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El negacionismo ante la informalidad en el país

La recurrente práctica colombiana de invitar a expertos extranjeros a aconsejarnos sobre las medidas de política que se deben adoptar pretende justificarse con el argumento de recibir la transferencia de las mejores prácticas internacionales, pero resulta exótico que se crea que un agente externo pueda tener o lograr en breve plazo un cabal conocimiento de la realidad del país, mejor que la que pueden aportar académicos investigadores y diseñadores nacionales de política pública.

Al analizar la confrontación del Gobierno de Alberto Lleras Restrepo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el economista canadiense Lauchlin Currie concluyó que “debe elogiarse la actitud del Fondo durante la confrontación de 1967, cuando prefirió aceptar lo esencial de la política, y dejar que los méritos los tomaran otros y quedar como impopular en aras de que se hicieran las reformas requeridas”1.


Pareciera que las autoridades saben de antemano lo que quieren hacer, pero buscan legitimar esa decisión con el aval de un actor externo: de hecho, las recomendaciones del invitado internacional resultan coincidentes con las expresiones ya conocidas, de autoridades y gremios.


El economista Santiago Levy, director de la Misión de Empleo en el país, considera equivocada la pregunta: ¿la informalidad resulta de la baja productividad o la baja productividad resulta de la informalidad? A su juicio la pregunta correcta es ¿qué factores en el entorno institucional de Colombia generan simultáneamente la alta informalidad y la baja productividad?
 

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Después de determinar su propia hipótesis ya incluida en la pregunta, concluye que la protección social de Colombia está construida alrededor de las regulaciones laborales, pues aspectos básicos como pensiones, salud, educación infantil y protección contra el desempleo dependen de las regulaciones laborales. Sin embargo, la conclusión de Levy frente a ese diagnóstico es que se debe modificar la protección social.


Tras considerar que existe un régimen de pensiones segmentado, poco eficaz y regresivo; un sistema de salud segmentado y subsidios cruzados de empresas y trabajadores formales al resto de la sociedad; alta incertidumbre, y protección deficiente al desempleo, el funcionario concluye que hay poco valor de la formalidad respecto de sus costos.


Su conclusión central es que en Colombia hay un sistema de “impuestos a la formalidad y subsidios a la informalidad”, que castiga al sector más productivo y premia al más improductivo. Su sugerencia de que se debe gravar a los individuos de altos ingresos para subsidiar a los de menores ingresos no parece corresponderse con las altísimas y extendidas exenciones a empresas y a personas de alto ingreso.


En el examen Saber PRO de la carrera de Economía se incluye un módulo sobre competencias ciudadanas, común a todas las profesiones, el cual busca evaluar el conocimiento que todos los profesionales tienen del funcionamiento del Estado. Ahora surge la duda acerca del fundamento legal y constitucional de propuestas como la que hizo un alto directivo del Banco de la República para que el salario se ajuste por la inflación esperada, como se impuso en el pasado con el argumento de utilizar la reducción del salario real como ancla antiinflacionaria.
 

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Una duda similar surge cuando se ve la propuesta del experto en demandas de trabajo Jorge Pérez en la Misión de Empleo, de “no aumentar el salario mínimo por productividad en el siguiente (o siguientes dos años) de manera que no crezca en términos reales”.

Al intentar descifrar el sentido de la propuesta de omitir la productividad en el aumento salarial es obligatorio preguntarse si saben que eso es contrario al concepto de la Corte Constitucional en el sentido de que forzosamente se debe considerar la inflación causada para proteger la capacidad adquisitiva del salario y se debe agregar el incremento de la productividad al aumentar el salario.


De manera similar, la analista Cecilia López se ha cuestionado si a la propuesta de pagar por debajo del salario mínimo y omitir el aporte a pensiones y a las cajas de compensación le faltó una página, pues debería explicarse: ¿cómo adoptar medidas que contravienen el ordenamiento legal?2.


En la mayoría de sus presentaciones, Levy se refiere sistemáticamente al “capital humano” y nunca a las personas, trabajadores o clase productiva como lo llamaban clásicos de la envergadura de Smith y Ricardo. Así elude el necesario reconocimiento de los derechos de las personas porque temas como la salud ocupacional; los derechos de asociación, negociación y huelga; la protección de la maternidad; la eliminación de trabajo infantil; y la superación de la inequidad de género se derivarían del principio conceptual de que son personas quienes trabajan.


Como ha puesto de presente el economista Eduardo Sarmiento, los que decidieron la apertura económica pretendieron que el país se especializara en la producción de los bienes de mayor productividad relativa –que se pueden elaborar más fácilmente– y que son los que tienen menor demanda y productividad absoluta en los países de mediano desarrollo. Por eso los altos niveles de crecimiento industrial que se presentaban antes de la globalización dejaron de ocurrir y se opera con bajos salarios y alto desempleo estructural –por encima del 10 %–, desde antes de la pandemia, como expresión del déficit en cuenta corriente, por el alto nivel de importación de bienes de consumo.
 

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Después de tres décadas de haber apostado por una inserción del país en el mercado internacional basados en las ventajas comparativas de bienes primarios, ahora aparece el reclamo por la baja productividad, en boca de los mismos que desfinanciaron Colciencias –varios directores renunciaron ante el recorte presupuestal que les aplicaron– y redujeron el presupuesto de tecnología y ciencia a niveles inferiores a países de similar desarrollo.
 

Y ahora se pretende cobrarles a los trabajadores la supuesta responsabilidad de decisiones estratégicas que han resultado en el desmantelamiento del aparato industrial y en la reprimarización de la economía nacional.
 

Es notable la afirmación de Levy en el sentido de que las reformas no deben hacerse en medio de la crisis y que las mismas deben derivarse de un acuerdo social. No obstante, esto no se ve reflejado en las decisiones de política laboral adoptadas por fuera de la Comisión de Concertación de políticas sociales y laborales, (de origen constitucional), donde deben procesarse esas medidas, por mandato legal.

 


1 Cerec,1984.

2 https://www.elespectador.com/opinion/les-falto-una-pagina/

Perfil

Beethoven Herrera Valencia.

Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)

Vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (ACCE)