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Los gremios, la desinformación y la reforma tributaria

En todos los países existen los gremios. Según el economista estadounidense Mancur Olson, la función de los gremios es ejercer –de manera legítima y transparente– una acción colectiva en favor de una industria o una actividad particular, o del conjunto de la actividad privada. Su papel principal consiste en conseguir del Estado la provisión de bienes públicos, esto es, bienes y servicios que benefician a toda la sociedad, y en particular al sector privado que conjuntamente representan.

 

En todos los países existen los gremios. Según el economista estadounidense Mancur Olson, la función de los gremios es ejercer –de manera legítima y transparente– una acción colectiva en favor de una industria o una actividad particular, o del conjunto de la actividad privada. Su papel principal consiste en conseguir del Estado la provisión de bienes públicos, esto es, bienes y servicios que benefician a toda la sociedad, y en particular al sector privado que conjuntamente representan.

 

En Colombia ha sido común que los gobiernos inviten permanentemente a los gremios a discutir algunas de sus políticas públicas, lo que no ocurre con los trabajadores ni con las universidades públicas.

 

El poder político de los gremios se explica, en buena parte, en que participan directamente en la financiación de las campañas políticas, como se ha podido verificar en varios trabajos de investigación en el Instituto de Estudios Políticos de la UNAL. 

 

Así mismo, los gremios tienen amplia imagen en los medios de comunicación, de una parte, por su amplia participación en la pauta publicitaria, y de otra, porque los grupos económicos pertenecientes a los gremios son los propietarios de los medios de comunicación, lo cual es canalizado en esencia para sus conveniencias particulares.

 

Desinformación de los gremios

 

No es adecuado que los gremios aprovechen su posición dominante para imponer políticas públicas que se acomoden exclusivamente a su beneficio y que sean difundidas a su acomodo en los medios de comunicación que dominan.

 

La reforma tributaria es un tema álgido respecto a sus consecuencias. El nuevo gobierno, como se ha acostumbrado, se ha reunido con varios gremios para posicionar su proyecto. De otra parte, los líderes gremiales –permanentes en los medios– critican el proyecto de la reforma presentada por el gobierno, en la mayoría de los casos sin argumentos técnicos válidos y sí buscando impactar a la mayor parte de la población que no es experta en el tema, esto con el fin de proteger los privilegios que han tenido por décadas.

 

En el Congreso de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) –celebrado en agosto–, su presidente, Bruce Mac Master, indicó que los impuestos conjuntos de las utilidades de las empresas y los dividendos con el proyecto de reforma pagarán una tasa promedio del 67,1 %. Este resulta de sumarle al impuesto de renta general para las empresas el alza en la tarifa de los dividendos que pagarían las personas naturales, convirtiéndose en la más alta del mundo, si se revisan estas estadísticas. 

 

Detalló que en la reforma los accionistas tienen tratamiento distinto. “No es lo mismo un accionista que está en Colombia que el que está en el exterior o el que está en un país con convenios de doble tributación. Existe una diferencia muy grande, y puede haber una diferencia de casi 20 puntos en términos de tributación efectiva final”. 

 

Esta afirmación del presidente de la ANDI es totalmente infundada, de hecho, hoy sin temor a equivocación Colombia es un paraíso fiscal para los grandes accionistas. Al descargar la información de los agregados de las declaraciones de renta de las personas jurídicas de la DIAN para el 2019, el año más cercano antes de la pandemia, se puede apreciar que la tasa promedio efectiva (real) del impuesto sobre la renta fue del 20.8 %, muy diferente a la tasa nominal (teórica) establecida en el Código Tributario, que correspondía en ese año gravable al 33 %, lo que significa que las empresas en realidad pagan en promedio solo el 63,0 % de la tasa nominal. 

 

Otra información errada se relaciona con que habrá doble tributación, pues de hecho esta ya existe: las empresas pagan impuesto de renta con tasa efectiva o real cercana al 20,8 % (nominal 33 %) y los accionistas, si es que decretan dividendos, pueden pagar el 0 o el 10 %, lo que da una tasa total ponderada cercana al 28,7 % (fuente: Ocde.stat 2020).

 

Con la reforma presentada, la tasa total de los dividendos en Colombia quedará cerca del 46 %, que corresponde al promedio de la OCDE.

 

Colombia, un paraíso fiscal para los accionistas

 

A diferencia de otros países, cuando en Colombia las empresas obtienen utilidades en un periodo, no necesariamente implica que sus propietarios paguen un impuesto por las utilidades que proporcionalmente les corresponden, a pesar de que de hecho ya se han hecho más ricos en ese monto; esto sucede porque las empresas pueden decidir no distribuir dividendos (utilidades) entre sus accionistas o partícipes. 

 

Por ejemplo, supongamos que el Banco ABC de Colombia, en el cual un accionista y su familia tienen el 60 % de la propiedad, obtiene en un año $5 billones de utilidades, y el Banco decide no distribuir utilidades; en realidad este accionista y su familia ya son más ricos en $3 billones, pero no pagarán un peso de impuestos en ese periodo, lo cual no sucede con las rentas de trabajo. 

 

Por su parte, el artículo 36-3 del Estatuto Tributario ha establecido que la distribución de utilidades en acciones o cuotas de interés social, así como su traslado a la cuenta de capital, con ocasión a la capitalización de la cuenta de revalorización del patrimonio, constituye un Ingreso No Gravable.

 

El mejor ejemplo de lo que pasa en Colombia se puede apreciar en el meganegocio de los Santo Domingo, que aun siendo el más grande y con mayor utilidad de la historia de una empresa que realiza gran parte de sus operaciones en Colombia, su impacto fue inmaterial para las arcas del Estado. 

 

En octubre de 2015, en menos de una década los 3.500 millones de dólares ($15,2 billones de hoy) que recibió la familia Santo Domingo en acciones de SABMiller se convirtieron en 14.500 millones de dólares ($63,1 billones de hoy) en el momento de la venta a AB InBev; la utilidad a pesos de hoy es cerca de $47,9 billones de pesos. Como Altria y los dueños de SABMiller tendrían que pagar miles de millones de dólares en impuestos si recibían el pago en efectivo, se diseñó una fórmula especial para los dos mayores accionistas. En vez de recibir 44 libras por acción en efectivo y pagar la tercera parte en impuestos, recibirían 39,03, pero de estos solo el 3,77 serían en dinero y el restante 35,26 en acciones. Como los intercambios de acciones no tienen costo tributario, el 90 % de lo recibido no pagaría impuestos.

 

En el estudio realizado por Juliana Londoño –quien trabajó con el economista francés Thomas​ Piketty en 2012– tomando información de los agregados de la DIAN, se pudo determinar que el impuesto de renta para el 5 % superior en ingresos tuvo una tasa efectiva (o real) cercana al 4,9 %, y que para el 1 por 100.000 de mayores ingresos –es decir cerca de las 20 personas más ricas del país– esta tasa estuvo solo entre el 1 y 2 %, mientras la tasa efectiva promedio de los trabajadores es cercana al 15 %. En otro caso, al revisar la declaración de renta del año gravable 2018 de un expresidente del Senado, se pudo verificar que el funcionario obtuvo por dividendos $516 millones y no pagó un $1 de impuestos.

 

Para el análisis

 

En el mundo existen dos sistemas de pago de dividendos desintegrados (clásico) e integrados, y dentro de ellos existen varias modalidades. Colombia tiene un sistema tributario clásico, en el cual la empresa paga un impuesto y luego el accionista, aparte, paga otro impuesto sobre los dividendos recibidos; el otro sistema es el integrado, pero en los dos siempre existe doble tributación, es así como la tasa total siempre es mayor que la corporativa, como se vio antes.

 

En la reforma del gobierno es un error muy grande presentar una tarifa de renta para las empresas del 35 %; en ningún país de la OCDE –y quizá del mundo– existe una tarifa tan alta, lo que se ve muy mal, pero lo peor es que no es cierto, por cuanto la tarifa real o efectiva en renta en 2019 fue del 20,8 %. Es conveniente que el gobierno baje la tarifa corporativa nominal entre el 25 y 27 %, eliminando el 99 % de los beneficios tributarios, y que a los dividendos se les asigne una tasa máxima del 25 % con lo que aumentará considerablemente el recaudo; en el ponderado total el impuesto de la empresa más la del accionista da como resultado cerca del 40,2 %, valor por debajo de la mayoría de los países. Esta medida también permitirá que los diferentes sectores económicos compitan de una manera más equitativa estructurando un sistema verdaderamente progresivo.

 

Según el Banco Mundial, Colombia es uno de los países con mayor inequidad en el mundo y en donde más se concentran los ingresos y la riqueza, medido con el coeficiente de Gini. El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias determinó que el 1 % tiene el 68,7 % de la riqueza y el 10 % tiene el 85.8 %. En esta alta concentración, unida a una economía que no genera valor agregado, la producción no tiene importancia, esto es lo que genera desempleo, inseguridad, inestabilidad y subdesarrollo.

 

El presidente de la ANDI, y en general los gremios, deben ser más conscientes de que una mayor equidad los beneficiará también a ellos, habrá más seguridad, menos informalidad, más empleo, más demanda y desarrollo, más ventas, más utilidades.

Perfil

Jairo Orlando Villabona Robayo.

Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) Universidad Nacional de Colombia (UNAL); director del Grupo de Estudios Fiscales y de Equidad de la FCE de la UNAL. Ph. D. en Ciencias de la Gestión Fiscal de la Universidad de Rouen (Francia)