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Control fiscal: en defensa del patrimonio público

En estos días hace curso en el Congreso de la República un acto legislativo que modifica el control fiscal en Colombia, y frente al hecho de la escasa cobertura de la vigilancia fiscal que solo revisa el 20 % de la contratación, y al ínfimo volumen de recursos recuperados (0,4 %), se ha traído de vuelta la discusión sobre la mejor manera de optimizar la vigilancia sobre la ejecución de los recursos públicos.

En ese contexto es bueno traer a colación la experiencia de protección de recursos que logró la Contraloría General de la República haciendo uso del “control de advertencia” que existía antes, pero que fue eliminado por la Corte Constitucional.

El proyecto de Asociación Guajira A, entre la Texas Petroleum Company y Ecopetrol, se celebró el 31 de mayo de 1974 con una duración de 31 años y una participación del 50 % de las partes en la inversión y en la producción, y posteriormente se establecieron las regalías para el Estado del 20 % de la producción.

El 8 de febrero de 2003, cuando se acercaba la reversión, Ecopetrol firmó el Contrato para Producción Incremental con la Texas, pero la Contraloría advirtió que dicha extensión significaba un grave riesgo para el patrimonio público, porque además de rebajar las regalías del 20 al 8 % del volumen producido, Ecopetrol estaba en capacidad de asumir la explotación directamente sin necesidad de dicha extensión. Así se lo comunicó la Contraloría  al ministro de Minas y Energía de ese entonces, Luis Ernesto Mejía, como una función formal de advertencia.

En ese documento la Contraloría  argumentaba que la mencionada propuesta no significaba un incremento real de la producción, y que siendo los riesgos comercial y tecnológico bajos, Ecopetrol podría asumirlos, porque además tenía la suficiente liquidez para hacerlo.

El ministro Mejía respondió expresando dudas sobre la base legal de posición de la Contraloría y considerando que Ecopetrol no tenía espacio fiscal para desarrollar el proyecto ampliado. Ante esa divergencia de criterios, la Presidencia de la República acordó con la Contraloría elevar ante el Consejo de Estado una consulta para definir si el contrato con Ecopetrol tenía la naturaleza de “incremental” que permitiera rebajar las regalías, y, en consecuencia, si era viable prorrogar la concesión o que fuese Ecopetrol quien asumiera la explotación del campo.

El 31 de julio de 2003, el Consejo de Estado –con ponencia de la magistrada Susana Montes– manifestó:

La extensión del contrato constituye una medida racional y lógica [sí y solo sí] la evaluación de estos nuevos compromisos y de estas cesiones tienen un mayor valor presente neto que los ingresos netos que tendría la nación si optara por el mecanismo de la reversión o la explotación directa [y agregó:] pero, es claro que se debería manejar bajo su propia naturaleza, esto es, como una extensión del contrato y no como producción incremental.

Al acoger el concepto del Consejo de Estado, el Ministerio de Minas y Ecopetrol acordaron la extensión del contrato de asociación, abandonando la figura de “producción incremental” y manteniendo el porcentaje de las regalías en el 20 %.

El 4 de abril de 2005 Chevron-Texaco y Ecopetrol suscribieron el otrosí número 3 al contrato, otorgando a Ecopetrol mayor participación en las utilidades del proyecto si se presentaban precios del gas superiores a 1,26 dólares por kilo pie cúbico de gas, y menor participación si se presentaban precios de gas inferiores a 0,91 dólares por kilo pie cúbico de gas. En esas condiciones, Ecopetrol obtuvo utilidades adicionales de 207,9 millones de dólares entre 2005 y 2010.

Perfil

Beethoven Herrera Valencia

Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)

Vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (ACCE)