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Ética profesional en salud, para algunos, no para todos

La deontología1 se define como el “conjunto de principios y reglas que han de guiar una conducta profesional. [...] El código de ética y deontología constituye el conjunto de preceptos de carácter moral que aseguran una práctica honesta y una conducta honorable a todos y cada uno de los miembros de la profesión”.

La Ley 1164 de 2007 establece que el talento humano en salud está conformado por todas las personas que intervienen en los procesos de promoción, educación e información de la salud, y en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad. Aunque este cuenta con las respectivas leyes del ejercicio profesional, los códigos de ética y la consecuente creación de tribunales de ética profesional o deontológicos, solo a algunos de estos profesionales les son destinados recursos públicos para su funcionamiento; nos referimos específicamente a los tribunales para Médicos, Odontólogos y Enfermeras (el orden está dado por la aparición cronológica de la financiación estatal).


Pareciera que uno de los criterios para formular políticas públicas en el control ético profesional en salud no ha sido el de la inclusión, sino, por el contrario, el de la exclusión. Aunque han pretendido justificar el trato discriminatorio en el tan trillado discurso de los “recursos escasos” o el de “favorecer a unas mayorías” –es decir, a los que tengan mayor número de egresados en ejercicio–, ambos criterios son economicistas y obedecen a lógicas de riesgo-beneficio, de modo que a mayor riesgo (por mayor número de egresados), mayores recursos para su vigilancia y control ético.


Es posible que esos argumentos resulten funcionales para la lógica del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), cuyo enfoque de aseguramiento impone el lenguaje económico y prestacional, y para lo cual el Gobierno nacional previó un subsistema de vigilancia y control administrativo de la Superintendencia Nacional de Salud y de las Secretarías departamentales, distritales y municipales de salud, en términos de garantía de calidad en la prestación de los servicios de salud; sin embargo, ese control no es del acto profesional ni de pares, de colegas en pro del ejercicio ético y del decoro profesional, que tiene un enfoque basado en los derechos humanos de los profesionales y de los pacientes (aquí no son usuarios).


En su artículo 26, la Constitución Política de Colombia de 1991 consagra la “libre escogencia de profesión u oficio” y reconoce la “libre asociación en colegios u organizaciones profesionales”. Esta disposición es el derrotero de un marco de formación, gestión y ejercicio aplicable al talento humano en salud, tanto de nivel profesional como auxiliar; en el caso de los primeros se basa en la autonomía profesional, cuyos desarrollos se gestaron a través de las leyes –de naturaleza ordinaria– que regulan el ejercicio de las respectivas profesiones y de la ya citada Ley 1164 de 2007.


Las profesiones del área de la salud: bacteriología, optometría, terapia física, terapia respiratoria, terapia ocupacional, fonoaudiología, instrumentación quirúrgica, nutrición y dietética, química farmacéutica y psicología con enfoque clínico, tienen leyes que regulan su formación y ejercicio deontológico, las cuales crearon los “tribunales éticos o deontológicos”, nacionales y seccionales, que se conformarían por particulares en ejercicio de la función pública, es decir, los pares de la profesión con reconocida idoneidad profesional y moral en el ejercicio. Sin embargo, no todos corrieron con la suerte de los médicos, odontólogos y enfermeros de disponer de recursos públicos para la puesta en marcha y funcionamiento de tribunales.


Cabe precisar que la financiación de los tribunales nacionales se efectúa con cargo al Presupuesto General de la Nación –en cabeza del Ministerio de Salud y de la Protección Social–, que los incluye en su desagregación de gasto anual, mientras que la financiación de los tribunales departamentales, seccionales o distritales afectan autónomamente los recursos de las respectivas entidades territoriales.


Legalmente, la fuente de dichos gastos en orden cronológico según la profesión son:

  • para medicina: su tribunal nacional se creó y ordenó financiar mediante la Ley 23 de 1981, mientras la Ley orgánica 715 de 2001 –que contiene disposiciones relacionadas con la competencia de las entidades territoriales– ordena la disposición en sus presupuestos de los recursos necesarios destinados al funcionamiento de los tribunales departamentales o seccionales, y previó la financiación territorial de los de medicina.
  • para odontología: su tribunal nacional se creó y ordenó financiar mediante la Ley 35 de 1989, mientras la Ley 715 de 2001 previó la financiación territorial.
  • para enfermería: su tribunal nacional se creó y ordenó financiar mediante la Ley 266 de 1996, mientras la Ley 715 de 2001 (modificada parcialmente por la Ley 1446 de 2011, con ese exclusivo propósito), previó la financiación territorial.
  • para bacteriología: mediante la expedición de la Ley 1193 de 2008 se atendió la necesidad de crear los tribunales ético-profesionales, al modificar parcialmente la ley que regula su ejercicio, expedida cinco años atrás.


Sin embargo, de manera injustificada en la misma ley se previó que la financiación de los tribunales se haría con recursos propios de la organización sin ánimo de lucro Colegio Nacional de Bacteriología, situación inédita en la historia de la regulación del talento humano en salud. Valga señalar aquí que incluso profesiones como las ingenierías y afines, a través del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), y hasta los abogados con el Consejo Superior de la Judicatura, disponen de indiscutidos recursos públicos para el control ético profesional.


A nivel de ley estatutaria, la Ley 1751 de 2015 consagró la salud como un derecho fundamental autónomo, recogió pronunciamientos de la Corte Constitucional, orientados hacia la autonomía profesional para ser ejercida en el marco de esquemas de autorregulación, ética, racionalidad y evidencia científica, acentuando la prohibición del abuso en el ejercicio profesional que atentara contra la seguridad del paciente, so pena de ser sancionada por los tribunales u organismos profesionales competentes y por los organismos de inspección, vigilancia y control en el ámbito de sus competencias.


Precisamente a efectos de posibilitar el ejercicio de autorregulación y autocontrol de profesiones como la Bacteriología, es menester procurar el financiamiento de los respectivos tribunales deontológicos, tanto los de nivel nacional, como departamentales y distrital; lo cual sólo es viable en la medida en que se imprima un tratamiento equitativo al de otras profesiones del área de la salud, que cuentan con tribunales éticos o deontológicos en funcionamiento, financiados con recursos públicos nacionales girados por el Ministerio de Salud y que ascienden a:

El control deontológico en observancia de principios constitucionales, como el del debido proceso, prevé la doble instancia, de modo que las decisiones tomadas por los tribunales deontológicos de nivel seccional, departamental o distrital, puedan ser discutidas en ejercicio del recurso de apelación, en segunda instancia por el respectivo tribunal nacional. Así lo dispone la Ley de Bacteriología, por ejemplo.


Esa garantía constitucional que se orienta hacia la seguridad jurídica comporta que tanto los tribunales seccionales como el nacional estén operando, de lo contrario la nación y las respectivas entidades territoriales propiciarían un riesgo antijurídico ante la posibilidad de ser demandadas por omisión en dichas garantías, si no es que ya lo están gestando.


Recordemos que el control deontológico profesional está inspirado –además de la autorregulación y el autocontrol profesionales– en un ejercicio con decoro y respeto hacia los colegas y los pacientes propios de la prestación de un servicio público esencial, como el de la salud y la efectividad en la garantía del ejercicio de un derecho fundamental a la salud, entendida esta última en una noción integral y sistémica, más que en una mera ausencia de enfermedad.


Hoy en día hay más de 30.000 bacteriólogos y bacteriólogas en ejercicio, pese a su denodada labor y clara vocación de servicio, han sido invisibilizados y desconocidos, han cobrado mayor vigencia y relevancia a propósito de la pandemia Covid-19, su imprescindible papel en la fase diagnóstica y de tratamiento de la enfermedad, debe ser valorada, hagamos un homenaje a su decoroso desempeño.


Consulta aquí el proyecto de Ley No. 380 de 2020, radicado en Secretaría General de la Honorable Cámara de Representantes. “por medio del cual se modifica parcialmente la Ley 715 de 2001 y otras disposiciones.”

 


1 Vidal Casero, María del Carmen. (2017). Información sobre códigos deontológicos y directrices sobre ética. Revista Bioética y Ciencias de la Salud, 5(4). Recuperado de https://www.bioeticacs.org/iceb/seleccion_temas/deontologia/codigos_deontologicos.pdf

Perfil

Diana Hincapié Cetina.

Abogada, magíster en Derecho Constitucional, doctoranda en Derecho, y docente Universidad Nacional de Colombia (UNAL)

Investigadora del Grupo Repensar el Derecho

Email
dmhincapiec@unal.edu.co