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Una nueva oportunidad hacia un gobierno metropolitano

La fundación ProBogotá Región realizó el pasado 14 de marzo el lanzamiento del documento “La Región Metropolitana de Bogotá: una propuesta para la asociatividad y la gobernanza regional”, como una iniciativa para crear una nueva entidad de gobierno metropolitano que trate los principales problemas de la región.

Para lograr este propósito, tanto la capital como los municipios del departamento –entre otros actores– deben superar algunos impedimentos y desafíos que podrían enterrar esta nueva oportunidad de crear una instancia metropolitana que consiga la gestión conjunta de los asuntos que afectan a un gran número de ciudadanos.

¿Qué dice el documento?

La Fundación lamenta que la ciudad lleve más de 40 años enfrascada en una discusión sobre la necesidad de crear un gobierno metropolitano. Dentro de este periodo hubo intentos fracasados, pero también hitos importantes como el Plan Maestro de Transporte, elaborado por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA, 1996) y la Mesa de Concertación Bogotá-Cundinamarca (2000).

Después hubo otras iniciativas que se pueden constituir como los antecedentes más recientes, entre ellas la del Comité de Integración Territorial (CIT) de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Asociación de Municipios de Sabana Centro (Asocentro) y la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE Región Central).

Según el documento existen cinco problemáticas que superan las fronteras de la capital y que comprometen tanto la competitividad regional como la calidad de vida y ambiental del territorio.

En movilidad, el estudio señala que no hay coherencia entre la cantidad de viajes diarios dentro de la región (cerca de 600 mil) y la infraestructura vial que los sustenta, pues esta es insuficiente. Además, la descoordinación municipal y la falta de integración intermodal de los medios de transporte dificultan aún más estos trayectos.

Los usos del suelo también se ven afectados por estos flujos de movilidad, pues la expansión urbana de los municipios vecinos ocurre sin la presencia de una autoridad superior de planeación que regule esta dinámica. Las mayores consecuencias han sido:

  • La concentración de la construcción de vivienda social en pocos municipios, particularmente en Soacha.
  • La urbanización sin el cumplimiento de requisitos mínimos, como redes de acueducto y alcantarillado eficientes.
  • La reducción de suelos destinados a agricultura y protección ambiental, que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de la región y su adaptabilidad al cambio climático.

Por otro lado, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) enfrenta la expansión urbana de los municipios abastecidos, además de la falta de planeación de las redes de servicios. La descontaminación del río Bogotá y la gestión de los desechos sólidos son otros inconvenientes atentos a una solución regional.

La Región estaría conformada por tres organismos responsables, así:

  • Autoridad Metropolitana de Planeación: formulará el Plan de Vivienda y el Plan de Desarrollo de Competitividad, con vigencia de 5 años, y establecerá reglas de uso del suelo.
  • Autoridad Regional Única de Transporte: con competencia exclusiva en el territorio regional, promulgará el Plan de Movilidad y Transporte, cuya vigencia es de 10 años;
  • Autoridad Metropolitana de Servicios Públicos: ejercerá funciones relacionadas con acueducto, alcantarillado, drenaje pluvial y residual. Así mismo expedirá el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, con vigor durante 10 años.

Será necesario crear agendas comunes y concretas que vayan más allá de las buenas intenciones y de las ideologías políticas y abandonar posiciones intransigentes de las partes .

La iniciativa plantea que la región metropolitana esté conformada por 24 municipios, de los cuales 12 (incluyendo a Bogotá).

En lo administrativo, estaría organizado por el Consejo Técnico Metropolitano, encargado de articular las tres autoridades, y la Junta Metropolitana –cabeza de la administración–, integrada por los alcaldes de los municipios miembro, un representante del Gobierno nacional, otro de la Gobernación de Cundinamarca y uno de las entidades sin ánimo de lucro. También formarán parte dos concejales, uno del municipio núcleo de la región y otro que representa a los demás concejos. La RMSB expediría el Plan Director de Desarrollo y Ordenamiento Metropolitano (PDDOM), vigente por 10 años, del que deberían derivarse los planes de ordenamiento territorial (POT) municipales, sus planes de desarrollo y los demás documentos de planeación expedidos por las restantes instancias metropolitanas.

Retos y dificultades

Varias causas han evitado que exista un gobierno metropolitano. Una, que hoy en día persiste, es la falta de consenso entre los gobiernos distrital, departamental y municipales. Los esquemas asociativos y gubernamentales se perciben como una amenaza a la autonomía municipal obtenida en los años ochenta y plasmada en la Constitución de 1991. Los municipios no están dispuestos a ceder esta conquista, puesto que un gobierno metropolitano implica –en mayor o menor medida– reducir prerrogativas municipales y asuntos como la movilidad y el ordenamiento territorial. En este caso, la peculiaridad radica en que Bogotá es la capital de la República, cuenta con más de ocho millones de habitantes y posee recursos de negociación altamente ventajosos como la provisión de agua a varios de los municipios vecinos. Las administraciones ven esto como una pelea injusta, por lo que prefieren mantener las cosas como están en vez de someterse a un gobierno, de algún modo, forastero.

Otras razones van más allá de la pérdida de autonomía, pues Cundinamarca posee capital político y electoral enorme, apetecible para los partidos políticos y que se perdería con la creación de un gobierno metropolitano, o eso es lo que debería suceder. A esto se suma la posibilidad de que un futuro gobierno distrital sea de una filiación partidista contraria a la de todos o algunos de los vecinos, o incluso del departamento.

Será necesario crear agendas comunes y concretas que vayan más allá de las buenas intenciones y de las ideologías políticas y abandonar posiciones intransigentes de las partes para generar un ambiente de diálogo que desemboque en la creación de un gobierno metropolitano. El reto es que el alcalde de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca les expliquen a los municipios los beneficios de este esquema gubernamental, y hacer que los mecanismos metropolitanos sean útiles para los más próximos a la capital.

Otro desafío es la futura expedición del POT de Bogotá, un asunto difícil de determinar porque el ambiente electoral está tan caldeado que casi todos los demás temas importantes han pasado a un segundo plano. Una muestra es la extrema pobreza de las campañas políticas en el planteamiento de propuestas urbano-regionales. Es probable que el nuevo POT se empiece a debatir en el segundo semestre de este año, o en su defecto a comienzos del siguiente. De todas maneras el nuevo Plan debe tener una apuesta regional y contemplar la posibilidad de crear la RMSB; de lo contrario es poco probable esta propuesta.

Por ahora no se conoce si la intención del nuevo Gobierno nacional será llevarla a cabo o dirigir sus esfuerzos a otros asuntos. De todas maneras las decisiones no se empezarán a tomar el 7 de agosto sino que pasará cierto tiempo, que dará la oportunidad de evaluar sus intenciones y decisiones. La nueva administración, en todo caso, debe actuar como un impulsor de la iniciativa, pues crear la Región Metropolitana –si son ciertos los argumentos de ProBogotá Región– catapultará la economía nacional que en este momento está pasando por dificultades.

Por su parte la Fundación debe desarrollar más esta propuesta que seguramente presentará al nuevo Congreso de la República. Hay aspectos que debe tomar en cuenta para que la iniciativa sea idónea en el debate público, como el rol que cumplirán otros esquemas asociativos existentes en el eventual gobierno metropolitano, especialmente las mencionadas CIT de la CCB y la RAPE Región Central, además de la delimitación de competencias entre los organismos metropolitanos y los municipios miembro, la completa organización del gobierno metropolitano y los proyectos comunes que busca adelantar.

Perfil

Eduardo Meza

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia (UN) y candidato a Magíster en Urbanismo de la misma institución. Además, es diplomado en gestión de proyectos por la Cámara de Comercio de Bogotá. Realizó su pasantía como investigador-asistente en el Instituto de Estudios Urbanos de la UN y es experto junior en temas de urbanismo.

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