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Política petrolera en un régimen y un Gobierno de seguridad

En 2002, junto con la implementación en el país del nuevo régimen político de la Seguridad Democrática –que reemplazó al frentenacionalista y que con el nuevo gobierno va a cumplir 20 años de vigencia–, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez cambió la política petrolera a tono con la internacionalización y privatización globalizada de la economía y con el debilitamiento de la coalición obrero-sindical (USO). Esas modificaciones en el sector inauguran el periodo extractivista-neoconcesionado, el cuarto a lo largo de sus 113 años de historia.

Desde sus orígenes, la política petrolera colombiana es una política pública económica transnacional (PPET) que realiza los valores, creencias, metas básicas y otras percepciones de las dos coaliciones que la hegemonizan:

  • la coalición transnacional y
  • la coalición estatal o gubernamental administrativa.

La primera es su actor fundamental y la segunda es su actor mediador. Se destaca el hecho de que sus respectivos periodos se corresponden con el modelo capitalista de crecimiento económico y social del empleo, dominante en el mundo, y con el papel asignado al recurso fósil petrolero y carbonero mediante el sistema de contratación.

Así, el periodo extractivista concesionado (1905-1950) está asociado con el modelo de crecimiento económico liberal clásico –cuyos productores y consumidores se comportan según el marco de las fronteras de los mercados y precios nacionales– y el empleo se ata a la fortuna de la “mano invisible” del libre cambio que regenta las empresas privadas y que, se supone, equilibra la oferta de mercancías con la demanda de empleo. En el sector petrolero esa creencia y ese quehacer quedan definidos en los contratos de concesión.

El periodo extractivista estatal (1951-1973) se ajusta con el crecimiento económico keynesiano planeado y regulado por el Estado, que mediante sus empresas productivas y su poder soberano para emitir moneda se encarga de la política social de empleo. Su agente fundamental es la empresa estatal Ecopetrol.

Durante el periodoextractivista asociado(1974-2002), un lapso de transición para revertir el modelo de desarrollo keynesiano, se ajusta con una mixtura de políticas estatal-privadas viabilizadas en el subsistema petrolero a través de los contratos de asociación.

Y en el actual periodo extractivista neoconcesionado (2003-2022) se traducen y agencian las creencias y los valores del modelo de crecimiento neoliberal que desregula y privatiza las actividades y empresas económicas estatales, por medio de la apertura económica del país (recursos humanos, naturales, financieros, productivos y comerciales) al mercado globalizado. Este es liderado por las corporaciones financieras que requieren incentivos de los Estados para mantener sus tasas de ganancia (sinónimo de crecimiento económico) y aspectos como:

  • seguridad a la propiedad y a las inversiones,
  • rebaja de los impuestos,
  • subsidios a la inversión,
  • y, lo más importante, una política social eficiente y eficaz sustentada en los bajos salarios por vía de la flexibilización o tercerización laboral.

Para su viabilidad se revive como nuevo (neo) la decimonónica “mano invisible” liberal para que opere un mercado de productores, propietarios, precios y consumidores transnacionalizados.

A este proceso traducido en política económica y social se le denomina nueva política pública (NPP), diseñada por sus coaliciones hegemónicas y administrada por gerentes exitosos de empresas o corporaciones privadas como Donald Trump. Es la expresión de la fusión del interés privado con los intereses generales, un verdadero esperpento lógico y político pues la parte, es decir el fetiche, se revela como el todo.

Es una práctica político-administrativa propia de un Estado corporativo que, por la experiencia histórica, agencia un modelo de desarrollo antisocial que le disminuye los impuestos y las imposiciones presupuestales directos a los detentadores de la propiedad y la ganancia, y se los carga al trabajo y a los consumidores por vía indirecta y de los precios. Además reduce la inversión en las funciones sociales y judiciales del Estado y privilegia la privatización y el presupuesto del aparato coercitivo o de defensa. Un Estado ideal para unos beneficiados que, sin patrocinarlo, lo administran a su favor. ¡Colombia un país de propietarios!

A este proceso traducido en política económica y social se le denomina nueva política pública (NPP), diseñada por sus coaliciones hegemónicas y administrada por gerentes exitosos de empresas o corporaciones privadas como Donald Trump.

Se trata de una política que como sistema opera a la inversa del anterior modelo keynesiano cuya política económica, regulada estatalmente, sostenía la seguridad social, jurídica y de defensa, pero que ahora se califica como populista.

En el subsistema petrolero ese modelo se aplica a través de los contratos de perforación y exploración (EyE) o de regalías/impuestos, una versión reencauchada de los originales contratos de concesión del primer periodo, pero que amplía las garantías a los inversores, así:

  • menos impuestos,
  • menos regalías.
  • explotación hasta el agotamiento de los campos,
  • licencias ambientales FastTrack,
  • precios internos internacionalizados y
  • tercerización laboral, entre otros.

Todos estos elementos sustentan la política o locomotora petrolera y minera neoconcesionada del régimen de seguridad.

De Ecopetrol a Ecopetrol S.A.

Esta empresa estatal petrolera emerge en 1951 como consecuencia de la reversión de la Concesión de Mares, en dirección contraria al Estado que, apoyado por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), prefería prorrogar la concesión a la Tropical o concederla al sector privado nacional, que se sintió incapaz de asumirla. Entonces se terminó constituyendo como empresa estatal por la presión ejercida por la coalición sindical popular liderada por la Unión Sindical Obrera (USO). Desde entonces, sería la encargada de administrar el recurso petrolero hasta 2002, cuando se cambia la política en el sector.

Ecopetrol es la columna vertebral de ese cambio, pues pasó de ser empresa estatal a Sociedad Anónima (Ecopetrol S.A.), una sociedad mercantil con personalidad jurídica en la que el capital, dividido en acciones, está integrado por los aportes de los socios que no responden personalmente por las deudas sociales. Sus objetivos se corresponden con los valores, creencias y estrategias propias de una empresa capitalista, es decir privada, en la que el Gobierno participa como un socio capitalista más que espera la ganancia de su “inversión”: el recurso y el sello de marca de la empresa.

La polémica respecto a Ecopetrol no es por su carácter privado o público sino por su sobrevivencia, por cuanto va siendo una empresa obsoleta e inviable, por efecto de la misma política neoconcesionada que no la hace objeto de las reversiones que hasta entonces la sostenían.

La empresa funciona ahora como holding transnacional para invertir en otros países, operar como sociedad financiera de acciones y jugar en la bolsa de valores, en la que sus altos directivos –por efecto de la política en pro de los incentivos a los emprendedores– reciben ingresos acordes con las gerencias de corporaciones multinacionales y los trabajadores son tercerizados según el modelo, en aras de la eficacia y eficiencia productiva.

Este cambio la desvinculó de la coalición estatal, de su responsabilidad en la conducción de la política en el sector –que ahora está a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)– y la llevó a formar parte de la coalición transnacional, con cuyos actores debe competir –aunque no con el mismo pulso económico, técnico y financiero internacional– estimulada, entre otros factores, por los precios internos del crudo y de los derivados transnacionalizados. En la actualidad, el precio interno de producción en Colombia de un barril es de 16,3 dólares y el internacional es de 60 dólares; el precio del galón de gasolina en EE. UU. es de 2,50 dólares y en Colombia de 2,73, pese a la diferencia de ingresos de los consumidores: 7,25 dólares/hora en EE. UU. y 1,13 dólar/hora en Colombia, en 2018.

Entonces, la polémica respecto a Ecopetrol no es por su carácter privado o público sino por su sobrevivencia, por cuanto va siendo una empresa obsoleta e inviable, por efecto de la misma política neoconcesionada que no la hace objeto de las reversiones que hasta entonces la sostenían. Sus reservas se agotan (tiene para unos siete años). Las inversiones en exploración interna y externa como los contratos neo concesionados (EyE) firmados no han reportado algún descubrimiento significativo pues el boom financiero ha sido producto del alza de precios. Su infraestructura en producción y transporte va quedando obsoleta, su deuda va en aumento (76 billones de pesos a 2016) y, lo más grave, como lo ilustra Reficar, la corrupción la corroe.

En este escenario muy pronto estaremos pidiendo que vendan sus restos, “pues del ahogado el sombrero”, tal como se hizo con Carbocol S.A. hace 16 años con su traspaso por un precio irrisorio a las multinacionales BHP Billiton, Anglo American y Glencore International AG, involucrada en Reficar. Y ya sabemos que en Colombia la historia y sus personajes se repiten como tragedia y como farsa.

Perfil

Luis Humberto Hernández

Profesor especial y emérito de la Universidad Nacional de Colombia (UN). Coordinador del Grupo de Seguridad y Energía, adjunto al Grupo de Seguridad y Defensa. Miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz. Forma parte del Centro Interdisciplinario de Literatura Hispanoamericana (CILHA), de Mendoza (Argentina). Es doctor en Ciencias Sociales, con énfasis en Ciencia Política y Administración Pública, de la Universidad Nacional del Cuyo (Argentina) y magíster en Desarrollo Rural, de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Especialista en Desarrollo Regional y Urbano de la Escuela Superior de Administración Pública y licenciado en ciencias sociales y económicas de la Universidad de Tunja. Dentro de sus publicaciones se destacan: Colombia: Política y petróleo (2005), y La política petrolera en América Latina: 1970-2010 (2013). Ha sido coautor de los libros ¿Venganza o perdón? (2017), Democracia y medios de comunicación en Colombia (2011), Petróleo y conflicto (2011), Colombia: escenarios posibles de guerra o paz (2010) y Colombia: el conflicto actual (2010).

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