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El “Cartel de la toga” o cómo adaptarse a las redes de corrupción del país

Creer que la corrupción política se debe a un ejercicio de “malas conductas” es renunciar a la posibilidad de profundizar en la compleja dimensión de una problemática ampliamente estudiada desde diferentes disciplinas.

Aunque la corrupción se presenta en diferentes esferas de la sociedad, su impacto económico y político se ha estudiado especialmente en el sector público. En tal sentido, no solo afecta el desarrollo económico de un país, sino también el político, entre otros.

Según las investigadoras de Dejusticia, Vivian Newman y María Paula Ángel, entre 2009 y 2016 en el sistema penal oral acusatorio se registraron 3.966 casos relacionados con delitos de diversas formas de corrupción. De ese total, más del 75 % se asoció con cohecho por dar u ofrecer, omisión del agente retenedor o recaudador, peculado por apropiación y concusión. Según las expertas, estos casos representan el soborno, la apropiación de bienes públicos y privados, y la extorsión.

En el mismo periodo se encontró que de 1.663 sanciones disciplinarias imputadas a alcaldes del país, el 22 % se vinculó con alguna forma de corrupción, en especial con el nepotismo y la apropiación de bienes públicos y privados.

Además el fenómeno de la corrupción política no solo se produce y reproduce por condiciones institucionales, sino también por factores sociopolíticos y culturales, entre los que se destacan la debilidad institucional del Estado, el clientelismo y el narcotráfico.

Estructura de redes

Como la corrupción constituye un fenómeno político y social, puede ser vista a la luz de la economía. La escuela de Public choice (teoría de la elección pública), pionera en vincular la economía con la política a través del Estado, se enfoca en analizar las decisiones tomadas en grupo con respecto a las legislaciones, el clientelismo, las elecciones, el análisis en el comportamiento de quienes votan, etc.

La premisa fundamental de la teoría sugiere que el comportamiento de los funcionarios públicos (entre ellos los políticos) es “maximizador” del presupuesto público: orientado a los intereses propios, para luego sí concentrarse en el bienestar social; es decir, la estructura del Estado actual genera atractivos para forjar grupos de interés, que a su vez buscan representación dentro del mismo Estado para consolidar sus intereses privados. Algo así como: “me invitan, formo parte y luego tomo”.

Desde tal perspectiva, la corrupción política, entendida como captura de recursos públicos, es un fenómeno basado en la habilidad y en la capacidad de adaptación estratégica de los políticos y de los funcionarios públicos que, en función del mismo poder que les otorga la estructura socioeconómica cultural, ponen en práctica el saber-hacer corrupto: clientelismo, alto nivel de abstención, gran desconocimiento de los procesos políticos, compra y venta de votos, etc.

Así, tales acciones corruptas se fortalecen por la conformación de redes que profundizan el impacto de la corrupción en el funcionamiento del Estado, lo cual sin duda obliga a cambiar la mirada sobre este flagelo de una mera visión estratégica individualista, hacia otra enmarcada por una estructura de redes.

Adicional a lo anterior, en el marco de sistemas democráticos con bajo control social por parte de los ciudadanos (léase constituyentes primarios), se produce otro tipo de prácticas que potencian las redes y la corrupción existentes, como son el clientelismo y el favorecimiento judicial.

El primero fortalece las maquinarias políticas que buscan “manejar” el voto popular en los procesos electorales, concretando el poder territorial para preparar la captura de recursos, y el segundo apunta a un proceso de “manejo” del riesgo que hacen los políticos y los funcionarios públicos, amparados por los funcionarios judiciales que definen las sentencias en casos de corrupción probada. Esta encumbrada red refuerza la idea sobre la “capacidad” estratégica de las prácticas corruptas, sobre todo en el caso colombiano.

Adaptación estratégica de la corrupción

En Colombia, en el proceso de adaptación estratégica de las redes de corrupción y clientelismo se percibe una estructura que les permite a los agentes vinculados, por ejemplo, realizar una estrategia de cobertura en riesgo. Esta estrategia facilita desestimar el papel de la justicia penal o disciplinaria en las investigaciones sobre actos de corrupción probados.

Lo anterior evidencia la compleja realidad estructural del problema de la corrupción en el país, que encuentra, por ejemplo en el “Cartel de la toga”, una dinámica que vincula a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, abogados litigantes ante esta y aforados (funcionarios públicos que, debido a su cargo, son juzgados por un juez o tribunal especial, diferente al de un ciudadano común), una expresión de la notable adaptación estratégica de las redes de corrupción y clientelismo en Colombia, ya que optaron por generar una red ilegal (paralela) que permite realizar una cobertura en riesgo, ante la posibilidad de detección y captura por procesos de corrupción o clientelismo.

La corrupción, vista como una estructura en red, define varios niveles de dichas prácticas: redes corruptas para cooptar rentas públicas desde los diferentes niveles del orden político territorial (local, regional y nacional), y redes corruptas para burlar el papel de la justicia penal en casos de corrupción probados (o en proceso de investigación) –“Cartel de la toga”– lo cual configura un entramado en red que va más allá de “malas conductas”.

De hecho, la corrupción política es uno de los principales desafíos para países como Colombia, ya que facilita toda una estructura que llega a dañar las instancias significativas del Estado, permitiendo al mismo tiempo no solo la operación de dichas redes, sino su indefinida reproducción. Lo más paradójico es cómo se avanza en la legitimación social de dichas estructuras y prácticas corruptas, pues al buscar perdurar en el tiempo, algunos agentes de aquellas redes de corrupción aparentemente cumplen con ciertos objetivos de su mandato brindando la impresión de un alto desempeño gubernamental, para luego ampliar sus capturas ilegales de recursos ocupando cargos de mayor discrecionalidad presupuestal y generando una suerte de corrupción benevolente.

Este panorama, asociado con los múltiples desafíos sociales del país, reafirma todo un escenario de trampas de pobreza, ya que dichas estructuras de corrupción política operan con mayor impacto en territorios marginales, lo cual impide revertir allí los índices de alta vulnerabilidad social

Perfil

Diego Javier Gómez Calderón

Economista y magíster en Economía Aplicada de la Universidad del Valle, profesor de Economía, de la Universidad Libre Seccional Cali y de la Especialización en Gestión Pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD