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El 25 noviembre: Día internacional de la No Violencia contra la Mujer

El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal apaleadas dieron su vida convencidas de su papel transformador que como mujeres tenían a nivel político ante la dictadura de Trujillo en su país, República Dominicana (1930-1961). Aquel día, Patria, Minerva y María Teresa fueron encontradas asesinadas a garrotazos en un acantilado.

Veintiún años más tarde, durante el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, se establece en Colombia el 25 de noviembre como el “Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer”.

El evento convocó a 200 mujeres latinoamericanas en Bogotá, con el fin de intercambiar experiencias, opiniones, identificar problemas y evaluar las distintas prácticas desarrolladas, así como planear tareas y proyectos hacia el futuro;  en un acuerdo final se determinó que la tarea del feminismo latinoamericano se encontraba en el compromiso con los procesos de cambios sociopolíticos profundos y con las poblaciones más oprimidas y se propuso la organización de acciones contra la violencia que sufre la mujer en toda la región.

Desde entonces, la conmemoración del 25 de noviembre, en homenaje a las hermanas Mirabal, se convirtió en una oportunidad para denunciar la violencia de género en diferentes espacios políticos; ejemplo de ello fue el 25 de noviembre de 1985, cuando un colectivo de mujeres bogotanas decidió expresarse frente a la Toma del Palacio de Justicia, distribuyendo un documento llamado Una derrota a la Vida, donde se proponía el diálogo permanente.

Pero será en 1999, cuando se amplíen los espacios de acción a nivel internacional, al presentar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la petición de la República Dominicana con apoyo de 60 países más, de declarar el 25 de noviembre como el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. La declaración a su vez invita a los gobiernos, organismos y a las organizaciones a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto a este problema.

En esta misma vía, Colombia ha suscrito varios tratados internacionales orientados a la garantía de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia a la mujer; es de recordar que estos tratados internacionales poseen un rango constitucional, lo que obliga al Estado colombiano a tomar acciones específicas, ya sea a través de la adopción de leyes y la implementación de políticas públicas.

Así, por ejemplo, el gobierno Turbay ratificó mediante la Ley 051 de 1981, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), este tratado internacional de las Naciones Unidas obliga al Estado colombiano a enfrentar la discriminación, en especial adoptar medidas eficaces para combatir toda violencia contra la mujer.

De igual manera, en diciembre de 1995, el gobierno Samper ratificó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer – Convención de Belém do Pará, mediante la Ley 248. La Convención obliga al Estado condenar todas las formas de violencia contra la mujer por medio de políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.

Por su parte, en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se abrió paso la agenda política sobre los derechos de las mujeres, varios de los cuales quedaron consignados en la nueva Constitución Política de Colombia. A partir de allí se formularon políticas públicas para las mujeres, algunas de las cuales que no tuvieron procesos de implementación exitosos ni lograron alcanzar el objetivo de eliminar de la violencia contra la mujer.

Posteriormente, surgieron nuevas iniciativas como la Mesa de trabajo para la elaboración de una ley integral por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias a principios de los años 2000. La Mesa fue conformada por diversas plataformas y organizaciones de mujeres, así como por organismos, instituciones y académicas, quienes deciden construir colectivamente una propuesta conjunta de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y presentarla ante el Congreso Nacional.

En el año 2006, se conformó en el Congreso la Comisión accidental bicameral por la defensa de los derechos de la mujer, más conocida como la bancada de mujeres; a través de ella se impulsaron tres temas claves de la agenda: violencia contra la mujer, participación de las mujeres en los partidos políticos y consolidación de la Comisión. Esta bancada impulsó el proyecto de ley sobre la violencia contra las mujeres logrando convertirlo en ley en 2008.

La Ley 1247 de 2008 que define las formas de violencia contra las mujeres y busca la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia es el triunfo de un proceso de participación política colectiva muy importante por parte de las organizaciones de mujeres y las congresistas.

A pesar de este gran esfuerzo mancomunado, los avances legales no se compadecen con la realidad; en los últimos años se ha presentado un aumento en el número de casos de violencia contra las mujeres. El feminicidio de Rosa Elvira Cely en 2012 vuelve a poner el tema en la agenda pública gracias a la movilización de las organizaciones de mujeres.

El fenómeno del feminicidio ya era reconocido como tipo penal de asesinato en varios países latinoamericanos, incluso en México, donde existe uno de los mayores índices de muertes violentas de mujeres.

Así, el Centro de Investigación en Justicia y Estudios Críticos del Derecho (Cisjusticia) junto con la abogada Isabel Agatón, lograron dar forma a un proyecto de ley que reconociera el feminicidio en Colombia, el cual fue radicado a dos meses de la muerte de María Elvira Cely, este no pasó en el Congreso. Fue sólo hasta mediados de 2015 que se crea el tipo penal feminicidio como delito autónomo por medio de la Ley 1761 de 2015.

Sin duda, se trata de un avance producto de las luchas sociales, no obstante, todavía hace falta mucho por lograr en el camino de eliminar toda forma de violencia contra las mujeres.

Perfil

Jenniffer Montañez Tovar.

Estudiante Maestría en Estudios Políticos, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), Universidad Nacional de Colombia. Zootecnista e Ingeniera Topográfica. Tiene experiencia en la defensa de los derechos y oportunidades para las mujeres y en procesos de la No Violencia contra las Mujeres.