Escudo de la República de Colombia Escudo de la República de Colombia
UN Periódico Digital

Resultados de Búsqueda:

UN Periódico Digital
Los comandantes paramilitares están "ad portas" de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene una amplia competencia para esclarecer la participación de los actores que financiaron o colaboraron con el conflicto armado según el Acuerdo Final de Paz (AFP), la Constitución y las normas que lo desarrollan.

Esto es así porque el conflicto –como fenómeno social complejo y multicausal– evidencia que los actores que han participado en él no han desempeñado un único papel. Por eso es legítimo preguntarse si los paramilitares pueden ser admitidos en la JEP, teniendo en cuenta que sus delitos exacerbaron tanto el conflicto armado como la violación de derechos humanos de las víctimas.

El pasado 11 de junio, el Tribunal para la Paz unificó la respuesta a este interrogante y resolvió que los paramilitares están excluidos de la JEP, aunque estableció una excepción: cuando ejercen el rol de terceros que financian o colaboran con grupos armados.

Para sustentar esta regla general, unificó los ocho principales argumentos que ha venido reiterando:

  1. Los paramilitares están excluidos del AFP por las partes firmantes.
  2. No existe una “norma expresa” que faculte a la JEP para recibirlos.
  3. La JEP aplica para estructuras “rebeldes”,y los paramilitares no lo son.
  4. No hubo un acuerdo final de paz con los paramilitares (el pacto de Ralito fue un arreglo previo y parcial de desmovilización).
  5. Después del 24 de noviembre de 2016 no ha habido un acuerdo de dicha naturaleza.
  6. No se pueden presentar como “terceros civiles”, porque estos roles son excluyentes.
  7. No pueden alegar el principio de favorabilidad porque no se trata de los mismos supuestos de hecho ni cuerpos normativos.
  8. La Ley 975 de 2005 constituye la legislación “especial”para el juzgamiento de los paramilitares (ver la decisión del Tribunal para la Paz de la JEP: Auto TP-SA 199/19, interesado Fabio César Mejía Correa, párr. 15).

A pesar de que la respuesta parece contundente, el Tribunal para la Paz señaló que excepcionalmente los integrantes de grupos paramilitares que hayan desempeñado roles de terceros civiles como colaboradores o financiadores pueden ingresar a la JEP.

La excepción se justifica en la medida en que, con su sometimiento voluntario a la JEP, se protege el “interés superior de las víctimas”, especialmente el de saber la verdad plena; y en que el aporte a la verdad sea apto para esclarecer la verdad sobre el conflicto en términos de promoción, financiación, auspicio o colaboración de grupos armados (párr. 18 y 19).

Con todo, este tratamiento no abre las puertas de entrada a todos los paramilitares ni a todos los delitos que hayan cometido, sino que apunta hacia los comandantes o máximos responsables.

En efecto, aunque el sometimiento voluntario es integral sobre todas las conductas relacionadas con el conflicto, los paramilitares solo serán juzgados por aquellos delitos cometidos en ejercicio del rol de terceros (financiación, colaboración y demás participación directa e indirecta propia de civiles).

Además, los aportes para ingresar y permanecer en la JEP deben superar el “test de aporte a la verdad”, según el cual, por un lado, el aporte debe vencer la presunción de que los paramilitares se desempeñaron únicamente como actores armados, y por otro, el aporte de verdad debe revelar todo lo que se conoce y debe ser trascendente al punto de exceder la verdad judicial ya conocida por la jurisdicción ordinaria (párr. 22).

Así, entonces, aunque este test se aplica a todos los que comparecen voluntariamente a la JEP, en el caso de los paramilitares es más específico.

Esta decisión del Tribunal para la Paz es adecuada y necesaria frente a la complejidad del conflicto armado y los derechos de las víctimas, y además responde a varias preocupaciones de la sociedad civil: las de víctimas de grupos paramilitares, porque esta puede ser la vía para llegar a la verdad que no pudo darse mediante la Ley de Justicia y Paz o la propia jurisdicción ordinaria. También las de aquellos sectores críticos de la JEP, en la medida en que está tomando en serio su mandato de esclarecer judicialmente la verdad plena para las víctimas en aras de un cierre definitivo del conflicto, demostrando que están más que justificados los beneficios que otorga, siempre y cuando se contribuya con la verdad y la responsabilidad corporativa.

Ahora resta observar cómo aportarán verdad plena los comandantes paramilitares y, sobre todo, en qué medida podrán participar las víctimas.

Perfil

Michael Cruz Rodríguez

doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)