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UNAL entrega nuevo proyecto de Código Civil al país

A propósito de la propuesta que la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) le presentará al país, de comenzar un proyecto nacional tendiente a alcanzar un nuevo Código Civil, conviene efectuar las siguientes reflexiones.

Cuando el ilustre humanista Andrés Bello satisfizo la quijotesca tarea de presentarle al Gobierno chileno un Código Civil –labor que concluyó alrededor de 1853–, se sobrecogió con la petición que le hizo el distinguido Manuel Ancízar, de que destinara varios de sus ejemplares a las providencias que entonces se organizaban en la naciente República de la Nueva Granada.
 

Varios Estados hicieron suyos los artículos propuestos por el venezolano-chileno, entre ellos Santander, Cundinamarca y Panamá, al punto que con la Ley 84 de 26 de mayo de 1873 se adoptó el Código Civil de Chile como Código Civil de los Estados Unidos de Colombia, aunque con algunas modificaciones.
 

El 15 de abril de 1887, con la Ley 57 se ordenó que rigiera en el país el Código Civil de la nación adoptado en 1873.
 

Se trató de una obra magistral, caracterizada por su pulcritud, completitud, organización, minuciosidad y armonía con las necesidades del país. Sin embargo, después de solo cuatro meses, por medio de la Ley 153 de 1887 se introdujeron importantes modificaciones en cuanto a las fuentes del derecho, la validez y aplicación de las leyes, el estado civil, las obligaciones y sucesiones, y el registro de instrumentos públicos.
 

Los cambios fueron sucesivos en los años siguientes, con las leyes 100 de 1888 –sobre asociaciones, corporaciones y entidades reconocidas–, 95 de 1890 –sobre reformas civiles– y todas las que se emitieron en el siglo XX, en los más variados temas. El insigne Fernando Hinestrosa resume esta evolución de la siguiente manera:
 

a todas luces es evidente que la materia con mayores modificaciones […] es la relacionada con la familia: matrimonio, filiación y derecho sucesoral, seguida del régimen de derechos reales, y que las enmiendas y actualizaciones en lo relacionado con las obligaciones y los contratos han sido relativamente escasas. Posiblemente porque allí la jurisprudencia ha obrado con mayor desenvoltura y hondamente.


En nuestros días la codificación civil ha perdido muchos de los rasgos que explican su acogimiento y permanencia. La pretensión de sistematización fue rota por un sinfín de normas que gobiernan las más diversas instituciones, de espaldas a los principios que sirvieron al Código, además de la adopción del Código de Comercio, que reguló de forma paralela las obligaciones y los contratos, generando un cúmulo de asimetrías regulatorias; por ejemplo, instituciones como la capacidad, el estado civil, la familia, los menores, las personas jurídicas y el concurso de acreedores, tienen regímenes diferenciados, con principios autónomos y que carecen de conexión con la principialística que sirvió a Bello.
 

Por este mismo sendero se perdió la organización, pues alrededor del Código Civil hay un gran cúmulo de normas que se deben tener en cuenta, las cuales incluso han derogado expresa o tácitamente la mencionada codificación, generando dudas interpretativas que la jurisprudencia no ha podido clarificar del todo (suficiente sea con recordar toda la discusión generada por el reconocimiento de las uniones maritales de hecho o la entrada en vigor de la ley de garantías mobiliarias). Ni qué decir sobre la desactualización de la compilación de 1853, que mal podría anticipar la fuerza con la que llegarían algunas instituciones contemporáneas, como la flexibilidad, el estándar de lo razonable, la internacionalización de la vida corriente y la constitucionalización del derecho.
 

No en vano, el 28 de abril de 1980, el presidente de la República de Colombia (Julio César Turbay) creó una comisión revisora del Código Civil Colombiano, conformada por Arturo Valencia Zea, José Gabino Pinzón Martínez, José Alejandro Bonivento Fernández, Luis Manrique Naranjo, Pedro Lafont Pianetta y Gilberto Peña Castrillón; quienes entregaron este esfuerzo en 1984, aunque sin mayores ecos en el Congreso.
 

La necesidad de una codificación moderna, que dé una mejor respuesta a las necesidades sociales, y que evite la coexistencia de regímenes diferenciados para las obligaciones y contratos, motivó a la Universidad Nacional de Colombia para retomar el profundo trabajo de Arturo Valencia Zea, idea que brotó de los profesores José Alejandro Bonivento Fernández y Pedro Lafont Pianetta, y que contó con el apoyo de sus directivas y docentes, además del entusiasmo de varios expertos que han puesto su grano de arena para entregar un nuevo borrador de proyecto de Código Civil.
 

Eso con el fin de que sea socializado y discutido por el país, permitiendo superar el maravilloso pero desactualizado trabajo del humanista, y dar paso a una compilación vigente, que recoja lo mejor de aquel, de la jurisprudencia y de los desarrollos legislativos, con un espíritu de agilidad, actualización y desjudicialización, en los cuales encuentren cabida instituciones como la capacidad progresiva de los menores, la eliminación de la incapacidad legal por discapacidad física o psíquica, la igualdad de todas las formas de familia, el valor jurídico de las declaraciones unilaterales, la imprevisión, la nulidad o resolución extrajudicial, la caducidad de las acciones y derechos, el reconocimiento legal de múltiples negocios atípicos (leasing, factoring, colaboración empresarial, concesión, distribución, entre otros), junto con la modernización de lo que, con el paso de los años, muestra grietas profundas.
 

Ojalá el país tome partido de este esfuerzo y, como una necesidad sentida, se mueva alrededor de la necesaria sustitución del Código Civil. Menos mal los vientos se muestran favorables, ya en el Congreso de la República se promovió un esfuerzo de unificación de los Códigos Civil y de Comercio, al abrigo de la investigación realizada por el Grupo de Investigación Problemas Contemporáneos del Derecho y la Política (Gipcodep) de la Universidad de San Buenaventura – Cali, que sin duda movilizaron a la academia y los litigantes en torno al objetivo común de crear una compendio con la más amplia participación nacional.

Perfil

Fredy Andrei Herrera Osorio.

Profesor asociado Universidad Nacional de Colombia (UNAL)

Correvisor del proyecto de Código Civil