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Sectores como el agro, la construcción y la industria tienen una alta proyección para el crecimiento de la economía solidaria. Crédito foto: archivo Unimedios.

Sectores como el agro, la construcción y la industria tienen una alta proyección para el crecimiento de la economía solidaria. Crédito foto: archivo Unimedios.

Cooperativismo, alternativa para la recuperación económica

Iniciativas de este tipo, en las cuales los empleados se han hecho cargo de empresas declaradas en quiebra y las han convertido en cooperativas, por ejemplo, han demostrado ser una opción para superar las crisis económicas y sociales. En esta transición se garantiza el empleo, el pago de impuestos y el aporte a la riqueza del país.

El COVID-19 ha acelerado y agudizado lo que ya se veía venir: una crisis económica y social mundial sin precedentes, con mayor afectación a los países en vías de desarrollo, entre los cuales se encuentra Colombia.
 

Después de un buen desempeño en 2019, que llevó al país a alcanzar una tasa de crecimiento del 3,3 %, frente al 0,1 % de América Latina y el Caribe, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se esperaba que en 2020 alcanzara un crecimiento económico cercano al 3,5 %. Sin embargo, en el primer trimestre del año se produjo un desplome del PIB del 2,4 %, con un importante freno de la demanda tanto externa como interna. Esto debido a dos choques que han afectado todas las proyecciones: la pandemia provocada por la propagación del COVID-19, y la fuerte caída del precio internacional del petróleo.
 

El Banco Mundial espera que la producción del país se reduzca 4,9 % y que en 2021 retome el crecimiento, con una tasa de 3,6 %; el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento de apenas 2,5 % para el presente año, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) proyecta que el PIB bajará un 6, 1 % y advierte que el próximo año el PIB del país subiría de forma gradual apenas 2,8 %.
 

Al igual que en otros países, en Colombia el tejido empresarial, sobre todo el de la pequeña y mediana empresa (mipymes), se encuentra en inminente riesgo de quiebra. En mayo, la Encuesta de Desempeño Empresarial, de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), reflejó que durante el primer trimestre de 2020, dos de cada tres mipymes vieron afectadas sus ventas e ingresos en un porcentaje superior al 50 %, y de estas, más de la mitad consideraban que no podrían recuperarse de las pérdidas en menos de un año. Además, el 65 % de las pymes y el 43 % de las microempresas estaban considerando la posibilidad de cesar contratos en los siguientes tres meses, mientras que el 17 y 34 %, respectivamente, no descartaba la posibilidad de acogerse a la Ley de Insolvencia.
 

Se trata de proyecciones importantes si se tiene en cuenta que las mipymes conforman el 90 % del aparato productivo colombiano, y generan más del 80 % de los empleos en el país.
 

Teniendo en cuenta que la organización económica y financiera mundial no será, o no podrá, ser la misma que en el momento previo al desencadenamiento de la pandemia, la economía social conformada por cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, entre otras, podría convertirse en una alternativa para afrontar los retos económicos en la pospandemia.
 

Un caso paradigmático se dio en Argentina tras las crisis económicas de 2008 y 2013, cuando parte del sector empresarial se recuperó gracias a las cooperativas. Según el Programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, entre 2012 y 2013 se contabilizaron más de 60 conversiones de este tipo, lo cual demostró que la autogestión era una herramienta aprehendida por la clase trabajadora para salir adelante tras el cierre de las fábricas.
 

Oportunidades de crecimiento


Datos de la Organización Internacional de las Cooperativas en la Industria y los Servicios (Cicopa, por sus siglas en inglés) indican que en Estados Unidos existen 29.285 cooperativas que generan cerca de 1,5 millones de empleos; en Argentina se registran 13.047 con cerca de 390.000 personas empleadas, y en Brasil 6.580 con 1,9 millones de empleados, razón por la que lideran el cooperativismo en América.


En Colombia la economía social alcanzó en 2018 los 19,1 billones de pesos de ingresos –el 2,2 % del PIB–. Cooperativas como Colanta aportaron 2,9 billones y Copidrogas 1,6 billones de pesos, lo cual evidencia su capacidad de intervenir de manera significativa en importantes actividades y sectores económicos.


Ese mismo año las organizaciones cooperativas dedicadas a la actividad financiera tenían cerca del 70 % de los asociados, el 51 % de ellos en cooperativas financieras de ahorro y crédito y el 15 % en los fondos de empleados. Tales datos evidencian una gran oportunidad para que el gremio cooperativo fortalezca su crecimiento mediante acuerdos más contundentes. De hecho, aunque las actividades financieras son relevantes en la economía social, son poco significativas en el consolidado nacional: los bancos cooperativos solo representaron el 0,8 % de todos los activos bancarios.


También se puede replicar en otras actividades que hoy no cuentan con empresas de economía social, como por ejemplo en la industria –un sector fundamental en la generación de empleo–, o en sectores en los cuales todavía puede ganar más protagonismo, como el agro o la construcción.
 

Urge actualizar legislación


Tomando en cuenta el coeficiente de Gini, el Banco Mundial ubica a Colombia como el segundo país más inequitativo de América Latina, después de Honduras. Dicho indicador se mide en un rango de 0 a 1, donde cero significa que todos tienen el mismo ingreso, y 1 que una persona concentra todos los ingresos. Cuanto más elevado es el coeficiente, mayor es la desigualdad. En el país el Gini está en 0.53. Una manera de revertir este factor es hacer más colectiva la propiedad: no es posible que en 2017 solo cuatro grupos económicos nacionales y otros multinacionales tuvieran el 71 % de las operaciones económicas de Colombia.


Infortunadamente la legislación cooperativa colombiana no ayuda mucho a pensar en este tipo de transiciones, por cuanto las reservas legales que se hacen constituir de los excedentes son de un 50 %, mientras que en Argentina y Chile no pasan del 15 y 18 % respectivamente; además, en la mayoría de los países del mundo los excedentes cooperativos se pueden distribuir a los socios, y en Colombia no.


De hecho, si se disminuye el monto de reservas del 50 % que se exige en Colombia, incluso tomando países de la región queda un monto de entre 85 y 82 % para tomar la opción de capitalizar las cooperativas o distribuir excedentes como se hace en casi todo el mundo, lo que haría que muchas personas pensaran en invertir en las cooperativas como una muy buena opción de propiedad colectiva y de rentabilidad; también se debe eliminar la norma que obliga a las cooperativas a distribuir las reservas patrimoniales a terceros y no a sus asociados.


Tales factores frenan el crecimiento de este tipo de instituciones y desincentivan la inversión en las organizaciones cooperativas. Por eso, el Gobierno y la Superintendencia de la Economía Solidaria deben replantear sus políticas obsoletas para ponerse a tono con la legislación cooperativa internacional.