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Ventajas y desventajas de retomar fumigación aérea de los cultivos ilícitos

El aumento de la producción de cultivos ilícitos en Colombia siempre ha encendido alarmas. En la actual coyuntura, las reacciones están al orden del día, el Gobierno de Estados Unidos le reclama más acciones contundentes al colombiano por el crecimiento del área cultivada, y se mantienen las decisiones judiciales que ratifican la contravención de erradicar cultivos ilícitos por medio de la aspersión con glifosato. Los informes recientes plantean aristas diferentes de un mismo problema, una de las cuales es la que cuestiona las ventajas y desventajas de retomar la fumigación aérea de cultivos ilícitos en momentos de transición política.

El aumento de la producción de cultivos ilícitos en Colombia siempre ha encendido alarmas. En la actual coyuntura, las reacciones están al orden del día, el Gobierno de Estados Unidos le reclama más acciones contundentes al colombiano por el crecimiento del área cultivada, y se mantienen las decisiones judiciales que ratifican la contravención de erradicar cultivos ilícitos por medio de la aspersión con glifosato. Los informes recientes plantean aristas diferentes de un mismo problema, una de las cuales es la que cuestiona las ventajas y desventajas de retomar la fumigación aérea de cultivos ilícitos en momentos de transición política.

El pasado 19 de septiembre la UNODC presentó un informe que da cuenta del crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia y su curva ascendente en 2017 (171.000 ha). Según sus datos, estos se incrementaron en un 17 % con respecto a 2016 (146.000 ha); el mayor crecimiento se registra en zonas fronterizas, especialmente en Nariño, Putumayo y Norte de Santander, los mismos territorios con mayor número de hectáreas reportadas en el informe del 2015, por lo que se constata un incremento sostenido del fenómeno en el último lustro.

Dicha situación ha motivado lasprotestas del Gobierno estadounidense, en especial del presidente Donald Trump, que le está insistiendo al Gobierno colombiano retomar la fumigación aérea para frenar el crecimiento de los cultivos de hoja de coca en este territorio.

En términos generales, se fincó la ventaja de la estrategia en el área de intervención por hectárea y la velocidad e intensidad de acción de aeronave por día. La variable operativa se contrasta con el resultado de la efectividad del herbicida asperjado, que determina el área erradicada.

Entonces, en términos de proceso, y en aras de aportar al análisis, es importante decir que a pesar de la ineficacia de la estrategia de fumigación aérea, esta ha permitido mirar hacia otros procedimientos alternativos como la aspersión con drones, la erradicación manual y la sustitución de cultivos, que son otras herramientas de ejecución operativa que deben medir la eficiencia y la eficacia para convalidar la implementación como un proceso conjunto de medidas.

Rescato igualmente el comunicado del organismo norteamericano que subraya los esfuerzos para la erradicación realizados en 2017, aunque aclaran que dichos resultados fueron superados por la aceleración en la producción de hoja de coca y el aumento de la producción de la pasta base.

En ese orden de ideas, a pesar de las cifras en la Casa Blanca enfatizan tanto en el interés de seguir trabajando con el Gobierno de Colombia para “reducir drásticamente” la producción de cocaína que es enviada a Estados Unidos como en que el país es un importante aliado y que tiene un papel importante en ese propósito. Recalcan, eso sí, la necesidad de arremeter con fumigación aérea, idea que tiene importantes defensores en el actual Gobierno.

Cuando los analistas comparan los datos de área asperjada versus área en producción se llega a la misma conclusión: el resultado de la estrategia de fumigación aérea con el herbicida glifosato es ineficiente, ineficaz, y ha sido un fracaso.

Rafael Pardo, alto consejero para el posconflicto afirmó que: “está demostrada  la inefectividad de la aspersión aérea, que el año que hubo más aspersión (2007) fue cuando más crecieron los cultivos de coca; entonces lo que se debe mirar es la efectividad”.

También señaló, como agente del gobierno Santos, que “el crecimiento de los cultivos de coca es una preocupación tanto del Gobierno colombiano como del estadounidense, pero la fumigación aérea ha sido descartada por la Corte Constitucional, y por lo tanto no es una opción en este momento”.

El seguimiento de las decisiones jurídicas aporta claridad respecto a las inercias del fenomeno. Por ejemplo en la sentencia T-236 de abril de 2017, la Corte Constitucional refirió que la única forma para reanudar el programa de fumigación aérea con glifosato es que una investigación científica demuestre, de forma “objetiva y concluyente, el daño para la salud humana y la del medioambiente”. Además la investigación debe contar con condiciones de rigor, calidad e imparcialidad.

Es por esta sentencia que el Gobierno saliente dejó de asperjar y el actual está sujeto al cumplimiento del fallo y de las nuevas disposiciones definidas en las sentencias. En febrero de 2017, en otro fallo proferido en la sentencia T-080, la Corte dijo que el Gobierno debe determinar los mecanismos de regulación que garanticen independencia, evalúen los riesgos a la salud y al medioambiente y la participación de las comunidades etnicas por ser los actores más afectados por la política.

Recordemos que en 2015 el Gobierno colombiano dejó de asperjar los cultivos ilícitos con el herbicida glifosato, ya que parte de ese químico era arrastrado por el viento, contaminando cultivos legales y fuentes de agua, lo que motivó un litigio con Ecuador. Además que en 2014 la OMS lo incluyó en el listado de agentes cancerígenos.

El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), en quien recae lo dispuesto por la Corte Costitucional, debe realizar ajustes que respondan a las nuevas tendencias y desafíos de la producción de cultivos ilícitos en el territorio nacional, buscando reducir la vulnerabilidad en las áreas afectadas, mediante la articulación y presencia eficaz de las instituciones del Estado.

En cumplimiento de lo solicitado por la Corte, la CNE debe determinar la entidad investigadora, el ente regulador y la reglamentación del plan de intervención integral para la reducción de los cultivos ilícitos, buscando coherencia, consistencia y sostenibilidad de las acciones, sin olvidar el papel fundamental de la participación ciudadana en la construcción y apropiación de la política, en particular en territorios donde el cultivo de la hoja es ancestral.

En consecuencia, la fumigación aérea con herbicidas como el glifosato es una estrategia ineficaz que no está permitida por no cumplir requisitos sine qua non, determinados por la Corte Constitucional. Sin embargo cuenta con defensores poderosos que piden a gritos su implementación.

Perfil

Germán Vargas Tangua

Estudiante de la Maestría en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri). Fue docente y asesor de la Dirección General de Formación del SENA, y asesor en Gestión de Entidades Territoriales de la Universidad Externado de Colombia; además, es especialista en Gerencia de Salud Ocupacional de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

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gevargast@unal.edu.co