Escudo de la República de Colombia Escudo de la República de Colombia
UN Periódico Digital

Resultados de Búsqueda:

UN Periódico Digital
50 años de barreras en la titulación de baldíos

Una de las causas de este problema radica en los diseños institucionales del procedimiento legal para adjudicar los baldíos en Colombia, es decir, en los requisitos y costos que contienen las normas procesales y que debe cumplir y tramitar el interesado en hacerse dueño de un predio baldío.

Según el Código Civil de 1887, el Código Fiscal de 1912 y leyes especiales como la 135 de 1961 y 160 de 1994, en Colombia los baldíos son bienes fiscales, de propiedad de la Nación cuya finalidad es la adjudicación que implica pasar del dominio público a un régimen de derecho privado.

Sin embargo, por dificultades de acceso a información veraz y oportuna, falta de dinero para sufragar los costos del registro, los campesinos no surtieron una parte fundamental del proceso para perfeccionar su derecho de propiedad.

Un ejemplo se evidencia en cifras de 2015 de la Superintendencia de Notariado y Registro, según las cuales, de las 107.945 resoluciones de adjudicación de baldíos emitidas a partir de la década del sesenta y el año 2014 por Incora-Incoder–, solo 56.930 se registraron.

En una investigación realizada para identificar las barreras a las que se enfrentan los campesinos en este proceso, se partió de la premisa según la cual, la regulación de los derechos de propiedad en Colombia está construida sobre la teoría económica liberal contenida en las normas del Código Civil, cuyo elemento esencial es el derecho absoluto a la propiedad privada, que es el poder de cualquier persona a evitar que otros usen las cosas que le pertenecen.

De las 107.945 resoluciones de adjudicación de baldíos emitidas a partir de la década del sesenta y el año 2014 por Incora-Incoder–, solo 56.930 se registraron.

También se consideró el hecho de que los modelos de propiedad privada de corte económico (1) -como el consagrado en la legislación colombiana- no dan cuenta de las complejidades en los sistemas normativos del tercer mundo. En primer lugar, porque cuando los actores que demandan acceso a la propiedad rural buscan la ayuda del Estado la oferta de las instituciones que asignan los derechos de propiedad es muy limitada y en segunda instancia, porque el establecimiento y la aplicación de los derechos de propiedad está estrechamente relacionado con el del orden social.

Principales barreras

Con base en el análisis de esta información se encontró que los trámites consagrados en las normas presentan problemas que dificultan el perfeccionamiento del derecho de propiedad a los campesinos como:

  • Son costosos en términos de dinero y tiempo.
  • Son confusos e imprecisos con respecto a la información.
  • Otorgan discrecionalidad a los funcionarios encargados de la gestión, que en ocasiones resulta muy gravosa para los sujetos de adjudicación de la tierra.

En otras palabras, más que generar derechos, los procesos agrarios generan obstáculos o desigualdades (Stewart, 2008) que, como lo evidencian las sentencias de restitución de tierras, pueden llevar al despojo forzado de tierra en el marco del conflicto (Peña et al., 2017).

Cuando los actores que demandan acceso a la propiedad rural buscan la ayuda del Estado la oferta de las instituciones que asignan los derechos de propiedad es muy limitada

Esto se debe en gran parte a que el éxito en la asignación de la propiedad rural requiere del estudio detallado de las normas, de la intermediación de los abogados y de los contactos en las entidades y con los funcionarios. Así, solo quien tiene la capacidad de acceder a la información y de usarla adecuadamente puede perfeccionar el negocio jurídico.

La información, en este contexto, se entiende como la capacidad de ubicar, comprender y acceder a las fuentes jurídicas, es decir, a los contratos, códigos, decretos, resoluciones, procedimientos, instituciones y funcionarios involucrados en la adjudicación de un derecho sobre un bien. Debido a que el derecho es un acto de comunicación para obtener éxito en las pretensiones que se tengan sobre la asignación de cualquier derecho es indispensable saber ubicar la información, interpretarla y usarla.

El proceso es entendido como la sumatoria de acciones y trámites para acceder a la propiedad. En principio, los distintos procesos contemplados en las leyes colombianas están diseñados para ser sencillos, eficientes y rápidos (2). No obstante, la realidad demuestra lo contrario, pues los trámites son complejos, costosos y presentan muchas cargas para el interesado, entre otras porque requieren de la inversión de una cantidad importante de tiempo y dinero para culminar con éxito.

La discrecionalidad de los funcionarios ha sido una barrera infranqueable para que los campesinos perfeccionen el derecho de propiedad, que ha causado que su posición ante otros actores sea muy precaria y ha facilitado que en el contexto del conflicto armado, el despojo de la tierra se haya dado de manera tan sencilla y que, en muchos casos, haya contado con la anuencia y complicidad de los funcionarios públicos que debían proteger a los campesinos.

Solo quien tiene la capacidad de acceder a la información y de usarla adecuadamente puede perfeccionar el negocio jurídico.

Los enredos y costos de la estructura normativa que regula la propiedad rural impiden que los campesinos ejerzan sus derechos por la vía ordinaria, lo que hace necesario recurrir a instrumentos normativos especiales como la acción de tutela o, más recientemente, la denominada Ley de víctimas y restitución de tierras (ley 1448 de 2011).

Es por este panorama que la creación de una política pública de distribución de activos rurales debe pasar por un proceso de simplificación del sistema normativo, lo cual implica crear y aplicar reglas propias que no sean una simple remisión a las normas sobre bienes del Código Civil. Además, es importante que el Estado diseñe tal marco en un lenguaje claro y sencillo, de forma que genere buenas prácticas, que comiencen por desligar a la institucionalidad de la política competitiva.

 

  1. Visión tradicional sobre la forma en que surgen los derechos de propiedad. Se afirma que es el incremento en el valor de las cosas lo que genera los derechos de propiedad. El modelo de Coase asume que las agencias del Estado —o instituciones— que asignan los derechos de propiedad, lo hacen de manera imparcial y autoritaria.
  2. Constitución Política de Colombia. Art. 4º. Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial.

Relacionados

1326,1252,38,1327

Las obras de mitigación para atender inundaciones no son suficientes porque la situación geológica, geomorfológica y de lluvias de la ciudad será...

Hasta el próximo lunes 20 de agosto, el Congreso tiene plazo para elegir al nuevo Contralor General de la República que ejercerá durante cuatro años y...

El Estado no está a punto de quebrar por el sistema pensional, como algunos sugieren, para argumentar su reforma, sostiene exgerente de Colpensiones....

Si le extraen su dinero sin que usted haya entregado la tarjeta y la clave, el banco le debe responder sin presentar pruebas. Así lo constató una...

Mientras para unos expertos, lo fundamental es que Colombia desarrolle una política exterior autónoma y propia, para otros, la forma en que el...

Consejo Editorial