazando nuevamente a un segundo plano el tan necesario debate sobre la legalización y el enfoque de salud pública en el tratamiento de las drogas ilícitas.

Así las cosas, la efectiva implementación del punto 4 del Acuerdo Final de Paz solo será posible, primero, reconociendo los condicionantes internacionales del fenómeno, y segundo, su sinergia con el cumplimiento de una deuda histórica del Estado colombiano con las sociedades y los territorios de la periferia nacional, los cuales han vivido por siglos las consecuencias de la negligencia estatal y la débil vinculación de sus economías con el resto del país.

Hoy más que nunca se requieren programas de asistencia técnica, desarrollo de vías de acceso y creación de escuelas y demás instituciones que faciliten la inserción de los territorios cocaleros a las actividades de la economía lícita nacional e internacional, además de un tratamiento penal diferencial y transitorio a pequeños cultivadores que permita solucionar el problema de la tierra y la productividad; todos ellos son propósitos cuyo último objetivo debe ser la construcción de la tan anhelada paz territorial.

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