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    El SOS en Tumaco

Catorce personas asesinadas en las dos primeras semanas del año advierten sobre lo que será 2018 si se siguen aplazando las medidas para atender la situación cada vez más deteriorada y violenta del municipio de Tumaco (Nariño).

Según la Defensoría del Pueblo, en 2017 se cometieron 222 asesinatos, es decir 46 % más que los ocurridos en 2016, reportados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Para los organismos del Estado son hechos que obedecen a la disputa por el control territorial que se libra entre organizaciones como el ELN, las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y otros grupos rezagados del paramilitarismo o de la delincuencia organizada que operan en zonas urbanas y rurales.

La verdad es que la situación se debe ver desde una perspectiva diferente, pues lo que ocurre es el reflejo de la casi total falta de capacidad del Estado para ejercer su soberanía, lo que se expresa en la precariedad de los indicadores de desarrollo del municipio. Eso sí, si se entiende la soberanía como algo que va más allá de la presencia militar.

Tumaco es un municipio de cerca de 200 mil habitantes, con predominio de población afrocolombiana (88,8 %) e indígena (5,1 %). El 48,74 % de quienes habitan en la zona urbana vive con necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el 16,73 % en condiciones de miseria. La situación es todavía más dramática en la zona rural, donde el 59,32 % de su población padece de NBI y el 25,90 % vive en condiciones de miseria.

Estas tasas son de lejos superiores a las del departamento de Nariño, que llegan al 26,09 %, y a las nacionales que son del 27,78 % . El índice de pobreza multidimensional (IPM) es de 84,5 % para toda la población del municipio, con un 74 % en la parte urbana y un 9,3 %, en la zona rural .

Peor el remedio que la enfermedad

El envío de 2.000 soldados, con el que el Gobierno inauguró sus acciones para 2018, es una respuesta que preocupa porque no ofrece nada nuevo y porque al final puede resultar peor el remedio que la enfermedad. Está comprobado que la militarización, lejos de ser una solución eficaz y definitiva a los problemas, puede exacerbar la situación de violencia y generar nuevos hechos de desplazamiento de sus pobladores, que son quienes al final tienen que buscar cómo sobrevivir al fuego cruzado de aquellos que convierten sus lugares de vivienda y de trabajo en escenarios de guerra, incluidas las fuerzas del Estado.

La problemática también es producto de un modelo de explotación esencialmente extractiva de los recursos naturales, que ha llevado a su degradación antes que a generarle retorno y valor agregado, y que mantiene a la mayoría de sus habitantes en el desempleo, la informalidad o en actividades económicas ilícitas, parte de lo cual explica su dramática situación.

El refuerzo del Ejército será insuficiente sin medidas que ataquen integralmente una problemática con profundas raíces sociales y producto del abandono de un Estado con fuertes rezagos centralistas que ha descuidado no solo a este si no a la mayoría de los municipios de la Costa Pacífica, pese a su importancia estratégica y a su abundante y variada riqueza natural y cultural.

La problemática también es producto de un modelo de explotación esencialmente extractiva de los recursos naturales, que ha llevado a su degradación antes que a generarle retorno y valor agregado, y que mantiene a la mayoría de sus habitantes en el desempleo, la informalidad o en actividades económicas ilícitas, parte de lo cual explica su dramática situación. En este modelo de explotación, no de desarrollo, tienen origen diversas modalidades de exclusión, traducidas en concentración de la propiedad de la tierra , despojo, desplazamiento, agotamiento del mercado interno y transformación abrupta de la vocación productiva.

La ausencia del Estado fue precisamente la que posibilitó el florecimiento y la extensión –hasta niveles prácticamente inmanejables– del cultivo de hoja de coca, que terminó sustituyendo los productos de comercialización o consumo tradicionales. Poco a poco estos se han ido acabando ante la falta de una infraestructura que potencie su desarrollo y los consolide como verdaderas fuentes de vida de sus habitantes.

Impacto del cultivo de hoja de coca

Tumaco tiene el innoble privilegio de ser el primer productor de hoja de coca, con 23.148 hectáreas sembradas, que corresponden al 16 % del total producido en el país, según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc).

Este panorama alimenta los niveles de conflictividad y soporta la existencia de los grupos que se disputan el control de las rentas ilícitas, quienes muestran una capacidad superior a la del Estado para ejercer un poder que ha permeado la institucionalidad y las formas de vida e integración social. Esta situación es sumamente costosa para comunidades que, por su tradición cultural, fundan sus fuentes de supervivencia en el ser y el quehacer colectivo.

Y es que –aunque no se reconozca– la política con que se ha intentado hacerle frente a esta problemática, basada fundamentalmente en el despliegue de las fuerzas del Estado y la erradicación de los cultivos, ha sido hasta ahora un rotundo fracaso, tanto en Tumaco como en cualquiera otro de los municipios del país.

Es cierto que con las propuestas de erradicación se han formulado iniciativas de sustitución, una modalidad que en teoría tendría mejores resultados porque conlleva la implementación de alternativas para que los campesinos encuentren opciones para retornar a cultivos que los alejen de la producción y el comercio de ilícitos.

En medio de la quiebra ética que se vive en el país es difícil actuar contra un producto al que le ha sido fácil romper las barreras que pudieran impedirle moverse en la ilegalidad, incluidos los cordones de seguridad de las autoridades civiles y militares, algunos de los cuales terminaron más bien formando parte de sus escudos de protección.

Lo anterior sin dejar de mencionar las enormes ventajas con las que cuenta para su producción y comercialización, que son las mismas de las que carecen los productos de uso y consumo tradicional de la zona. Estos beneficios son:

  • Mercado asegurado
  • Fácil acceso a insumos
  • Redes de distribución
  • Precios normalmente al alza
  • Mano de obra disponible
  • Pago en efectivo y contra entrega
  • Elevados porcentajes de rentabilidad

Es cierto que con las propuestas de erradicación se han formulado iniciativas de sustitución, una modalidad que en teoría tendría mejores resultados porque conlleva la implementación de alternativas para que los campesinos encuentren opciones para retornar a cultivos que los alejen de la producción y el comercio de ilícitos, y que además son una forma distinta de entender la problemática y las propuestas de solución que implica construir acuerdos con las comunidades y el compromiso del Estado de disponer del apoyo financiero, técnico, logístico y de las condiciones de seguridad que las hagan viables.

No obstante lo anterior, también es cierto que estas no han funcionado porque las condiciones complejas en las que se han tratado de implementar no suelen responder a situaciones urgentes, como cuando los campesinos deben lograr los recursos diarios para su subsistencia.

 Así mismo porque estamos frente a un Estado que no cuenta con la capacidad institucional ni la solvencia fiscal para hacer una intervención de tan costosa factura luego de tantos años de atraso, menos aún sin la confianza de las comunidades que una y otra vez reclaman por el reiterado incumplimiento de los cientos de acuerdos que han firmado durante los últimos años.

Incapacidad burocrática

Si de capacidad institucional se trata, nos referimos a la existencia de un entramado burocrático local, departamental y nacional incapaz de armonizar el tejido social, construir significaciones colectivas y crear lazos vinculantes entre las comunidades y entre estas con el Estado; que arrastra las inercias de un pasado desde el que ha estado permeada por las élites y que hoy, peor aún, ha sido cooptada por las mafias y la corrupción. En fin, que avanzadas dos décadas del siglo XXI no reúne las condiciones que la pongan a la altura de los requerimientos de un nuevo modelo de gobernanza moderno, trasparente y eficiente, que dé reconocimiento y legitimidad a las actuaciones del Estado.

En la confusión de esa institucionalidad se sostiene la hegemonía de unos sectores originados en el bipartidismo, hoy difuso en una gama variopinta de representaciones personalizadas que enlodó el ejercicio de la política y negó la posibilidad de que otros sectores y formas de representación cobraran vida. De esta forma se frenó el desarrollo de una cultura democrática que se expresa en:

  • Los bajos niveles de participación ciudadana.
  • El clientelismo.
  • El nepotismo.
  • La compraventa de votos.
  • El asesinato sistemático de quienes intentan emerger con propuestas alternativas surgidas de organizaciones sociales y comunidades marginadas.

La solución al problema de los cultivos de uso ilícito es imperativa para consolidar la paz y recuperar el orden y el tejido social y productivo de Tumaco. Sin embargo debe originarse en una perspectiva que le salga al paso a la continuidad del proyecto militarista en cabeza de los grupos paramilitares, las organizaciones guerrilleras, las bandas delincuenciales e incluso del Estado, que hoy se reafirma con la operación “Éxodo 2018”.

Se trata, entonces, de fortalecer la capacidad institucional del Estado y establecer medidas que den forma a un proceso de:

  • Recuperación del tejido social y productivo.
  • Mejoramiento de la infraestructura pública.
  • Acceso a servicios básicos de uso colectivo.
  • Ampliación del espectro democrático que se traduzca en la apertura de canales de diálogo y concertación.

Todo esto para dar lugar a agendas viables en las que el Estado tenga claro cómo disponer de los recursos físicos, humanos, técnicos y financieros y ofrecer las garantías de seguridad que esto demanda. Es lo que finalmente constituye un proceso de restablecimiento de condiciones que solo será posible con horizontes de mediano y largo plazo.

Lo anterior sin perjuicio de que se fijen medidas dirigidas a resolver factores que deban ser resueltos en el corto plazo, pero que en todo caso se deben entender como parte de una ruta que inevitablemente debe conducir al establecimiento de soluciones duraderas.

Se deben imponer los fundamentos de una ética civil y que implica considerar el conflicto en una órbita que nos habla de la quiebra de un modelo de sociedad y de sus formas de supervivencia. Pero, sobre todo, una ética que se asuma como el nuevo norte a alcanzar en el ejercicio de la política y que se base en el cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar su realización, máxime cuando se trata de quienes desde posiciones críticas reivindican su derecho a ser, a pensar y a actuar diferente, sin que ello implique el sacrificio de sus vidas.

Perfil

Orlando Ortiz Medina

Economista de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana. Analista en temas políticos y económicos y trabaja con organizaciones de cooperación internacional en áreas de desarrollo territorial, derechos humanos y formulación de políticas públicas. Experto en formulación, seguimiento y evaluación de proyectos, con amplio conocimiento en trabajo con comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas en diferentes regiones de Colombia.

Email
orodos15@gmail.com