Es difícil imaginar que hace poco más de un siglo San Andrés de Tumaco –municipio nariñense ubicado en la esquina suroccidental del país– fuera uno de los epicentros mundiales más importantes para la exportación de oro, madera o caucho hacia destinos tan lejanos como la China.
 

El olvido histórico del Estado colombiano con esta región del Pacífico se aprecia en cada esquina, al recorrer sus calles encharcadas, los deteriorados edificios del centro donde palpita la ciudad en medio del ruido irritante de los pitos de las motos, o al contener la respiración cada vez que el mar golpea con fuerza las estacas de madera de esas casas que amenazan con desplomarse cuando entre gritos y carcajadas sale corriendo algún grupo de niños que juega a “la lleva”.
 

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Este puerto de 253.637 habitantes cuenta con enormes potenciales en pesca, biodiversidad y talento humano, pero desde hace décadas sobrevive preso del temor por las acciones del delito, el narcotráfico, el terrorismo y la ausencia del Estado. Para comprender su historia de exclusión se debe fijar la mirada en el periodo colonial, cuando el Reino de la Nueva Granada trajo africanos esclavizados para laborar en las minas de oro de los piedemonte de la cordillera Occidental; la extracción de este mineral fue tan exitosa que el municipio se convirtió en el mayor productor y exportador en el siglo XVIII.
 

Cuando colapsó el dominio hispánico y se dio el proceso de independencia, se intentó mantener el proyecto esclavista en condiciones republicanas; sin embargo esto no fue posible pues los afrodescendientes se fueron apropiando del territorio y la República se construyó al otro lado de la cordillera y los consideró como personas incivilizadas, “gente de monte” sobre quienes el desarrollo del país no tuvo expectativa.
 

Así, la geografía y la condición socio racial coincidieron en un discurso de exclusión que no le dio importancia a este territorio. Un ejemplo fue la Comisión Corográfica, dirigida en el siglo XIX por el geógrafo Agustín Codazzi, quien en sus notas describió como “grupos salvajes” a los pobladores negros de la región.

El historiador Óscar Almario, profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, señala que desde la formación de la República los territorios del Pacífico afrontaron exclusión y racismo: “a comienzos del siglo XX el interés por el desarrollo de nuevos proyectos auríferos y la construcción de puertos como los de Buenaventura y Tumaco hizo que el litoral volviera a cobrar cierta importancia”.
 

Paraíso en medio del caos

La imponente geografía de esta parte del sur del país que relaciona sierra y costa, posee 10 ríos que desembocan en la rada de Tumaco, y una línea de manglar donde se forman laberínticos esteros.
 

En este escenario la población que había sido esclavizada encontró una forma diferente de ocupar el territorio a espaldas del país, sin apoyo del Estado ni de ninguna institución. El investigador Almario relata que un año después de promulgada la Constitución Política de 1886, y como un proyecto que buscaba controlar a las poblaciones del litoral, el Estado firmó un concordato con la Santa Sede, en la que le entregó a la Iglesia católica los territorios nacionales: Orinoquia, Amazonia, Pacífico y buena parte de la Costa Atlántica. 
 

Así, el país se partía en dos: por un lado la Región Andina con presencia del Estado, y por el otro las regiones cuya población era mayoritariamente afrodescendiente e indígena.

“En el Pacífico la Orden de Agustinos Recoletos fue la encargada de establecer un proyecto civilizatorio cristiano, que, orientada desde Pasto por el obispo fray Ezequiel Moreno, intentó transformar la cultura ribereña de los descendientes africanos y de los grupos indígenas para ejercer un mejor control; ello con la construcción de capillas y escuelas, e implementado cambios en sus tradiciones, trabajo y formas de relacionarse”, amplía el historiador.

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La presencia eclesiástica y la riqueza natural hizo que durante las primeras décadas del siglo XX Tumaco viviera un periodo de bonanza, pues el caucho vegetal que abundaba entonces era apetecido en los mercados mundiales; las maderas finas, la tagua y el balso, que proliferaban en sus bosques sirvieron para construir los salvavidas de la Primera Guerra Mundial. Era tan evidente el dinamismo comercial y la exportación de productos naturales, que allí existieron varios consulados de distintos países.
 

No obstante, aquellos tiempos de abundancia terminaron hacia los años treinta y décadas posteriores con la crisis económica mundial en la posguerra y la aparición de los derivados del petróleo, que reemplazaron el caucho vegetal por los plásticos que hoy conocemos.

Discriminación y economía extractiva

Para el profesor Almario, “la prevalencia de modelos económicos extractivos es la razón por la que Tumaco ha sido históricamente excluida del proyecto de nación. El problema de la economía extractiva es que se toma de la naturaleza una oferta limitada sin transformar nada hasta que esta se agota, y solo deja un ambiente destruido y a las poblaciones empobrecidas”.
 

Después de estos ciclos extractivos reiterados que produjeron bonanzas efímeras, la población quedó más empobrecida y centrada en Tumaco, por lo que perdieron la relación con la tierra y no pudieron vivir más de ella como lo hacía el pueblo ribereño, dependiente de la pesca. Por tanto, surgió una pobreza urbana a merced de la manipulación religiosa y política.
 

Según el experto, esto convierte a Tumaco en un lugar en disputa, dado que es un espacio donde el movimiento portuario es llamativo para ciertas actividades. “Se podría decir que con la madera de sus bosques y la explotación aurífera se construyó medio país, pero al municipio no le quedó nada, solo pobreza y marginación; incluso al recorrer algunos esteros cercanos se encuentra maquinaria abandonada, planchones y cables”.

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Intentos inconsistentes

El docente señala que aunque se suponía que la globalización permitiría la conexión entre países, regiones, ciudades y puertos, en Tumaco esta se ha dado así: en vez de ser, por ejemplo, un espacio con un sector pesquero consolidado y tecnificado, se ha convertido en un clúster del narcotráfico, siendo la cocaína el único producto que tiene una cadena productiva completa: siembra, cosecha, raspado, cristalizado, pastificación y exportación.  “Tristemente la cocaína es el único producto exitoso en Tumaco”, subraya.

Los demás intentos de desarrollo económico han sido fracasos de un Estado que insiste en hacer presencia solo a través de la fuerza pública en situaciones críticas. 

Mientras tanto, los tumaqueños siguen sin encontrar una opción de sustento distinta a sembrar coca, aunque con la pesca o el cacao podrían tener mejores rentabilidades.
 

Al problema de los cultivos ilícitos se suma la debilidad institucional, social y privada que ha permitido que grupos ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) invadan el territorio con intereses de carteles internacionales, llenando los vacíos dejados por las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
 

Este escenario provoca hoy dramas humanitarios como el asesinato de 52 líderes sociales en 2019, o que, según la Defensoría del Pueblo, el 39 % de los desplazados del país sean del Pacífico. Para el historiador de la unal, “el Pacífico es una bomba de tiempo [...], por lo que el país necesita de manera imperativa el diseño estratégico de un plan de desarrollo sistemático que no sea de gobiernos o partidos políticos, sino de Estado, y que se pacte con las comunidades, de manera que en unas décadas se pueda producir una transformación de fondo de estos territorios.
 

Cabe recordar que el propósito del “enfoque étnico” de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es garantizar el cumplimiento del marco de derechos reconocidos a los pueblos étnicos y la identificación de la diversidad cultural de la nación colombiana. “No se puede permitir el fracaso de lo acordado”, afirma el docente.
 

Sin embargo, aunque Tumaco y todo el Pacífico colombiano parecieran estar condenados a la exclusión, el historiador Almario considera que “es necesario seguir apostando para que haya verdad, justicia y reparación; la tarea del pueblo colombiano es rodear estos territorios con solidaridad. Si allí se impone la lógica del fracaso estos territorios serán mucho más pobres y mucho más tristes en el futuro inmediato”.

Los diferentes ciclos extractivos (caucho-tagua, madera, palma-camarón, coca) han sido impulsados por capitales foráneos para satisfacer demandas de mercados externos. Sus operaciones han supuesto procesos de acumulación de riqueza que engrosan las fortunas de empresas e individuos ajenos a la región.
 

Además han implicado la extracción intensiva de recursos naturales o la destinación de tierra para monocultivos que escapan al control de las poblaciones locales, mayoritariamente afrodescendientes.
 

En Tumaco, lo que hasta finales de los años noventa eran calles y puentes atiborrados de vecinos en las puertas de sus casas, el lugar para los puestos de frituras, de numerosas sonoridades que contrastaban, y los niños corriendo por doquier o lanzándose al mar cuando la marea así lo permitía, hoy son escenarios en los que predomina el silencio y el encierro. Pocos se atreven a recorrer –especialmente en las noches– las desérticas calles de ciertos barrios o sus laberínticos puentes. Saben que, en determinados sectores, hay ojos vigilantes apostados en la oscuridad, lugares prohibidos al paso.
 

En solo tres décadas, esta ciudad portuaria se ha convertido en uno de los más brutales escenarios de guerra, en donde diferentes actores se disputan descarnadamente el control del casco urbano y de las zonas rurales. 
 

En el Pacífico sur, el negocio de la coca se ha asociado con el florecimiento de grupos armados que han agenciado procesos de intimidación y despojo como parte de sus prácticas de control sobre los lugares y poblaciones, y que han golpeado con particular fuerza a los sectores afrodescendientes más empobrecidos. La coca se produce para mercados globalizados, a partir de economías extractivas que desprecian la vida humana y el entorno natural.
 

El desplazamiento forzado de cientos de personas, horrorizadas por los asesinatos y las amenazas, ha significado el abandono de casas y fincas en gran parte de los ríos, esteros y playas de la región. Un abandono orquestado por la implementación de una economía del terror, desplegada por grupos paramilitares y sus herederos, guerrillas y sus disidencias, Ejército-Policía y bandas delincuenciales en nombre del control del espacio y del “bienestar” de las poblaciones. 
 

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En el casco urbano, los que han huido de la barbarie devienen en “desplazados”, engrosan los asentamientos marginales y se enfrentan a la miseria. La ebullición de grupos armados es la punta del iceberg de la más pujante economía cocalera. Con la concentración más alta de cultivos de coca en el país, asociada con unas condiciones geográficas favorables para su procesamiento y para su transporte en lanchas rápidas y submarinos artesanales rumbo a los mercados del norte, el Pacífico nariñense se ha consolidado en la última década como el epicentro del narcotráfico. 
 

Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), en 2017 solo al municipio de Tumaco se le atribuían unas 23.148 hectáreas, cerca del 16 % de los cultivos de coca del territorio nacional.

La coca, con sus dinámicas de despojo y violencia, es el más reciente y visible capítulo de un proceso que se remonta al menos al siglo XIX, cuando se articularon diferentes ciclos extractivos que se han desplegado apropiándose de las riquezas de esta región y de sus gentes. Llamar la atención sobre estas improntas contribuye a entender los anclajes más profundos de las particularidades de Tumaco en la actual escalada de la muerte.

Caucho y tagua, el primer ciclo extractivo

Tumaco, localizado en el extremo sur del Pacífico colombiano, es uno de los tres centros urbanos más importantes de esta región; más significativo en términos poblacionales y económicos que las antiquísimas Barbacoas e Iscuandé, aunque no siempre fue así. En el periodo colonial, cuando el lavado de las arenas auríferas mediante trashumantes cuadrillas de esclavizados era el eje del modelo productivo y de poblamiento, estos dos municipios fueron los centros económicos y de poder local de mayor importancia.
 

El primer ciclo extractivo en el que Tumaco participó como protagonista se dio en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX con el auge de la extracción forestal del caucho y la tagua, cuya comercialización en los mercados europeos y norteamericanos permitió la consolidación de casas de comercio ligadas a las metrópolis.
 

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En el contexto de este auge extractivo, la llegada de múltiples extranjeros se facilitó además con la apertura del canal de Panamá, que significó el arribo regular de líneas navieras al  puerto como una escala más en el recorrido de los barcos desde el sur del continente americano hasta sus destinos en el Viejo Mundo.
 

Así mismo, ante el quiebre del modelo económico colonial y el declive de Barbacoas e Iscuandé, algunos de los antiguos propietarios de las minas del área de Barbacoas vieron mayores posibilidades en el puerto y se asentaron allí. Estos extranjeros y antiguos propietarios de minas consolidaron una élite comercial blanca que caracterizó el Tumaco de los albores del presente siglo.

Auge de la exportación de madera arrasó los bosques tumaqueños

Para mediados de siglo XX, la explotación de madera se consolidó como la protagonista de un segundo ciclo extractivo. De hecho, los nombres de empresas como Maderas y Chapas de Nariño, Wood Mosaic, Iberia, Exportadora Ltda., Madeco, Infoco y Exporfin aún se encuentran en la memoria de los tumaqueños. La mayoría de estas eran de inversionistas extranjeros, entre los cuales se destacaban los capitales norteamericanos y españoles.
 

En estas décadas Tumaco fue el gran exportador del país de madera aserrada y el segundo de madera en bruto, después de Turbo. Los barcos llegaban al puerto para transportarla hasta Norteamérica y Europa. Para finales de los años ochenta la industria se había transformado, desplazando sus ejes extractivos hacia otros lugares –como Bocas de Satinga– y orientándose hacia el mercado nacional que ha tenido a Buenaventura como su principal centro de acopio.
 

La palma y la concentración de la tierra

El cultivo de la palma aceitera y la camaricultura son las dos actividades más destacadas del tercer ciclo extractivo en la historia de Tumaco, que despunta en la década de 1990. Aunque hay algunos pequeños propietarios, e incluso algunas familias negras tienen sembríos en sus fincas, la palma es un monocultivo que se produce industrialmente en grandes extensiones de tierra, desde donde salen las toneladas del fruto que alimentan a diario las plantas extractoras.
 

Esto significó un cambio sustancial en la propiedad y la destinación de los suelos. El grueso del capital invertido en el cultivo de la palma africana era foráneo tanto de los grandes como de los pequeños productores; sin embargo, a diferencia de la industria maderera de exportación, este no provenía del exterior sino de otras regiones del país como el Valle del Cauca y Cundinamarca, de donde también provenía la mayor parte de los recursos económicos para la camaricultura. Solo unas pequeñas empresas comunitarias pertenecen a gente de la región.
 

El empobrecimiento de los afrodescendientes es un hecho histórico, resultado de las particulares formas en las que se han articulado localmente estos ciclos extractivos que los han despojado de sus propiedades ancestrales en las zonas rurales y los han convertido –junto con los sectores marginados del casco urbano– en unos “condenados de la tierra”. En las barriadas tumaqueñas, donde los jóvenes encuentran su lugar en estas economías de la muerte, se cristalizan esas historias de despojos y violencias.

En Colombia la situación de guerra y violencia cambió significativamente después de la firma del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” entre la antigua guerrilla de las FARC y el Estado. A pesar de las acciones armadas tanto del eln –en sectores reducidos del país– como de grupos armados del narcotráfico (neoparamilitares) y de estructuras de la antigua guerrilla desmovilizada, es innegable que la disputa armada se ha reducido. Lo mismo ocurre con las muertes de combatientes, los desplazamientos y otros hechos de violencia, lo cual refleja un avance positivo nacional.
 

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Sin embargo en algunas regiones parece que la situación no ha mejorado; es el caso de Catatumbo, Arauca, Bajo Cauca antioqueño, Chocó, Guaviare, Cauca y Tumaco, donde se evidencia no solo un incremento en la violencia y en la confrontación armada, sino también la aparición de nuevos grupos insurgentes y un incremento de las economías ilegales como el cultivo de coca y la minería ilegal.
 

Llevar las rentas del Acuerdo de Paz a estas regiones es uno de los principales retos que debería afrontar el actual gobierno; infortunadamente la situación va en letargo.
 

Para entender por qué persisten la violencia y el conflicto armado en Tumaco, una investigación financiada por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (Capaz) indaga sobre la memoria geohistórica del conflicto y la violencia en la región entre 1990 y 2018. El estudio combina la geolocalización de varios indicadores de violencia y de la confrontación armada aplicando métodos cualitativos como el trabajo de campo y las entrevistas.
 

El punto de partida es la suposición de que el territorio se debe reconocer como un elemento estratégico en la interacción de los diferentes actores armados, la cual gira alrededor de la extracción de rentas ilegales. A continuación se presentan los principales hallazgos de la primera fase de la investigación, que fueron publicados en la página web del Instituto Capaz y en la revista Conflict, Security & Development, del King’s College de Londres.
 

Ubicación privilegiada, pero para la ilegalidad

Entre las importantes ventajas geoestratégicas que explican la presencia constante de actores armados ilegales en el municipio están su condición de frontera y su vasta selva húmeda; contar con autopistas fluviales como la de los ríos Patía, Telembí, Rosario, Mejicano, Chagüí y Mira, y con un acceso al océano Pacífico; disponer de una vía pavimentada que lo comunica con las regiones Andina y Amazónica de Colombia, y ser un puerto marítimo. Estas características, en vez de facilitar su desarrollo social, económico y político, han atraído las actividades de las guerrillas, los grupos paramilitares y el crimen organizado.
 

Los desplazamientos masivos son más frecuentes que antes y se concentran en la Ensenada de Tumaco afectando a las comunidades aledañas al río Mejicano, en especial al pueblo indígena Eperara Siapidara, el cual se encuentra confinado.

La confrontación armada y la violencia

El narcotráfico hizo presencia en Tumaco desde la década de 1990, inicialmente como corredor de la pasta base traída de otras regiones de Colombia, su procesamiento en cocaína y transporte hacia el exterior por vía fluvial y marítima. Esta operación estaba a cargo del Cartel del Valle del Cauca y su centro de operación era el corregimiento de Llorente (hacienda Vaquería), en zona rural del municipio. 
 

Para entonces, los niveles de violencia y confrontación eran muy bajos comparados con los registrados en el resto del país, pues el Cartel de Cali era hegemónico y no tenía competencia en la región.
 

Esta situación cambió a comienzos de la década de 2000. Con el desplazamiento de los cultivos de coca como consecuencia del Plan Colombia, la expansión general de los grupos paramilitares en gran parte del país, el fracaso de la negociación con las FARC (1998-2002) y el inicio de las operaciones del Plan Patriota, se presenta un despliegue territorial tanto de la siembra de cultivo de coca como del conflicto armado hacia esta región. Mientras las fuerzas del Estado persiguen a las guerrillas, los paramilitares se consolidan en áreas estratégicas para comercializar y transportar drogas e insumos.
 

El Bloque Libertadores del Sur de las autodefensas se posiciona en el área urbana de Tumaco y sobre la vía, hasta el corregimiento de Llorente y el corredor fluvial del Bajo Mira y la vía a Barbacoas. Esta estructura entra en disputa con las FARC, que habían consolidado su presencia con la Columna Móvil Daniel Aldana sobre gran parte del territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera; la Columna Mariscal Sucre, sobre la vía al mar del corregimiento de Llorente hacia la cordillera, y el Frente 29, sobre el río Patía, el Telembí y la llanura pacífica.
 

A partir de entonces y hasta hoy, desde Llorente se organiza el narcotráfico que va por la carretera y por el río Mira hacia la convergencia entre el litoral y la frontera con el Ecuador y la salida al mar.
 

A medida que se incrementa el cultivo de coca, otras estructuras al mando de narcotraficantes entran en escena. Catalizados por la ausencia y el abandono del Estado colombiano, los niveles de disputa y violencia hacia la población civil aumentan, en especial hacia los pueblos afrocolombianos e indígenas.
 

En 2005 se registra la desmovilización del Bloque Libertadores del Sur que operaba en esta región, e irrumpen las “bandas criminales”, estructuras emergentes como Los Rastrojos y el Clan del Golfo. 
 

Al mismo tiempo las FARC buscan consolidar los espacios dejados por las primeras. En este contexto, la violencia se recrudece, con inmensos costos humanitarios e impactos en los pueblos étnicos. En efecto, 2007 fue el año de mayor violencia registrada en Tumaco, incluso mayor que la actual. La tasa de homicidio en el municipio fue de 157 por cada 100.000 habitantes (hpch), cuatro veces por encima del promedio nacional (39,2 hpch). Lo anterior también explica la afectación territorial tan concentrada sobre los entornos del área urbana de Tumaco y las proximidades a la vía de acceso al municipio desde Llorente.
 

Para 2012, las FARC habían logrado una importante consolidación en la región. Se habían establecido como un actor hegemónico, absorbiendo o aniquilando a las estructuras criminales que le competían.
 

Mientras Los Rastrojos, muy debilitados, mantenían cierto control sobre sectores de la vía desde Llorente hasta Tumaco, en Barbacoas, área urbana de Tumaco, lo tenía el Clan del Golfo. En Tumaco los cultivos de coca se dispararon a partir de 2013, al pasar de 6.611 a 16.046 hectáreas en 2019, convirtiéndolo en el municipio con mayor número de plantaciones. Al mismo tiempo, los niveles de violencia decrecieron significativamente, debido a dos aspectos principales: los efectos de las negociaciones de paz en La Habana y el sometimiento de Los Rastrojos por parte de las FARC.
 

Después de la desmovilización de las FARC, se presenta un fenómeno de fragmentación y aparición de nuevas estructuras armadas. La dinámica es muy similar a los efectos de la desmovilización de las autodefensas en 2005.

Corredor estratégico para la economía ilícita

Para explicar la situación actual de violencia y conflicto armado en Tumaco se deben considerar dos factores relevantes: primero, el incremento de los cultivos de coca desde 2013, y segundo las condiciones geohistóricas de algunos territorios estratégicos articulados en la economía de la coca: el corregimiento de Llorente, la región del Alto Mira y Frontera, la vía desde Junín hasta Tumaco y los corredores fluviales de los ríos Mira, Telembí, Patía, Rosario, Mejicano y Chagüí.
 

Después de la desmovilización de las FARC, se presenta un fenómeno de fragmentación y aparición de nuevas estructuras armadas. La dinámica es muy similar a los efectos de la desmovilización de las autodefensas en 2005.
 

Hoy, un foco de presencia de nuevos actores armados se da en el Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera y en las cuencas de los ríos Mejicano, El Rosario y Chagüí. Los nuevos grupos están conformados especialmente por exguerrilleros: el Frente Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho hasta su muerte en diciembre de 2018, y las Guerrillas Unidas del Pacífico bajo el mando de alias David, muerto en combate en septiembre del mismo año. 

Un segundo núcleo se despliega en espacios donde –entre 2007 y 2011– estuvieron Los Rastrojos o el Bloque Libertadores del Sur, esto es en el entorno de Llorente, en la carretera y aún en el casco urbano de Tumaco. Así las cosas, los mismos escenarios, corredores y territorios que desde la década de los noventa usó el Cartel de Cali, siguen siendo objeto de control.
 

El escenario de fragmentación que se vive en el área rural del municipio también se expresa en el perímetro urbano, el cual ha sido objeto de control por los actores armados ilegales, con enfoque en los barrios estratégicos para la operación del narcotráfico: las zonas de procesamiento de alcaloides y los corredores estratégicos para el embarque de mercancías y la entrada de insumos.
 

Hoy los enfrentamientos toman especial fuerza porque no hay una única estructura con la capacidad de articular ese diverso conjunto de intereses. Tanto la violencia contra la población civil como la confrontación armada son manifestaciones de las luchas por el control de estos espacios que tienen un valor estratégico para las economías ilícitas.
 

Incremento de homicidios y desplazamiento forzado

Con la disputa marcada por el enfrentamiento entre estructuras disidentes de las FARC se ha incrementado la violencia desde hace cuatro años. Si se comparan 2016 y 2019, se evidencia un incremento del 37 % en la tasa de hpch, y un aumento del 100 % en víctimas por minas antipersonales (36 víctimas). 

La situación actual en Tumaco es tan compleja, que el desplazamiento forzado registra un aumento del 52 % en 2019 frente a 2016. Los desplazamientos masivos son más frecuentes que antes y se concentran en la Ensenada de Tumaco afectando a las comunidades aledañas al río Mejicano, en especial al pueblo indígena Eperara Siapidara, el cual se encuentra confinado. Así mismo, han afectado a comunidades afrocolombianas del río Chagüí, quienes se trasladaron hasta el área urbana de Tumaco y en este momento han iniciado su retorno.
 

A diferencia del pasado reciente, cuando los desplazamientos masivos se relacionaban con la confrontación armada entre las fuerzas del Estado y los grupos regulares, el enfrentamiento actual en las zonas rurales de Tumaco se presenta entre grupos ilegales, todos residuales de las antiguas FARC y mezcla de narcotraficantes. El centro de gravedad de esta disputa armada sigue siendo Llorente. 
 

El Frente Oliver Sinisterra sigue haciendo presencia en la región del Alto Mira y Frontera y se ha expandido hacia el río Telembí, debilitando al grupo Guerrillas Unidas del Pacífico. En dicha zona siguen actuando grupos narcotraficantes, especialmente articulados por alias Contador, quien hasta el momento de su reciente captura financiaba a algunos de estos grupos para obtener el control de la pasta base y por ende del procesamiento del alcaloide y posterior embarque al exterior.
 

La atomización de los grupos residuales después de la muerte de alias Guacho y alias David explica la situación de confrontación. No obstante, en 2019 bajaron los niveles de homicidio frente 2018, y esto también se ve reflejado en el área urbana de Tumaco, situación que se podría explicar por el posible frágil acuerdo de no agresión entre los grupos ilegales en este territorio, establecido después de la muerte de los jefes de las disidencias.

El Pacífico colombiano concentra la mayor diversidad biológica por unidad de área en el planeta, aunque siempre que se piensa en este factor la mirada se torna hacia la Amazonia. Esta riqueza endémica dialoga con el componente humano que se caracteriza por la pluralidad étnica y cultural de los pueblos indígenas awá, eperara siapidara, katio, chamí, wounaan, embera dobidá y tule; del pueblo afrocolombiano con sus múltiples expresiones, y de los asentamientos de moradores del interior del país.
 

En el Pacífico también está el área más grande de territorio colectivo titulado a la población afrocolombiana, que junto con los resguardos indígenas conforman un área aproximada de 7 millones de hectáreas separadas del mercado, pues se caracterizan legalmente por ser inalienables, imprescriptibles e inembargables.
 

En el caso específico del municipio de Tumaco (Nariño), la titulación colectiva se refleja en 15 resguardos indígenas conformados por 72.912 hectáreas, y a su vez existen 15 títulos colectivos de comunidades negras con 175.570 hectáreas. Según los datos del Plan de Desarrollo 2016-2019 de la Alcaldía, esto representa el 19 % de los indígenas en relación con el área municipal y el 46,47 % de la población afrocolombiana, para un total de titulación colectiva étnica del 65,5 %.
 

Desde mediados de los años noventa esta región se constituyó en el último escenario de ampliación y copamiento del conflicto armado que aún no termina en el país a pesar del Acuerdo Final de Paz vigente entre las FARC y el Gobierno. En ese lugar la violencia ha mostrado su degradación y profundización más severas, poniendo en crisis los procesos étnico-territoriales de construcción de autonomía territorial y política por parte de los consejos comunitarios de las comunidades negras y los cabildos indígenas con sus organizaciones.
 

Sin embargo estos pueblos se han apropiado de la construcción de paz, por ello han tomado muy en serio la aplicación del Capítulo Étnico del Acuerdo. Dentro de este ejercicio se ha hecho necesario aportar al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, a través de la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico (CIVP), creada por organizaciones sociales para trabajar de manera complementaria con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. 
 

Esta tiene el propósito de dilucidar el daño causado al territorio en el marco del conflicto armado, entendiendo y asumiendo que este es el conjunto de la vida biológica y cultural, y que por ende es un ser vivo y sujeto de derechos; por ello se parte del principio –según sus cosmovisiones– de que la principal víctima es el territorio.
 

Abandono del Estado

Para llevar a cabo este ejercicio investigativo de la CIVP, el territorio se ha organizado en 10 subregiones: 5 en Chocó, 1 en el Valle del Cauca, 1 en Cauca y 3 en el Pacífico nariñense, estas últimas conformadas así: Telembí (municipios de Roberto Payán, Magüí y Barbacoas) Sanquianga (Santa Bárbara, El Charco, La Tola, Olaya Herrera y Mosquera) y Pacífico sur (Francisco Pizarro y Tumaco).
 

Dichas subregiones presentan indicadores sociales que reflejan el histórico olvido de la región por parte del Estado. Los datos recogidos por el secretario de pastoral social de la Diócesis de Tumaco muestran que en Sanquianga el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es del 81 %, en Telembí del 76 % y en el Pacífico sur del 50 %, lo cual refleja las dificultades para el acceso a derechos como la educación, la salud, el agua potable, el saneamiento básico, la vivienda y el empleo.
 

En cuanto a la cobertura en educación, en la zona del Telembí es del 5,50 %, en Sanquianga del 5,7 % y en el Pacífico sur del 12,7 %. En calidad educativa estos municipios están cinco puntos por debajo de la media departamental.
 

Con respecto al agua potable, los municipios del Pacífico nariñense presentan una cobertura por debajo del promedio departamental, que está en 67,7 %, en Telembí es del 18,67 %, en Sanquianga del 6,16 % y en el Pacífico sur del 35,1 %. La evidencia de los datos convierte estas carencias en la simiente de un conflicto que parece interminable.
 

Desplazamiento, desapariciones y asesinatos
 

El esclarecimiento de la verdad sobre el daño al territorio en Nariño constata que aunque Tumaco concentra la atención de lo que acontece en el departamento, también refleja el conjunto del conflicto armado en todas las subregiones. Este municipio es el ejemplo más claro de lo compleja que ha sido la consolidación del posacuerdo en Colombia; aunque allí se construyó un espacio territorial de capacitación y reincorporación (etcr), tanto los excombatientes como las deserciones y los cumplimientos del Gobierno lo han ido desconfigurando.
 

La fuerza pública no tuvo en la región una ocupación organizada y efectiva de los territorios dejados por las FARC, aunque se sabía que desde hace tres décadas el flagelo del narcotráfico golpeaba intensamente este territorio. La realidad que afronta el puerto nariñense es una de las razones por las que la violencia no se haya detenido con la firma del Acuerdo de Paz, sino que, por el contrario, se haya ampliado, pues se liberó y se diversificó el control de los cultivos. Ello ha provocado una mayor desestabilización, como lo indican los datos que registra la CIVP en un documento entregado el pasado 7 de enero al presidente de la República, Iván Duque Márquez:
 

Los habitantes la Región Pacífica nariñense, en especial los líderes sociales, afrontan el incremento de los hechos de violencia y la violación a los Derechos Humanos, como lo reflejan los hechos sucedidos entre octubre de 2019 y enero de 2020: el asesinato el 30 de octubre en el corregimiento La Guayacana de Huber Cortes Vallecilla, fiscal de la Junta del Consejo Comunitario Unión de Cuenca del municipio Roberto Payán, adscrito a la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales de Nariño (Asocoetnar).
 

El desplazamiento forzado de unas 100 familias el 29 de noviembre de 2019; los enfrentamientos entre grupos armados los días 5 y 6 de diciembre en el municipio de Roberto Payán que provocaron el desplazamiento de 300 familias; son algunas del miedo, el desarraigo y la zozobra que provocan tales hechos en la población negra e indígena de esta región; además de la violación a sus derechos personales y como grupo étnico.
 

Otro foco sobre el cual se debe centrar la mirada es la desaparición forzada, cuyos datos ascendieron en 2018 a 577 de personas, como lo ha registrado el Centro Nacional de Memoria Histórica.
 

No obstante tales hechos, hay acciones que están contribuyendo a aminorar los efectos del posacuerdo en la región, como por ejemplo el acompañamiento que lidera la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco al proceso de desmovilización de un grupo de jóvenes agrupados en pandillas urbanas al servicio de los diversos actores violentos. Este, como otros esfuerzos realizados por diversas organizaciones sociales, indica que las comunidades locales siguen creyendo que la construcción de paz negociada es el camino propio para superar este conflicto prolongado.

En Tumaco, la gran expansión de cultivos de palma africana y de coca ha conducido a que la tierra destinada a la producción de alimentos y a los cultivos de pancoger (cacao, plátano, borojó, pepean o chontaduro, entre otros) haya disminuido notablemente. Esta situación ha potenciado la inseguridad alimentaria y nutricional, aumentando la dependencia de productos externos y limitando el acceso de las comunidades a un ingreso económico estable.
 

Puedes ver: Las otras caras de Tumaco.

El municipio nariñense afronta la misma dolorosa realidad de hace una década, cuando el Obssan de la UNAL llegó al territorio: la violencia generada por el narcotráfico. El panorama es tan complejo hoy, que a finales de enero pasado la Alcaldía tuvo que declarar la “emergencia humanitaria y social” después de conocer que unas 4.000 personas llegaron desplazadas de las riberas del río Chagüí al casco urbano de Tumaco, quienes huyeron de los fuertes enfrentamientos que sostienen grupos armados ilegales por el dominio del territorio, a lo que el Gobierno nacional respondió con el envío de 60 toneladas de alimentos para mitigar la situación.
 

Uno de los aspectos que refleja la manera como la crisis que se ha ensañado con la región es la inseguridad alimentaria, es decir que las personas no consumen la cantidad de alimentos necesarios para su bienestar. Este escenario se agrava con indicadores como el índice de pobreza multidimensional (IPM), el cual evidencia que el 84 % de la población de Tumaco está clasificada como “pobre”.

Por otra parte, aunque el municipio es el primer puerto petrolero del Pacífico, esto no constituye aportes para su desarrollo económico, sino que, por el contrario, constituye un riesgo para las comunidades rurales, en especial las indígenas, que ven cómo sus fuentes de agua son contaminadas. Tampoco se puede perder de vista que las alternativas para la comercialización de productos agrícolas no existen, por lo cual la producción se pierde, o incluso no se recoge.
 

El Paniat se creó de abajo hacia arriba
 

En 2014, una investigación adelantada por el Obssan reveló que la inseguridad alimentaria en los hogares de Tumaco es del 87 %, más del doble de la nacional (42,7 %) publicada en 2010 por la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin).
 

Ante ese contexto, muchos investigadores del Observatorio han elaborado propuestas de construcción de tejido social en seguridad y soberanía alimentaria, tendientes a lograr que los procesos de diálogo entre saberes se hagan con los habitantes y para los habitantes.
 

Desde su llegada con pasantías para 24 estudiantes, se avanzó en la publicación del Estudio de la canasta alimentaria rural y urbana, indígena y afro de Tumaco, que en 2009 fue la base para crear la “Escuela de líderes gestores de seguridad y soberanía alimentaria”.
 

Puedes oír: ¿Estados fallidos o Estados frágiles?.

También se ha alcanzado un avance en la formulación e implementación de la política pública a partir de la participación ciudadana institucional, lo que permitió la formulación conjunta de la iniciativa para Tumaco.
 

Tanto los awá como los afrodescendientes jugaron un papel clave en la elaboración del Plan Alimentario y Nutricional Indígena y Afro de Tumaco (Paniat), con el que se busca mitigar la problemática de este municipio del Pacífico, donde, por ejemplo, el 36,3 % de las familias no consume alimentos en una de las tres comidas del día.

La estrategia del Obssan y la organización Global Humanitaria Colombia fue crear la “Escuela de gestores y notificadores en seguridad alimentaria y nutricional”, un espacio en el que muchas personas notaron que dicho concepto no significa que las autoridades regalen comida, sino que ellos mismos, ante la inestabilidad institucional, comiencen a gestionar alternativas autosostenibles.
 

Así, afros, indígenas, estudiantes, líderes, madres comunitarias y gremios, entre otros sectores de la sociedad, se empoderaron del Paniat, que desde la comunidad fue tomando cuerpo para luego concertarse con las autoridades municipales y departamentales.
 

El Paniat fue aprobado por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo número 005 de 2013, y se convirtió en política pública municipal con vigencia de 10 años para mejorar la calidad de vida de la población de Tumaco y promover la equidad social, en especial para las mujeres y los niños.
 

Construcción de memoria alimentaria

Entre los 61 líderes que se graduaron como gestores está Dollys Obregón, lideresa de la región, quien a pesar de haber sufrido en carne propia la violencia, ha encontrado desde la Fundación Gestores por la san una forma de conjurar el dolor y el miedo. Su trabajo con mujeres y niños consiste en recuperar la memoria alimentaria mediante la construcción de una huerta comunal en casa, con la cual la familia acceda a alimentos básicos como verduras y hortalizas, y además se pueda obtener un banco de semillas ancestrales para conservarlas y compartirlas con la comunidad.
 

A dicha iniciativa se unió la estrategia Cocineritos y Cocineritas Ancestrales, puesta en marcha en 2019 con una pasantía del Obssan. Esta fomenta la recuperación de la memoria alimentaria y la transformación de los espacios en los que niños y jóvenes conviven y descubren su territorio. Además, con su consolidación se pretende fortalecer la Red de Cocineritos Ancestrales, que busca desarrollar el sentido de pertenencia con la cultura alimentaria local, utilizando la gastronomía como eje para el posicionamiento de los sistemas culinarios y agroalimentarios de Tumaco.
 

Dicha experiencia fue reconocida en diciembre de 2019 por la Gobernación de Nariño durante el Encuentro Departamental de Recuperación de los Saberes Ancestrales y el Encuentro Nacional de Cocineritos y Cocineritas Ancestrales en el Centro del País.
 

Los gestores formados por la UNAL conforman un entramado que aunque todavía es pequeño ya es sólido para tejer esperanza de paz en Tumaco, gracias al fortalecimiento de la soberanía y la seguridad alimentaria.

En San Andrés de Tumaco coexisten tres ciudades: la del riesgo de desastres, la de la autoconstrucción y la soñada. Al mismo tiempo convergen diversos proyectos culturales de entender y hacer el territorio, que en sus prácticas hacen pensar en Tumaco como un espacio de complejidad.
 

Así, la ciudad del riesgo afronta debates técnicos acerca de la amenaza sísmica, la licuación del suelo –fenómeno que hace que la tierra se “derrita” tras un terremoto– y los posibles eventos de tsunami; la de la autoconstrucción ha pasado de pensar en escenarios de manejo de desastres y reubicación, a unos de evacuación, adaptación y resiliencia; y la ciudad soñada avanza en un diálogo entre el ordenamiento territorial, las diversas formas de construir el territorio, la vulnerabilidad frente a eventos naturales y la gestión del riesgo de desastres.
 

Puedes ver: Las otras caras de Tumaco.

En 2011, la Comisión Colombiana del Océano (CCO) advirtió que Tumaco –sobre todo el casco urbano– se ubica en el territorio que presenta mayor probabilidad de ser afectado por un maremoto. Esto porque cerca del litoral –a unos 100 km– se encuentra la zona de subducción del Pacífico, donde se deposita la energía liberada por el movimiento tectónico entre las placas de Nazca y Sudamericana, que lleva mucho tiempo acumulada.
 

A esto se suma que el área –al igual que países como Japón e Indonesia– forma parte del “Cinturón de Fuego del Pacífico”, que concentra el 95 % de la energía sísmica del mundo, razón por la cual registra el 80 % de los terremotos más fuertes.
 

Según la información de sismicidad histórica registrada, en el municipio nariñense se han presentado cinco sismos de magnitudes superiores a 7 grados en la escala sismológica de Richter: en 1906, 1933, 1942, 1958 y 1979. En este último se registraron 452 muertos, más de 1.000 heridos y 3.000 viviendas destruidas.
 

Hace una década, el Plan Local de Contingencia para Sismo, Licuación y Tsunami advirtió que si en el municipio sucediera un nuevo evento de este tipo, las consecuencias serían mayores, en especial si se tiene en cuenta que la alta concentración de población –213.000 personas– está en un importante grado de pobreza, y que además la mayoría vive en frágiles y artesanales construcciones de palafito, un tipo de vivienda inspirada en la arquitectura natural de los manglares y de la pesca. 
 

Cuando la marea está baja se entierran pilares de madera en la costa para construir la vivienda, pero cuando sube, los pasos del agua se vuelven vías de navegación y los palafitos se convierten en tierra firme.
 

La cabecera municipal está conformada hoy por tres islas y una zona continental, y cuenta con un estimado de 21.000 construcciones, de las cuales más de la mitad corresponde a edificaciones de madera entre palafitos y paneles de madera, y en menor medida a estructuras de materiales convencionales como concreto, acero y mampostería de arcilla.
 

A lo anterior se suma que el puente El Pindo –que conecta las islas de El Morro y Tumaco con el continente– es la única ruta de evacuación posible ante este tipo de eventos, pero solo tiene un ancho útil de 9 m, por lo que es insuficiente para garantizar una adecuada movilidad ante una evacuación masiva.
 

Ordenamiento territorial, la tarea pendiente

Las construcciones de palafito presentan grandes retos en términos de ordenamiento territorial y de dotación de servicios públicos domiciliarios. Por otro lado, son la materialización de un sistema de valores alrededor de la pesca, es decir que representan una forma de entender el territorio y habitarlo.
 

En el documento “La ciudad deseada: seducciones y artilugios del desarrollo”, la antropóloga Manuela Álvarez señala que “la construcción de un escenario urbano para Tumaco se ha instrumentalizado usando diversos mecanismos discursivos. 
 

En 1991 empezó el diálogo entre las prácticas tradicionales, los saberes ancestrales y el reconocimiento de grupos étnicos en lo que se denominó como ‘Plan Pacífico: una nueva estrategia de desarrollo sostenible para la Costa Pacífica colombiana’, dado a conocer por la Dirección Nacional de Planeación en 1992. Aunque fue el primer intento del Estado por reconocer a las poblaciones locales como interlocutoras legítimas, se utilizó la idea del ‘progreso’ como un proyecto civilizador”.
 

Un segundo momento en el ordenamiento territorial del municipio fue el Plan de Desarrollo Estratégico de Tumaco (1995-1997), en el que se afirmó que “la falta de planificación urbana, los patrones de urbanización informales y la falta de servicios básicos en los barrios lacustres son los mayores retos a afrontar para el desarrollo urbano del municipio”. Sin embargo no se buscó construir una ciudad en abstracto, sino una cultura urbana según los ideales de multiculturalidad de la Constitución de 1991.

En la actualidad, una nueva coordenada se ha integrado a la forma de entender el territorio: la gestión del riesgo de desastres.

Evaluando la amenaza de riesgo

Con el objeto de contribuir al desarrollo sostenible y la gestión del riesgo de desastres para Tumaco, el Grupo de Investigación en Estructuras (GIES), del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), trabaja en la evaluación técnica de la vulnerabilidad estructural de las edificaciones frente a eventos de sismo y tsunami.
 

El GIES se ha concentrado en estudiar la fragilidad de las diferentes construcciones, mediante una herramienta para calcular la probabilidad de daño de una estructura frente a un parámetro de intensidad de amenaza como la “altura de inundación” para el caso de tsunami o la “aceleración pico del terreno” para el caso de sismo.
 

La estimación del potencial de vulnerabilidad de las estructuras, junto con la amenaza, constituirán un insumo fundamental para avanzar en la gestión del riesgo de desastres del municipio.
 

Así la UNAL, patrimonio de todos los colombianos, busca contribuir al entendimiento de la complejidad del territorio partiendo de una perspectiva múltiple: Tumaco como ciudad que coexiste con amenazas de origen natural; Tumaco como ciudad de autoconstrucción que presenta grandes retos en términos de estándares, códigos de construcción y prácticas constructivas, y Tumaco como ciudad soñada y escenario de ordenamiento territorial y de gestión del riesgo de desastres.

El “Chocó biogeográfico” es un corredor biótico que se extiende desde el noroccidente de Costa Rica hasta el suroccidente de Ecuador, su flora y fauna son características, con elementos únicos (endémicos).
 

Una de las razones para que esta región sea objeto de estudio y protección es su estratégica posición geográfica, que lo convierte en uno de los corredores terrestres y marítimos más importantes tanto del país como a nivel intercontinental, y que no solo beneficia el intercambio biótico sino también –y lamentablemente– al tráfico de personas, drogas y armas, haciendo de él un escenario de disputa territorial entre los grupos armados ilegales.
 

Otros factores que también influyen en los preocupantes índices de afectación de los ecosistemas en la zona son: la compra de predios por parte de los nuevos propietarios del interior del país o extranjeros, motivados por el exuberante paisaje; la adquisición de tierras para establecer monocultivos de hoja de coca y palma africana; el uso indiscriminado de agroquímicos y la aspersión aérea con glifosato; los frecuentes derrames de petróleo del Oleoducto Transandino; y el vertimiento a las afluentes de la zona de cianuro y mercurio utilizados en la minería.
 

Puedes ver: Las otras caras de Tumaco.
 

Este desalentador paisaje se aprecia en todos los departamentos que conforman el Chocó biogeográfico, pero se hace cada vez más evidente en Tumaco (Nariño). Esto debido a que el suroccidente de Colombia es un punto geográfico clave en el que tanto la selva baja como el piedemonte cordillerano albergan parches de bosques poco alterados, los cuales deben convertirse urgentemente en objeto de inventarios que ofrezcan información conducente a su protección.
 

Por eso, y considerando el escaso conocimiento que existe de la zona a consecuencia de un conflicto armado que no cesa, la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) –a través del Instituto de Ciencias Naturales (ICN), la Facultad de Ciencias y la Sede Tumaco– y el Instituto de Investigaciones del Pacífico (IIP) e investigadores ecuatorianos expertos en peces, unieron esfuerzos para explorar la fauna de artrópodos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

Amenazado por la deforestación

Entre 2015 y 2017, durante las salidas de campo se hicieron muestreos en diversidad de paisajes terrestres, de agua dulce y marina, los cuales incluyeron agroecosistemas, bosques conservados, secundarios e intervenidos, llanuras continentales, mangles, parches de bosques, pastizales, paisaje urbano y rastrojos de los municipios de San Andrés de Tumaco y Francisco Pizarro, específicamente en las localidades de Capají, Cerro El Morro-Dimar, Iguapí La Chicana, Isla Bocagrande, Isla del Gallo, Isla El Morro, La Unión, Río Caunapí, Río Mira, Sala Honda, Universidad de Nariño-Mar Agrícola y la UNAL Sede Tumaco.
 

La información arroja de primera mano el estado de diversidad de esta rica y compleja esquina de Colombia asociada con varios elementos bióticos del Ecuador y se resalta la presencia de especies endémicas y en alguna categoría de riesgo o amenaza a la extinción.
 

La biota registrada está conformada, entre otras, por 30 especies de miriápodos (milpiés y ciempiés), 80 de hormigas, 43 de abejas, 45 de peces dulceacuícolas, 33 de anfibios, 53 de reptiles, 215 de aves y 51 de mamíferos, una fauna que contribuye a la regeneración de los bosques, en la cual se incluyen procesos como la polinización de las plantas o dispersión de semillas, y también favorecen los ciclos de nutrientes, el control biológico de plagas (insectos, vertebrados), la lixiviación de nutrientes y la purificación del agua.
 

Se observó que la deforestación de estos bosques es una acción irreparable no solo por la afectación de la vegetación sino de toda su fauna asociada, como la rápida disminución de los polinizadores, y los procesos ecológicos mencionados trascendentales para la conservación de los ecosistemas.

La pérdida de la biodiversidad y la calidad del agua son consecuencia de la contaminación durante los procesos de deforestación, y el vertimiento de las aguas negras a los principales cauces de la región por parte de las comunidades, factores que contribuyen en el dramático calentamiento global.
 

Guías de campo lugareños y nuevas publicaciones

Durante el desarrollo de las investigaciones no solo se capacitó como biólogos a los estudiantes de Bogotá y Tumaco, sino que también se formó a los habitantes del municipio como guías de campo.
 

La propuesta desde la Universidad es que se debe educar, pero no para engrosar el cordón poblacional de las principales ciudades sino para regresar con conocimiento técnico de punta con el fin de fortalecer la región hacia un progreso sustentable. Es por ello que el conocimiento adquirido no se quedó solo en el aula de clase, ni en los artículos técnicos, sino que se están escribiendo tres compendios de la información obtenida en estos años.
 

El primero, dirigido al público en general, recopilado en una guía de campo de la fauna de la región de Tumaco; el segundo, un compendio técnico en el que se interpreta a nivel biológico y biogeográfico la presencia de dicha fauna en la región; y el tercero, el libro Peces de la cuenca del río Mira, Pacífico colombo ecuatoriano, resultado del convenio entre el ICN y la red IBEPCOR del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). 
 

Esto redundará no solo en datos para futuras investigaciones al servicio de la sociedad, sino también en la apropiación de los saberes y del territorio, lo cual se restituye en progreso social para esta región y en una concientización de la importancia de la diversidad cultural, étnica y biótica como patrimonio regional y de la nación.
 

Nuestro propósito es que esta información sea un grano de arena al eje misional que la unal adquirió, de contribuir en la reconciliación y en la consolidación de la paz con el objeto de reconstruir y fortalecer la nación a lo largo y ancho de su territorio.