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Por la gratuidad de la educación superior

Hablar de la crisis de la educación superior en tiempos de pandemia parece un poco alejado de las urgentes problemáticas a resolver. Sin embargo, uno de los grandes efectos de una crisis de realización de la producción como la actual, es que los ingresos de las personas se ven afectados, y por esta vía los consumos y la demanda de corto y mediano plazo, entre ellos la de servicios sociales como la educación. En este sentido, la educación superior en tiempos de reducción de ingresos se convierte en un bien de lujo que afecta a las universidades públicas y privadas.

Cuando la educación se ve afectada, la consecuencia directa cae sobre la equidad social, junto con una reducción importante de los potenciales de acumulación en economías en las que el conocimiento es un aspecto central del crecimiento económico. Ante estas circunstancias, ¿qué salidas se pueden encontrar? ¿Cómo garantizar la educación, y por esta vía no reducir en el largo plazo las posibilidades de desarrollo?
 

La situación de la educación y los problemas presentes hoy no son el resultado de la pandemia, son la expresión de los profundos problemas estructurales del Sistema de Educación Superior que durante décadas se han perpetuado. En las instituciones de educación superior (IES) públicas, los problemas de financiamiento son cada vez mayores, y en las privadas la contracción de la demanda, que no es una situación nueva, pone en jaque a todo el sistema. Este documento se limitará al análisis de las IES públicas.
 

Para las IES públicas, la crisis de financiación es el resultado de la apuesta de los diferentes gobiernos nacionales por aumentar la cobertura y la calidad educativa, pero con el problema, ya reconocido por los Gobiernos, de un aumento menos que proporcional de los ingresos para suplir estas demandas. Las IES tienen entonces un problema estructural cuando sus exigencias son mayores a los recursos de que disponen. En 2018, se estimaba que el déficit de funcionamiento de la IES públicas ascendía a 3,2 billones de pesos anuales y el déficit de inversión a 15 billones1.
 

El deterioro financiero de las universidades públicas está acompañado de una crisis de la autonomía universitaria, en la medida en que los Consejos Superiores fueron cooptados por el Gobierno, y en algunas regiones por las mafias y estructuras paramilitares, que cerraron la participación de la comunidad universitaria y de la ciudadanía. Así mismo, en las últimas décadas la producción de conocimiento de las universidades públicas ha estado enfocada a la lógica corporativista de “publicar o perecer” que ha desviado la producción académica hacia los sectores dominantes de la sociedad.
 

Para afrontar estos problemas estructurales de financiación, las universidades han realizado grandes esfuerzos por obtener recursos propios a través del cobro de matrículas a los estudiantes, en especial en los programas de posgrado, y potenciar la extensión universitaria mediante actividades de consultoría y educación continuada. Un balance de las cifras muestra que en promedio los recursos propios de las universidades públicas representan cerca del 44 % de los ingresos, y en algunos casos por encima del 60 %.
 

Las medidas de confinamiento y la expansión del contagio tienen graves efectos sobre la actividad económica y el empleo, y en consecuencia impactarán las condiciones de vida de los hogares de los estudiantes universitarios e incidirán sobre la matrícula de las IES. En ese sentido, los ingresos por sus matrículas, que para el segundo semestre de 2020 se estiman en 900.000 millones de pesos, pueden estar en riesgo. La situación sin salida se presenta ante estas circunstancias: si no se toman medidas, se reduce la matrícula, poniendo en riesgo el funcionamiento de las instituciones; por otro lado, las medidas de austeridad permitirán paliar la reducción de matrículas pero a costa de pérdidas de calidad en el futuro.
 

Ante el COVID-19


El impacto económico de la aparición de este nuevo coronavirus profundiza la crisis de las IES públicas, y ante él surge una serie de interrogantes: ¿las medidas anunciadas por el Gobierno nacional para el sistema de educación superior permiten afrontar la crisis financiera de las IES públicas?¿Cómo mantener condiciones de calidad cuando la matrícula pública caerá drásticamente?
 

El 13 de mayo, el presidente de la República, junto con la ministra de educación, María victoria Angulo, anunciaron el paquete de medidas para el Sistema de Educación Superior; estas son:

  1. La destinación de 1,5 billones para el pago de nómina y capital de trabajo a través del Fondo Nacional de Garantías para líneas de crédito.
  2. Línea de crédito de Findeter2 por 200.000 millones de pesos para apoyar financieramente a las instituciones y definir esquemas de apoyo a los estudiantes de pregrado en condiciones de vulnerabilidad.
  3. Creación del fondo solidario para la educación para que las familias y los hogares puedan financiar las matrículas de sus hijos a través del crédito.


La propuesta del Gobierno de los 1,5 billones de pesos en créditos con el sistema financiero parece estar dirigida especialmente a las IES privadas, ya que la mayoría de IES públicas financiarán el pago de nómina con las transferencias que actualmente reciben del Estado y sería irracional endeudarse para este fin.
 

Además, las IES públicas no se endeudarán para financiar los programas de bienestar, característica primordial de su misión; en ese sentido, los 200.000 millones de pesos de endeudamiento en la línea de Findeter para medidas de apoyo a la permanencia de estudiantes de pregrado serán apropiadas por las IES privadas que gestionan mejor las solicitudes de crédito.
 

Dichas medidas no contemplan sus problemas relacionados con la caída de la matrícula. Por un lado, el problema financiero consecuencia del descenso de los ingresos por matrícula, que en algunas IES no es muy sensible profundizando la desigualdad entre la IES públicas3, y por otro lado la deserción estudiantil que afecta su misionalidad y deteriora significativamente la equidad social.
 

Las IES públicas no tienen cómo suplir esta situación sino a través de medidas de reducción de matrículas y políticas de austeridad que incidirán sobre los gastos de funcionamiento, en especial en los programas de bienestar, en los gastos de mantenimiento y en la exigencia en los planes de trabajo de los docentes de planta, todo lo cual implicará el deterioro de las condiciones de vida de los estudiantes, de la planta física y el desarrollo de las funciones misionales de la universidad: formación, investigación y extensión.
 

La solución


Para responder a la propuesta del Gobierno, se propone una política de gratuidad temporal de la educación superior para afrontar la situación de la crisis de las IES públicas y fortalecer las capacidades para enfrentar la pospandemia, así:

  1. El Gobierno nacional asume la matrícula de pregrado y posgrado de todas las IES públicas por dos semestres, lo cual implica aumentar por una única vez las transferencias a las IES por 1,8 billones de pesos.
  2. Entregar medio salario mínimo por cada estudiante de las IES públicas para que establezcan programas de bienestar universitario tendientes a la permanencia efectiva de los estudiantes; estas transferencias se estiman en 500.000 millones de pesos.
     

La primera línea de acción apunta a la gratuidad temporal de la educación superior, que fortalecerá las finanzas de las universidades, en especial aquellas en las que un porcentaje importante de sus ingresos corresponde a recursos propios, además de que la gratuidad permitirá el acceso a la educación eliminando las matrículas como barrera económico. La segunda línea de acción apunta a fortalecer los programas de bienestar universitario y con ello aliviar las consecuencias que tendrá la crisis sobre las condiciones de vida de los estudiantes. El tema es: gasto hoy por productividad mañana. La decisión está en el Gobierno nacional.

 


1 Espitia, Jorge. (2018). Una propuesta para solucionar déficit financiero de las universidades públicas, UN Periódico. http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/una-propuesta-para-solucionar-deficit-financiero-de-las-universidades-publicas/

2 Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

3 Gallardo, L. Á. G., Rincón, C. Portela, R. V. y Martínez, J. J. P. (2011). La desigualdad universitaria, una realidad nacida del mito de la eficiencia. Pedagogía y Saberes, 35, 85-96.

Perfil

Álvaro Gallardo, Iván Lozada, Carlos Rincón Quiñones

Investigador del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo (GSEID) del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Profesor de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Investigador del GSEID del CID – UNAL. Profesor de la Escuela Colombiana de Ingeniería.

Profesor de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.