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La participación en tiempos de crisis ambiental

El reciente discurso de la activista sueca Greta Thunberg, en la Cumbre sobre la Acción Climática ONU 2019, reitera el llamado de atención que muchos líderes y lideresas vienen haciendo frente a la crisis ambiental contemporánea, que se hace evidente no solo en que diversas especies animales se extingan antes de tiempo, sino también en la intensidad y los efectos de los eventos climáticos y dramas humanitarios asociados.

Por más de 30 años la ciencia ha sido clarísima. ¿Cómo se atreven a seguir mirando hacia otro lado y venir aquí diciendo que están haciendo lo suficiente, cuando la política y las soluciones necesarias aún no están a la vista? Greta Thunberg, discurso ONU 2019.
 

Los problemas no son nuevos, por el contrario, vienen evidenciándose de tiempo atrás, conforme se intensifican las dinámicas económicas al margen de consideraciones sobre los límites que impone un planeta con recursos finitos, contrario a ese ideal de desarrollo asociado con acumulación y crecimiento ilimitado, cuyo nacimiento se sitúa en el discurso inaugural del Congreso de Estados Unidos de 1949, por parte del ex mandatario Harry Truman.
 

El contexto de una Europa devastada por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, la polarización en ciernes de un mundo que se debatía entre dos modelos de gestión económica y estatal divergentes, entre otras variables, contribuyeron a posicionar enfoques en los que el bienestar se fue equiparando con los resultados económicos.
 

Los efectos no tardaron en manifestarse con problemáticas de escala planetaria como el adelgazamiento de la capa de ozono, el deterioro de la biodiversidad, los efectos ecológicos y en la salud pública atribuidos al uso de pesticidas, por mencionar los de mayor recordación.
 

Estos motivaron la realización de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, en la que se reconoce la relación entre el entorno natural y el bienestar humano como un tema de relevancia internacional que, con trabajo conjunto, debería ayudar a detener actividades como la caza comercial de ballenas, la prevención de descargas deliberadas de petróleo en el mar y regular el uso de energías, entre otras.
 

Sin embargo, los problemas persistieron a pesar de avances significativos como el Informe Brundtland (1987), la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas (Río de Janeiro, 1992), así como la adopción de tratados internacionales que tenían por eje central la noción de “desarrollo sostenible”, para adecuar los procesos económicos a ritmos que permitieran que las generaciones futuras disfruten de la oferta natural.
 

Lo anterior considerando que muchas de las actuaciones hechas bajo este enfoque, dejaron inalteradas las condiciones estructurales para revertir o –al menos– estabilizar los efectos que se desprenden de los crecientes procesos de extracción, transformación de materiales y energía, en función de las dinámicas económicas y los patrones de consumo predominantes.
 

No obstante, de modo paralelo a estos problemas, se configura  un contexto en el que diversas ciudadanías asumen mayor protagonismo, reflejado –a manera de ejemplo– en el Principio 10 de la Declaración de Río 92, en el que se menciona el derecho a la información, participación y justicia en temas ambientales, en la medida en que las comunidades y los actores con menor incidencia social en la toma de decisiones sobre los territorios que habitan, son quienes resultan más afectados con los cambios que operan sobre los mismos.
 

Este fue retomado en el Convenio de Aarhus de 1998, el cual definió qué se debe entender por “información ambiental”, que cobija todo factor que tenga o pueda tener efectos sobre el ambiente, dando cuenta de una preocupación creciente por parte de ciudadanías cada vez más conscientes de la relación entre la calidad de sus respectivos entornos con el bienestar percibido. Esto, sin que ello signifique que no se da importancia al valor de otros componentes de la naturaleza, como lo reflejan los movimientos animalistas.
 

Ahora bien, esa creciente movilización y emergencia de procesos organizativos en defensa del territorio y de sus elementos constitutivos no ha estado exenta de riesgos al contrariar la lógica económica predominante y los intereses de quienes se ven beneficiados con su despliegue, lo que se acrecienta en países con condiciones de fragilidad institucional que coinciden con los sitios en los que mayor victimización enfrenta este tipo de actores o colectivos.
 

Al respecto, son conocidas las cifras de Global Witness en relación con los 164 asesinatos de líderes y lideresas defensores del territorio durante 2018, de los cuales 24 ocurrieron en Colombia, la mayor parte de ellos atribuidos a intereses asociados con sectores de impacto como el minero.
 

De ahí la importancia de visibilizar las disputas que se dan en el plano local, muchas de las cuales logran resonancia mediática, pero otras tantas quedan en el silencio dictado ya sea por desinterés, poco cubrimiento de los medios o por procesos de neutralización de las resistencias y de expulsión de las poblaciones de sus territorios.
 

Para el contexto latinoamericano y caribeño, tal panorama confiere importancia al Acuerdo de Escazú –aún no suscrito por Colombia– que ratifica y promueve el contenido del Principio 10 de la Conferencia de Río, impulsando además medidas para la defensa de los líderes, cuya observancia ayuda a garantizar derechos como el de un ambiente sano, a la par que aportan en la sustentabilidad global considerando la estrecha relación entre la escala local, nacional y global del territorio.
 

Pese a la sensación de desaliento que deja el momento que hoy vivimos, aún se puede contribuir a cambiarlo desde nuestros hábitos, pero especialmente a través del acompañamiento a quienes enfrentan la amenaza de destrucción ecológica de sus entornos, para que su voz resuene como la de Greta Thunberg y aminoren esa sensación de abandono en la lucha que acometen que –por cierto– también es nuestra.
 

De ahí la urgencia de que el Gobierno Nacional firme el Acuerdo y brinde garantías reales, más allá del mismo, para quienes defienden el territorio.
 

Mire aquí el discurso de la activista sueca de 16 años en la ONU.

Perfil

Omar Clavijo

Investigador del Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA)

Instituto de Estudios Ambientales (IDEA)

Universidad Nacional de Colombia (UNAL)