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Terceros civiles ante la JEP: empiezan a correr los plazos

El pasado 6 de junio el presidente Iván Duque tuvo que sancionar la Ley Estatutaria de la JEP (Ley 1957 de 2019) después de que sus objeciones no fueran aceptadas en el Congreso de la República. A partir de entonces empezaron a correr los tres meses para el sometimiento voluntario a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de algunos terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública: aquellos vinculados formalmente a un proceso penal en la jurisdicción ordinaria.

Se trata una oportunidad invaluable para que terceros civiles, y especialmente los actores económicos, contribuyan a la paz a cambio de sanciones que, de lejos, son menos graves que las de la justicia ordinaria.

¿Pero quiénes son exactamente estos “terceros civiles”? Acudiendo al principio de distinción del derecho internacional, se trata de personas naturales que no forman parte de los grupos armados pero que contribuyeron a la comisión de delitos relacionados con el conflicto armado interno. El ejemplo típico está representado por aquellos empresarios que ayudaron al esfuerzo general de la guerra. Las transacciones financieras, la propaganda política o los aportes en dinero o especie a uno de los bandos son muestras de la participación de terceros civiles en conflictos armados no internacionales. Sin embargo eso no significa que todos los empresarios hayan participado en el conflicto, pues incluso algunos fueron víctimas de “vacunas” o extorsiones.

Con todo, el debate que ha empezado a agitarse en época preelectoral reduce la importancia de satisfacer los derechos de las víctimas y al tiempo conocer el rol de los terceros civiles en el conflicto armado. Estos elementos tratan de balancearse por la JEP mediante la búsqueda de la verdad plena para las víctimas a cambio de beneficios condicionados para quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto. Vale la pena considerar cómo se puede hacer esto en el sistema de justicia transicional más innovador del mundo, tanto para las víctimas como para aquellos terceros a los que les empezaron a correr los plazos.

La JEP es el componente de justicia de un Sistema Integral centrado en las víctimas. Aunque este punto fue bien claro para el país desde que iniciaron los diálogos de paz, ¿qué significa realmente? Quiere decir que dicha jurisdicción se orienta por una concepción de la justicia que no busca simplemente imponer condenas penales sino construir mecanismos para conocer la verdad, reparar los daños y garantizar que no habrá repetición de los mismos flagelos; eso es lo que los especialistas llaman “justicia restaurativa”. Por eso los terceros civiles que quieran acceder a los beneficios condicionados de la JEP, antes que pensar en una condena penal, deberían considerar la contribución que pueden hacerle a las víctimas. De esto parecen ser conscientes, Salvatore Mancuso y David Char, pues el pasado 20 de junio en la audiencia pública del congreso citada por Maria José Pizarro, manifestaron su voluntad de ser admitidos y contribuir ante la JEP por considerarla el camino idóneo para la reconciliación.

En efecto, dada la complejidad y duración del conflicto armado colombiano, la impunidad que se le endilga a la JEP pierde de vista que la justicia no es sinónimo de castigo, y mucho menos de prisión. En ese sentido, la justicia restaurativa que esta orienta es más acorde con un contexto de desigualdades económicas, sociales y culturales como el de nuestro país, pues busca removerlas. De ahí que para los terceros civiles sea más rentable contribuir en esa perspectiva, e incluso posicionar su propia marca o empresa como agente de paz.

De hecho, las “sanciones” de la JEP no están orientadas por el castigo sino que, según la Ley Estatutaria (art. 125), “tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad que se haga ante la Jurisdicción Especial para la Paz mediante declaraciones individuales o colectivas”.

Por ejemplo, aunque las sanciones propias de la JEP restringen efectivamente la libertad, las condiciones de restricción están orientadas a que se ejecute un proyecto reparador o restaurador de los derechos de las víctimas, tienen una duración limitada y, en todo caso, menor que en la jurisdicción ordinaria. Aquí es donde deberían aprovecharse los beneficios económicos de la paz y el emprendimiento de los terceros civiles para contribuir a la verdad plena y sacar adelante la economía del país.

En últimas, la JEP y el Sistema Integral son oportunidades económicas para terceros civiles y empresarios de aprovechar la coyuntura y contribuir a establecer la verdad plena, reparar a las víctimas y construir garantías de no repetición. Para los terceros civiles debería ser más atrayente presentar una propuesta de contribución programada y concreta, y proyectos económicos de justicia restaurativa para las víctimas, que ir a la cárcel ante la justicia ordinaria. Lo cierto es que para aquellos terceros civiles vinculados formalmente a un proceso en la justicia ordinaria esta oportunidad vale oro, y se vence el próximo 6 de septiembre.

Perfil

Michael Cruz Rodríguez.

Doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Autor del libro Altas Cortes y Clase Política en Colombia (2017) publicado por la misma institución. Investigador en estudios constitucionales, instituciones judiciales y justicia transicional.