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La reconstrucción desde una perspectiva etnográfica en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Hace 16 años, gracias al apoyo de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Caribe, así como de varios líderes raizales, pude poner en práctica los aprendizajes de varios años de estudios universitarios en la carrera de Antropología. En esta experiencia de terreno, utilicé la etnografía como medio para entender las demandas de autodeterminación raizal desde la perspectiva de sus propios actores.

Desde una mirada etnográfica, el o la observadora se esfuerza por entrar al universo cultural de las personas a quienes acompaña mediante la inmersión y un ejercicio de distanciamiento de sus propios marcos de referencia. Ahora, años después de esta experiencia y ante el desconcierto del desastre ocurrido en las islas por el paso del huracán Iota, pienso de qué manera estos aprendizajes podrían aportar a pensar la reconstrucción. Como hace 15 años, la crisis nos muestra que será solo desde la perspectiva de las y los isleños, solo dando un espacio central a sus voces y reclamos históricos, que cualquier reconstrucción será posible.


En efecto, una de las quejas constantes que escuché entre los miembros de la comunidad raizal fue la falta de escucha de parte del Estado colombiano. Los esfuerzos de colombianización que se iniciaron en las islas a inicios del siglo XX causaron una censura a las prácticas culturales locales como el creole, el inglés y la religión protestante.


A mediados del siglo, las medidas de integración tocaron el ámbito económico con el establecimiento del puerto libre en San Andrés. El turismo empezó a convertirse en la vocación económica de las islas y la tenencia de la tierra dejó de ser exclusiva de los habitantes locales. Con el tiempo, el turismo de compras de las primeras épocas del puerto libre fue dando un giro al de planes “todo incluido”, que dejan poco o nada a la economía local, enriquecen a grandes grupos hoteleros y contribuyen al deterioro ambiental del Archipiélago.


Aunque Providencia no estaba comprendida en la medida del puerto libre, las consecuencias de este modelo de desarrollo se sienten también allí. El fallo de La Haya en 2012 nos recordó esta sistemática falta de consideración del punto de vista local que, de acuerdo con miembros de la comunidad raizal, fue excluido de las argumentaciones del Gobierno colombiano durante el litigio.1 Más allá de los lamentos nacionalistas y patrióticos que tal decisión pudiera provocar, su gravedad radicó en que, con la pérdida de una parte importante del mar territorial, se acentuó la crisis de las actividades económicas tradicionales como la pesca.


El reconocimiento formal a la diversidad cultural de los habitantes del Archipiélago en la era del multiculturalismo llegó de la mano con algo que el maestro Jaime Arocha llamó el etnoboom: una “intensa promoción cultural y mediática de los patrimonios inmateriales de afrodescendientes e indígenas en Colombia” que, a su vez, los trivializa, exotiza y canibaliza, creando “cortinas de humo frente a las violaciones territoriales” que viven estos pueblos.2


No hace mucho tiempo, la publicidad turística de la Marca País Colombia sobre el Archipiélago invitaba a vivir una experiencia única de playa, cultura caribeña y actividades náuticas en un lugar habitado por nativos despreocupados y felices, que se mueven al ritmo del reggae. Desde los discursos de promoción turística, el Archipiélago es presentado como un lugar donde no pasa el tiempo, donde la vida carece de conflictos y cuyos habitantes forman parte de un paisaje que brinda al turista una experiencia única.3


El Archipiélago existe para el resto del país en términos del turismo y la inversión económica en las islas se orienta en este sentido. La historia de uno de los atractivos turísticos del norte de San Andrés, el paseo peatonal, revela esta situación; la vía de ladrillo de casi dos kilómetros corre paralela a la orilla de la playa más importante de la zona turística de la isla. La obra respondió a un modelo de recuperación del espacio público importado del interior del país, pero no necesariamente ajustado al contexto isleño. Días después de su inauguración en 2004, los asistentes a varias marchas subrayaron la falta de inversión en la infraestructura vial, hospitalaria y educativa del Archipiélago. 16 años después, la crisis continúa y se profundiza con el desastre.


Es momento de concederle una voz central a las demandas de los habitantes del Archipiélago. El papel de las instituciones del Estado, de la Universidad y del resto de la sociedad nacional debe ser el de acompañar las iniciativas civiles isleñas en su propia reconstrucción, evitando imponer soluciones y expertos externos, ajenos a las realidades locales. Después del desastre, no se trata solo de recuperar el patrimonio material perdido con respuestas venidas desde afuera, sino también de repensar la centralidad del modelo turístico depredador, que deja a las comunidades en una posición frágil ante eventos graves como los ocurridos este año: la pandemia de COVID-19 y el huracán Iota.

 


1 Ver, por ejemplo, Christian Chacón Herrera (2019) Participación de la etnia raizal en la política exterior colombiana después del fallo de La Haya de noviembre de 2012. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, tesis de Maestría en Estudios Políticos.

2 Jaime Arocha Rodriguez, “Afro-Colombia en los años post-Durban”, Palimpsestvs (5). Recuperado a partir de revistas.unal.edu.co/index.php/palimpsestvs/article/view/8056.

3 Nathalia Guevara (2018) “San Andrés Isla, Colombia. ¿Un “pequeño paraíso” en el Mar Caribe? Una aproximación crítica al discurso de promoción turística de la Marca País Colombia”, en Oehmichen, Cristina (Ed), Movilidad e inmovilidad en un mundo desigual: turistas, migrantes y trabajadores en la relación global-local. Ciudad de México: UNAM, 175-198.

Perfil

Nathalia Guevara Jaramillo.

Antropóloga y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México