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La SAN: más que un concepto, un derecho para la población desplazada

Aunque en su política pública el país maneja un concepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) adoptado de Naciones Unidas, el Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia (OBSSAN) construyó otra definición a partir de una mirada integral y holística del tema, que lo define como

“[…] el derecho que tienen todas las personas a que el Estado les garantice en forma oportuna, digna y permanente, la disponibilidad y el acceso a los alimentos y al agua potable… en cantidad suficiente y en calidad adecuada, o las condiciones para lograrlos, asegurando su consumo y utilización biológica, para alcanzar un óptimo estado de nutrición, salud y bienestar que contribuya en su desarrollo humano y les permita ser felices”.

Así, al partir de la SAN como un derecho que el Estado debe garantizar, el concepto del OBSSAN implica su interrelación con otros derechos fundamentales como:

  • Alimentación
  • Salud
  • Agua
  • Trabajo
  • Educación

Estos derechos juegan un papel fundamental en el análisis de la seguridad alimentaria nutricional, ya que son integradores y para su realización implican todas las esferas del desarrollo económico, social y humano.

Sin embargo el país presenta problemáticas estructurales que impiden el goce efectivo de los derechos. Sin lugar a dudas uno de los problemas de mayor coyuntura es el desplazamiento forzado por el conflicto armado, que ha causado en la población un cambio de vida o de hábitat, desempleo, pobreza, mendicidad, necesidades básicas insatisfechas, hambre, y ha afectado su calidad de vida y dignidad humana, entre otros aspectos fundamentales para lograr la plenitud del derecho a la SAN.

En la actualidad, la SAN como derecho universal de la población en condición de desplazamiento forzado se está vulnerando, lo que se traduce en inseguridad alimentaria y nutricional (INSAN) y en periodos de hambre de las familias.

Según la Red Nacional de Información (RNI) de la Unidad de Víctimas, que tiene datos incluso desde antes de 1985, entre 2000 y 2008 se registraron las mayores cifras de desplazamiento forzado de personas, siendo 2002 el año con mayor número de colombianos expulsadas de su territorio (760.357), sin contar el subregistro.

A raíz del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, los datos sobre desplazamiento forzado han disminuido paulatinamente. En 2016 se registraron 93.922 personas expulsadas, y en 2017 fueron 61.376. Lo anterior según los índices de intensidad (expulsadas por cada mil habitantes) y presión (recibidas por cada mil habitantes), que muestran extremos en los índices hasta 2017. Un extremo es Bogotá, que presenta cero índice de intensidad y 0,002 índice de presión, frente al otro extremo que es el departamento del Guaviare, con 0,115 índices de intensidad y 0,114 de presión.

En la actualidad, la SAN como derecho universal de la población en condición de desplazamiento forzado se está vulnerando, lo que se traduce en inseguridad alimentaria y nutricional (INSAN) y en periodos de hambre de las familias. Los programas asistenciales en el país, según Sara Del Castillo, coordinadora del OBSSAN, no responden a una política estatal clara frente al problema.

Dificultades en el acceso a la educación y a servicios de calidad, además de trabajo mal remunerado e inestable y asentamiento en lugares de alto riesgo son las problemáticas que enfrenta esta población al salir de sus territorios de origen. Son pocos los estudios de análisis realizados sobre la SAN en población víctima de desplazamiento forzado en el ámbito nacional, por lo que es perentorio invitar a la investigación sobre el tema.

Según Sara Del Castillo, Mauricio Garzón y Marcela Gordillo, un estudio de 2007 señala que después del desplazamiento forzado el dinero se convirtió para las familias en un mediador fundamental para su alimentación, debido a “la pérdida de su tierra para producir alimentos, para la comercialización y el autoconsumo, lo que afectó negativamente la disponibilidad de alimentos”. Después del desplazamiento, varias de las familias han ido adquiriendo y aumentado sus gastos a causa del pago de arriendo, servicios públicos, educación, salud y transporte, entre otros.

Esta circunstancia genera recortes en el dinero destinado a la compra de los alimentos dentro del núcleo familiar y una disminución en su cantidad, variedad, calidad y consumo. Por otra parte, les obliga a endeudarse, a realizar actividades informales mal remuneradas, a pedir ayuda de familiares, parroquias, vecinos y, en última instancia, a la mendicidad como estrategia para mitigar el hambre.

Desde el punto de vista de las políticas públicas, la magíster en estudios políticos Marcela Gordillo, en su tesis sobre el tema realizada en 2010, plantea cómo el componente de SAN de la política de atención integral a la población desplazada se debe abordar de manera más integral. Así mismo, sugiere la necesidad de su reformulación para que vaya más allá del asistencialismo y logre el restablecimiento socioeconómico de las familias, de tal manera que puedan dejar su condición de desplazadas.

Después del desplazamiento forzado el dinero se convirtió para las familias en un mediador fundamental para su alimentación, debido a “la pérdida de su tierra para producir alimentos, para la comercialización y el autoconsumo, lo que afectó negativamente la disponibilidad de alimentos”.

Uno de los últimos estudios se realizó en Puerto Asís (Putumayo) en 2016. Según Ángela Luna, una de las principales problemáticas en SAN está en la dimensión de la seguridad humana y alimentaria. La investigación resalta la manera como la alimentación ha cambiado recientemente por la falta de oportunidades laborales, lo que impide tener una solvencia económica estable para garantizar una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada.

De esta forma se observa cómo el desplazamiento forzado por el conflicto armado afecta la SAN. En ese sentido, es importante verla mucho más allá que un concepto y disminuir las brechas de inequidad en Colombia y Latinoamérica. Es necesario romper el paradigma de la disponibilidad y el acceso de alimentos que plantea la Organización de Naciones Unidas, ya que en Colombia la asistencia alimentaria y la sobreproducción de alimentos no ha logrado solucionar la problemática de desnutrición, hambre e inequidad, y se encuentra lejos de hacerlo.

Por ello es importante ampliar el concepto de la SAN a una mirada que la entienda como derecho que debe garantizar el Estado y a partir de la cual la alimentación coadyuva a la vida y es precondición para los demás derechos.

Perfil

William Eduardo Escobar Rodríguez

Nutricionista dietista, estudiante de la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia. Amplia experiencia en atención a población víctima de desplazamiento forzado por conflicto armado. Activista por la paz y los derechos humanos.

Email
nd.williamescobar@gmail.com