Escudo de la República de Colombia Escudo de la República de Colombia
UN Periódico Digital

Resultados de Búsqueda:

UN Periódico Digital
Valorización: legitimidad y desarrollo urbano

Uno de los principales atributos de la valorización es su carácter fiscal, ya que permite financiar la ejecución de obras de infraestructura sin recurrir a figuras como el endeudamiento –cuyo pago afecta el presupuesto de inversión de la ciudad (particularmente el social), y por ende el bolsillo no solo de quienes se benefician directamente de la obras, sino de todos los contribuyentes– o a las vigencias futuras, que además de incidir en el presupuesto, limitan la capacidad de endeudamiento e influyen en los planes futuros de las alcaldías.

A estas obligaciones adquiridas se suman las inercias que arrastran los presupuestos públicos asociados con el sostenimiento de las obras: los gobiernos locales se ven obligados a pagar por los costos derivados de las obras de sus antecesores (funcionamiento y mantenimiento), dar continuidad a la cobertura en algunas políticas, acatar sentencias y cumplir con destinaciones presupuestales específicas definidas por ley, y cumplir con la regla fiscal que les impide endeudarse más allá de un tope. Esto ha llevado a que cada vez tengan un menor margen de maniobra para invertir en desarrollo urbano.

La valorización permite obtener recursos frescos adicionales a los que se recaudan por la vía de impuestos como el predial, o gravámenes como el de la sobretasa a la gasolina, y en este sentido permite ampliar un poco el margen de maniobra de los gobiernos locales para realizar inversiones. ¿Quién debe pagar el desarrollo de la ciudad? En últimas la valorización está pensada para que los más beneficiados con las obras paguen por ellas, sin afectar la inversión en áreas sensibles. Esto cuando se calcula e implementa bien.

Un pésimo antecedente

Buena parte de los cuestionamientos al actual cobro de valorización en Bogotá tiene que ver con la amarga experiencia vivida en la última década. Durante el gobierno de Luis Eduardo Garzón (2004-2007) se aprobó un ambicioso plan de obras por un valor de 2,1 billones de pesos, equivalentes a cerca del 18,5 % del presupuesto aprobado del Distrito para 2007. Estos recursos serían recaudados en varias etapas y permitirían construir 137 obras, la mayoría de ellas para la movilidad.

Sin embargo los recursos no fueron recaudados en su totalidad y el plan de obras tampoco se cumplió. Los gobiernos que siguieron al de Garzón recaudaron poco más de la mitad de lo presupuestado y ejecutaron un poco más de la mitad de estos. El plan de obras diseñado inicialmente por el gobierno Garzón –y con base en el cual se calculó la contribución por valorización– se modificó, y una buena cantidad de dichas intervenciones se excluyeron. La implementación del instrumento fue un fracaso. Los constribuyentes que pagaron no vieron las obras, y en algunos casos nunca las verán.

Más allá de si se presentaron fallas en los cálculos iniciales, especialmente de subestimación del valor de las obras propuestas, y más allá de los alcaldes como tal, esta experiencia dejó en evidencia la debilidad de la institucionalidad distrital para implementar planes que exigen continuidad por parte de los gobiernos, debilidad que padecen los habitantes de la ciudad a diario, en especial en asuntos como el de la movilidad.

La valorización exige un alto grado de responsabilidad de quien la propone, de quien la aprueba, de quien la recauda y de quien la ejecuta. Debido al intrincado campo de la administración pública, y en especial de la contratación estatal, pocas veces (ninguna) se trata del mismo gobierno. La valorización exige continuidad.

Lo que viene

La valorización aprobada a poco más de un año de finalizar el segundo gobierno de Enrique Peñalosa equivale a cerca de un 3,6 % del presupuesto del Distrito Capital, cuya vigencia para 2019 se concretará pronto. Con estos recursos se prevé la ejecución de 16 obras, por valor de 1 billón de pesos, financiadas por contribuyentes de los estratos 4, 5 y 6.

El paquete incluye la construcción de andenes y ciclorrutas, infraestructura vial, un puente peatonal, la intervención del sector industrial en Puente Aranda, un eje ambiental y un centro cultural; este último ha sido el que más resistencia ha encontrado entre vecinos y concejales, quienes cuestionan su relación costo-beneficio y su pertinencia.

Además de las críticas a las obras propuestas, la mayor fuente de malestar frente al nuevo cobro de valorización ha tenido que ver con la pésima experiencia de la última década: existe una gran desconfianza frente a la utilización de los recursos públicos. El pago comenzará en 2019, y dado que los contribuyentes pueden diferirlo a cinco años, buena parte del recaudo dependerá del próximo gobierno. Siendo optimistas, la contratación de los proyectos podría comenzar el próximo año, en cuyo caso al gobierno entrante le correspondería su ejecución (supervisión incluida). En caso de que no quedaran contratados, tendría que hacerlo la próxima administración, pero ¿estará dispuesta a hacerlo?

Los problemas urbanos tienden a ser cada vez más complejos en la medida en que las ciudades se hacen más densas y las demandas de la ciudadanía más sofisticadas. En este sentido, las intervenciones urbanísticas por parte del Estado se definen en el marco de una tensión entre lo que se requiere para desarrollar un modelo de ciudad –que por lo general es definido por los urbanistas– y las demandas permanentes de la sociedad, que no siempre se consideran en la dinámica de la planificación. Esta tensión se torna aún más complicada cuando la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía se ve interrumpida, lo que deriva en un deterioro de la legitimidad de las acciones de gobierno.

Aprobada la valorización, la Alcaldía de Bogotá –este gobierno y el próximo incluidos– se enfrenta a una prueba de fuego vital para el futuro de la ciudad: aplicar bien el instrumento. Esto significa: recaudar y ejecutar lo presupuestado, y promover la apropiación de dichas infraestructuras por parte de los ciudadanos. Para ello es importante evaluar asuntos como el efecto real de la obra sobre el valor del predio del contribuyente y el impacto de las obras. Así mismo, es necesario valorar para la sociedad, y no para el ánimo revanchista de la administración de turno.

Bogotá no puede repetir los errores cometidos con la valorización durante la última década. El reto, en últimas, radica en recuperar la confianza de los ciudadanos sobre un instrumento que hoy en día resulta estratégico para el desarrollo urbano. Seguiremos necesitando de la valorización en el futuro y habrá que dotarla de una mayor legitimidad.

Perfil

Miguel Silva Moyano

Profesor del Instituto de Estudios Urbanos (IEU), Universidad Nacional de Colombia. Fue director General de la Agencia de Educación Superior de la Alcaldía de Medellín y del Instituto de Estudios Metropolitanos y Regionales de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, donde además fue docente de tiempo completo en el pregrado en Ciencias Políticas y en las maestrías en Estudios Políticos y Urbanismo.