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Traducción e interpretación oficial en Colombia

Para ningún traductor profesional en Colombia es un secreto que en el país hay pocas personas que identifiquen con autoridad la labor de un profesional de las lenguas. Parte de este desconocimiento o –en ocasiones– invisibilidad social es producto del arraigado pensamiento popular de que todo aquel que hable una lengua extranjera es capaz de traducir e interpretar.

Este hecho, que además no es ajeno al contexto colombiano, no se da solo en el escenario de los traductores o intérpretes profesionales, sino también –y a veces más marcado– en esas otras representaciones o actividades dentro de los profesionales de las lenguas como subtituladores, dobladores, localizadores, traductores jurídicos y traductores oficiales, entre otras. 
 

En Colombia el mercado profesional de las lenguas orales diferentes a las indígenas cooficiales del país es bastante variado y activo. A pesar de lo que comúnmente se piensa de la predominancia del inglés en el contexto internacional, el ámbito colombiano es –como muchos otros en Latinoamérica– muy diverso en cuanto a la presencia de lenguas. El francés, el italiano y el alemán, entre otras lenguas, son en esencia una fuente cotidiana de empleo y son un vehículo recurrente de mediación para diferentes segmentos de la población. 
 

Por esta misma línea de mercado es importante mencionar que el país es un “paraíso” para las empresas al servicio de las lenguas en el mundo debido a los bajos costos de la mano de obra colombiana y, curiosamente, al pensamiento generalizado de la neutralidad y “pureza” de la variante del español colombiano. 
 

Estas particularidades son elementos que contrastan con diferentes realidades no tan alineadas con lo que se observa en el mercado: solo existe un pregrado en traducción en todo el país, no existe una ley de protección para los traductores, pocos de ellos están asociados y solo hay una agremiación nacional activa. Además hay mucha informalidad en el ejercicio de la actividad, y aunque existe cierto reconocimiento a nivel jurídico de una de las especialidades de la traducción –la traducción e interpretación oficial–, todavía hay muy pocas iniciativas que den cuenta real de la importancia de la protección y proyección de este profesional en el contexto colombiano.
 

¿Qué es un traductor e intérprete oficial?
 

Un traductor e intérprete oficial es conocido también en el mundo como jurado, juramentado, certificado y autorizado. Su labor específica es traducir o interpretar en escenarios o documentos revestidos de cierta institucionalidad como diplomas, matrimonios y registros civiles, entre otros. Esta labor, bastante institucional y en ocasiones crucial debido al contenido de los documentos y los objetivos para los que se traducen –convalidación de títulos, matrimonios entre colombianos y extranjeros– obliga a que el profesional que la ejerce cumpla con los más altos estándares de calidad en lo que concierne a nivel de lengua/cultura y capacidad/aptitud para la traducción/interpretación.
 

Este juicio sobre la calidad está actualmente en manos de dos instituciones: la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) en su sede principal en Bogotá, desde hace más de dos décadas, y la Universidad de Antioquia, desde hace menos de una década. Ambas realizan un examen que evalúa la competencia en lengua y la aptitud en traducción/interpretación de los candidatos para validar su certificación.
 

No obstante, tal como lo muestran diferentes investigaciones, no existen unos parámetros compartidos entre las instituciones para el proceso de certificación de estos profesionales, ni lineamientos actuales desde el Gobierno o alguna entidad internacional que surtan efecto en la aplicación de los exámenes que se llevan a cabo, ni iniciativas de cambio o modificación de esta estrategia de examinación.
 

Esta falta de lineamientos, ausencia de iniciativas, falta de cohesión y diálogo entre las instituciones certificadoras, además de otras dificultades en el aseguramiento de la calidad, es algo que acompaña también el hecho de que no hay ninguna institución gubernamental que se haga cargo de los traductores e intérpretes oficiales en Colombia.
 

Los que históricamente han sido los encargados de la traducción e interpretación oficial en el país han sido los ministerios de Justicia, de Relaciones Exteriores y de Educación.
 

Ahora bien, como se ha podido constatar en una serie comunicados emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre ellos la Resolución 10547 del 14 de diciembre de 2018 y el Concepto 22692 de 2017, no son estos los encargados del ejercicio profesional de los traductores e intérpretes oficiales ni del control de su calidad. Por el contrario, estos son los garantes de que el servicio de traducción o interpretación oficial, entendido como un servicio al ciudadano, se pueda dar en condiciones favorables para la institucionalidad, veracidad de la información y de la identidad de las partes que están inmiscuidas en un procedimiento.
 

La Resolución 10547, vital en la representación de la traducción e interpretación oficial en Colombia
 

Esta Resolución del 14 de diciembre de 2018 fue emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y especifica particularidades y cambios sobre el proceso de apostilla y legalización de una traducción oficial. A esta Resolución la antecede la siguiente normativa:
 

  • el Decreto 382 de 1951, que crea la figura de traductor oficial,
  • el Decreto 2257 de 1951, que reglamenta el ejercicio de este profesional,
  • el Decreto 722 de 1982, que designa al Instituto Electrónico de Idiomas para la realización del examen de certificación y se dan especificaciones sobre este,
  • la Ley 962 de 2005, que designa a la Universidad Nacional de Colombia como la encargada de realizar el proceso de certificación,
  • la Resolución 3269 de 2016, que especifica algunos aspectos relacionados con el proceso de apostilla y legalización, y
  • el Concepto 22692 de 2017, en el que se hacen consideraciones jurídicas respecto a la normatividad que regula a los traductores oficiales y la posibilidad de que estos puedan registrar sus firmas digitales y sus datos de contacto para que puedan ofrecer sus servicios en el exterior.
     

Los problemas
 

Es crucial entender que una de las pocas formas que existía para verificar la autenticidad del registro de oficialidad de un traductor o de un intérprete en Colombia era por medio del listado que ofrecía el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) en su página web, que además clasificaba u organizaba la información de los traductores según su ubicación geográfica y su lengua de trabajo, había estado al servicio de los ciudadanos por décadas y había sido administrada y regulada por esta entidad.
 

El MRE eliminó el listado o directorio de traductores oficiales que este mantenía en su página web como un servicio al ciudadano de consulta de los traductores que podían prestar este servicio. Un cambio adicional, que no está explícitamente relacionado con la Resolución, pero que evidentemente tuvo un efecto también en el estado de esta actividad remunerada.
 

Sin este listado, la dinámica de contacto libre entre los clientes y quienes aparecieran con sus datos correctamente diligenciados en la plataforma desapareció y se fortalecieron las agencias de traducción y promoción de servicios lingüísticos.
 

Otro de los cambios, que ahora sí está directamente relacionado con la Resolución, fue la autenticación de la firma y sello del traductor en notaría. La ley antitrámites había eliminado que las traducciones oficiales llevaran la firma autenticada de notarios y no de traductores oficiales; sin embargo, la Resolución 10547 volvió a introducir este procedimiento que ahora debe tener la autenticación de la firma del traductor ante notario público con el fin de que el documento traducido pueda ser reconocido por el MRE.
 

Lo positivo
 

Estamos viviendo un movimiento organizado de traductores que lucha por una causa desde la colectividad. Esta realidad, de la cual no hay un reporte bibliográfico de antecedentes similares en la profesión al cual referir o asemejarse, es un efecto positivo de lo que han traído consigo estos cambios.
 

¿Pero por qué? En primer lugar, por la importancia de que los profesionales se unan y discutan sobre posibles cambios en su situación, algo que no es común en traducción en Colombia, y en segundo lugar porque contribuye a que se identifique de forma más atinada el estado actual de la profesión debido al evidente sentimiento de aprestamiento, por parte de los traductores, hacia la gestión del cambio y el reconocimiento de otros agentes en su quehacer.
 

Es claro que por fin hay miradas gubernamentales e institucionales claras hacia el profesional, su labor y la necesidad de organizarla.
 

En resumen, no todo es negativo, desde la perspectiva de un investigador y un traductor profesional, que es lo que soy en este momento, pienso que es importante entender que el que haya pasado esto en nuestro contexto y en este momento es una muestra de que hay cambios significativos en el ejercicio de la actividad que están obligando al Estado a repensar las formas como esta es regulada y, al mismo tiempo, está obligando a los profesionales a repensar las formas como se comunican con el Estado, con sus clientes y con los demás agentes que interactúan con ellos en el contexto organizacional en el que se desenvuelven.
 

Sin embargo, de esta posición “positiva” es importante matizar: tanto el surgimiento de la Resolución y la eliminación del listado de traductores oficiales, como otros actos por parte del Estado y de otras instituciones han dado cuenta de la sistemática invisibilización que los traductores vivimos día a día. Los cuestionamientos que surgen y que motivan el que se levante la voz son: ¿qué hacemos ahora? ¿Qué va a pasar con la traducción e interpretación oficial en Colombia? ¿Tendrá que pasar mucho tiempo hasta que entendamos que es importante valorar la labor de los traductores en el país, en el mundo y, más específicamente, en las relaciones internacionales del país?

Perfil

Juan Felipe Zuluaga Molina

Profesor y traductor

Grupo de Investigación en Traducción y Nuevas Tecnologías (Universidad de Antioquia)