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La vida universitaria prepara a los estudiantes de mejor manera para afrontar los desafíos de vivir y trabajar en sociedad. Crédito: archivo Unimedios

La vida universitaria prepara a los estudiantes de mejor manera para afrontar los desafíos de vivir y trabajar en sociedad. Crédito: archivo Unimedios

Pospandemia en educación superior: retos, crisis y promesas

Una apuesta por la equidad debe ser transversal a todas las estrategias de la educación superior para superar no solo los devastadores efectos de la pandemia por COVID-19, que anuncia un incremento en la deserción, sino también aquellos relacionados con el reiterado desfinanciamiento que arrastra desde hace décadas, entre otras problemáticas.

La educación superior y su acelerado proceso de virtualización, favorecido por la pandemia del COVID-19, se dan en un marco de condiciones sociales y económicas específicas. Es bien conocida la paradoja del país con respecto a sus logros en reducción de la pobreza en un contexto de elevados índices de desigualdad económica y social.
 

Lamentablemente, el primer factor de esta paradoja ha mostrado toda su fragilidad: después de tres meses de pandemia, Colombia podría retornar a los niveles de pobreza de hace 20 años, y habría que esperar una década para que la tasa de desempleo vuelva a ser de un dígito.
 

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Todo ello en un contexto en el que las desigualdades se reforzarán, concentrando los efectos de la pandemia sobre grupos sociales específicos: personas vulnerables económicamente, grupos étnicos y sector rural. Las supuestas conquistas sociales del “país de clases medias” se han esfumado, dejando al descubierto la cruda realidad de la desigualdad persistente.
 

En Colombia las personas más jóvenes y sin discapacidad permanente, que no pertenecen a ninguna minoría étnica, con un nivel socioeconómico superior, provenientes de entornos regionales más ricos y educadas bajo las coordenadas de la cultura y el conocimiento occidental, poseen una mayor probabilidad de ingreso, permanencia y logro educativo en la educación superior. Las demás se ven excluidas del sistema o son sometidas a un proceso de inclusión segmentado y jerárquico, reproductor de brechas y privilegios sociales.
 

A lo anterior hay que agregar que, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y del Laboratorio de Economía de la Educación, solo el 43 % de las personas tienen acceso a internet móvil o fijo, solo el 17 % de los estudiantes de colegios rurales cuentan con internet y computador y el 96 % de los municipios no estaban preparados para implementar clases virtuales.
 

La disminución de estas brechas requiere de un enorme compromiso presupuestal por parte del Estado. De ninguna otra forma se podría garantizar el acceso universal e igualitario a la educación superior, disminuyendo, además, las desigualdades en acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones.


Sin embargo, las universidades públicas acumulan un desfinanciamiento de 18 billones de pesos, y han visto reducidos sus recursos propios por concepto de matrículas y ventas de servicios en 51 % en marzo y en 66 % en abril del presente año, además del incremento de los costos asociados con la mejora de la infraestructura en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), el bienestar universitario, la formación docente para la virtualización y la aplicación de protocolos de bioseguridad.

Las presiones financieras se trasladan también a las familias. Por este motivo, el estudiantado se ha movilizado para exigir la matrícula cero en las universidades públicas. Esto como un mecanismo que ayude a disminuir la deserción que podría ubicarse entre el 35 y 50 %, golpeando de manera desproporcionada a los grupos sociales afectados por la desigualdad persistente. En 2018 las universidades públicas recibieron 1,1 billones de pesos por concepto de matrículas de pregrado y posgrado. La universidad pública desfinanciada y el mayor riesgo de deserción son las dos caras de una misma moneda.
 

Ante este panorama, las medidas financieras adoptadas por el Gobierno son tímidas frente al reto que se enfrenta, y no cambian el modelo predominante de financiamiento: se ha anunciado la ampliación de los subsidios para el pago de las matrículas de los estudiantes pobres (programa Generación E) y se han ofrecido créditos del Icetex con tasas de interés subsidiadas y periodos de gracia.
 

A las instituciones se les ha apoyado con el programa de subsidio del 40 % de la nómina y créditos blandos de Findeter para cubrir sus gastos y mejorar sus dotaciones para su adaptación a la virtualidad. Por último, el Ministerio ha destinado 97.500 millones de pesos para apoyar la matrícula de los estratos 1 y 2 en todas instituciones de educación superior públicas del país, cifra que se aleja de los 1,1 billones que requerirían las universidades públicas para sostener sus ingresos y disminuir la deserción en el marco de una pandemia que “no respeta clase social”. ¿Tiene sentido recurrir a herramientas de financiamiento que han mostrado su incapacidad para resolver las desigualdades del campo educativo y que se inscriben en el modelo de política social asistencial y focalizado que se ha ido al traste en tres meses de pandemia?
 

Virtualidad en la formación: los límites de una profecía autocumplida


La pandemia ha permitido que actores económicos que comprenden la educación superior como un negocio interpreten esta coyuntura como una oportunidad para superar la caída en la demanda que se venía presentando en las instituciones privadas, incluso antes de la llegada del nuevo coronavirus. Esto último ha favorecido la aparición de profecías de transformación radical de la educación por la virtualidad.


Dichas profecías, ligadas a la introducción de alguna tecnología educativa, se han reeditado desde el siglo xviii y, más recientemente, con la promesa de los audiovisuales (radio y televisión educativas, sonovisos) y la enseñanza programada en los años cincuenta y sesenta, la racionalización de todos los procesos en los setenta, la fascinación por la digitalización y los multimedia en los noventa, y ahora la educación virtual.


Resulta paradójico, además, que en muchas regiones de Colombia –ante la precaria conectividad– el Ministerio de Educación esté acudiendo a las tecnologías educativas que se ofrecían como la gran promesa del cambio y la innovación educativos en los sesenta: la radio y la televisión. De esta manera, el goce efectivo del derecho a la educación se reduce, en muchos casos, al diligenciamiento y la entrega de guías u otro tipo de materiales similares para constatar, evidenciar o medir el trabajo autónomo de los estudiantes.


Lo anterior contribuye al aumento de las desigualdades socioculturales entre quienes tienen acceso a internet y quienes no, lo que supone la validación estatal de la inexistencia de criterios para promover y garantizar la calidad en la prestación del servicio educativo, además de la inobservancia de la aceptabilidad, una de las cuatro dimensiones que según el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de la Corte Constitucional forman parte del núcleo esencial del derecho a la educación en el país, y que se refiere al aseguramiento de procesos y contenidos socialmente relevantes, culturalmente apropiados e impartidos con calidad.  


Las profecías mercantiles establecen una oposición tajante y definitiva entre lo que supuestamente significaría la universidad antes y después de la pandemia por COVID-19, lo cual conduce a la obligación de dar el salto de la “vieja” universidad presencial hacia la “inevitable” y “novedosa” universidad virtual, obviando, de esta manera, el debate sobre las afectaciones que dicho cambio generaría en la calidad educativa, en la equidad y en la realización de sus funciones misionales: docencia, investigación y extensión.


Tal visión de futuro olvida que, desde el nacimiento de las universidades medievales hace casi mil años, este tipo de instituciones han sido siempre espacios relativamente autónomos en los que se expresa una forma de vida que favorece la reflexión crítica, la producción mancomunada de conocimientos, la integración intercultural y la creación permanente de comunidades de afecto, sentido y aprendizaje.


A su vez, esta profecía autocumplida ha permitido que la “educación remota de emergencia” –no educación virtual– que ha venido incrementándose en los últimos meses, se asimile de manera irreflexiva como el paso obligado hacia la pretendida “innovación” que vaticinaban los sectores sociales y económicos interesados en masificar la incorporación de las tic en los procesos educativos.


Por otra parte, el hecho de que el profesorado se haya visto obligado a tener que utilizar internet para dictar sus clases durante la pandemia, ha favorecido el surgimiento de posturas que defienden la vuelta a la vida universitaria tradicional. Sin embargo, la virtualidad ha puesto en evidencia la inoperancia de ciertas formas de enseñanza, basadas en el empleo de didácticas expositivas en las que el docente tiene un marcado protagonismo. En este sentido, ¿sería o no deseable que los educadores que repiten una y otra vez el mismo discurso lo graben en video para que el público interesado pueda consultarlo en cualquier momento?

La presencialidad en la educación se sustenta en el hecho de que la intensificación de las interacciones contribuye a la coproducción de conocimientos y a la formación de ciudadanos. La vida universitaria prepara a los estudiantes de mejor manera para afrontar los desafíos de vivir y trabajar en sociedad. Las salidas de campo y las prácticas posibilitan aprendizajes vivenciales y altamente significativos. Son los ejercicios colaborativos y grupales en los que se realizan proyectos o se resuelven problemas, y aquellas prácticas pedagógicas que favorecen la experimentación, investigación, deliberación, contrastación y ampliación de los saberes previos, las pautas formativas que permiten justificar la idea de que la virtualidad sea comprendida como complemento y no como sustituto de la formación presencial integral.
 

Retos de la extensión y la investigación universitarias


El difícil momento que enfrenta el país pone de presente diferentes desafíos en torno a la reconfiguración de la relación universidad-sociedad, más allá de la formación.


La extensión y la investigación –dos funciones misionales de la universidad– deben servir, ahora más que nunca, para desarrollar ejercicios ambiciosos de innovación social, entendidos como el conjunto de soluciones creativas y justas para problemas sociales, políticos, económicos y ambientales. Las universidades con sus grupos de investigación, centros de pensamiento, institutos, centros experimentales, laboratorios y hospitales han sido fundamentales para acompañar la toma de decisiones en los distintos niveles de gobierno.


La virtualización está siendo hoy también un instrumento en estos ejercicios, pero requiere mayor acceso a conectividad y a dispositivos electrónicos. Pero, por otra parte, y de forma incluso más evidente que para los procesos de formación, la virtualidad resulta insuficiente cuando se trata de generar confianza, negociar, participar, realizar trabajo de campo, experimentar, desarrollar proyectos y transformar entornos concretos.


Por ejemplo, en 2018, solo la Universidad Nacional de Colombia realizó 71 actividades de extensión solidaria en 21 departamentos del país en torno a la generación de comunidades sostenibles en las diferentes regiones del territorio nacional. La extensión en contextos rurales y con deficiente conectividad plantea retos inmensos para su sostenibilidad.


Por otro lado, en lo relativo a la investigación y la creación, la crisis también develó la imperiosa necesidad de tener más y mejor ciencia en el país, lo cual va más allá, inexorablemente, de que exista una inversión importante en ciencia, tecnología e innovación. Alemania y Estados Unidos decidieron cerrar su mercado para las exportaciones de ventiladores artificiales, vitales para el tratamiento de los casos más complicados del COVID-19.


De esta manera se puso de manifiesto que ciencia y tecnología son parte de la soberanía de los países, y ahí las universidades deben asumir –e incluso recobrar– su liderazgo. Pero, paradójicamente, al mismo tiempo que se cerraron las exportaciones de equipos médicos, científicos de todo el mundo se involucraron de manera colaborativa en el mayor proyecto de investigación de la historia para conocer y combatir el nuevo coronavirus.


Sin duda, esta sería una excelente oportunidad para fortalecer la financiación y las redes internacionales y nacionales de investigación y creación.