Los mismos actores armados han incluido como parte de su discurso el tema de los derechos humanos. Fotos Archivo El Tiempo

Derechos humanos y actores armados: ¿humanización del conflicto o estrategia de guerra?

Los autores, a partir de una investigación de varios años, señalan cómo todos los grupos armados han usado el discurso de los Derechos Humanos, que ninguno respeta, para acreditarse ellos y desacreditar a sus enemigos.

Juana Schlenker y Manuel A. Iturralde*

Durante los últimos quince años, y dentro del contexto del conflicto armado colombiano, el Estado, los grupos alzados en armas y la sociedad civil han usado de manera profusa el discurso de respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Sin embargo, este discurso ha tendido a vaciarse de contenido al enfrentarse a un escenario donde su vulneración es continua y reiterada en medio de una gran impunidad. La brecha entre la teoría y la práctica de los derechos humanos deja la sensación de que este discurso es utilizado por los grupos alzados en armas para la consecución de fines e intereses estratégicos más que por un compromiso real con el ideal humanitario. Este uso estratégico ha dado lugar a una pérdida de confianza de la sociedad colombiana en el carácter emancipador de los derechos humanos y en su capacidad de transformar la realidad.

El abismo que hoy separa el discurso de los derechos humanos y el DIH de su aplicación eficaz en el contexto colombiano plantea la pregunta obvia de por qué no es posible tender un puente que una la teoría con la práctica. ¿Qué es lo que hace tan difícil su cumplimiento? La respuesta inmediata que suele ofrecerse apunta a la naturaleza del conflicto que se desarrolla en el país, cuya ferocidad no da cabida a que se respeten los derechos de los combatientes ni de la población civil. Sin embargo, si se tiene en cuenta que los mismos actores armados han incluido los derechos humanos y el DIH en su discurso y que las violaciones masivas de éstos no se dan únicamente en las dinámicas de confrontación militar, sino de manera persistente contra la población civil, la pregunta persiste y se hace necesario abordarla para entender la situación de derechos humanos que se vive en el país.

Con estas inquietudes en mente realizamos durante los años 2002 y 2003 una investigación de fuentes documentales sobre la manera en que los principales grupos armados ilegales (las FARC, el ELN y las AUC) entienden y hacen uso del discurso de los derechos humanos y el DIH. Para ello analizamos diferentes documentos, sus estatutos, comunicados de prensa, páginas de Internet y entrevistas con los líderes de estas organizaciones sobre el tema de los derechos humanos y el DIH y comparamos dicho discurso con sus acciones y sus reacciones frente a los abusos cometidos por los otros grupos armados1.

Partimos de la base de que, para entender esta problemática, los derechos humanos deben ser considerados como parte de un contexto más amplio que aquel en el que se desarrolla el conflicto armado colombiano y que es necesario explorar las condiciones de posibilidad que son indispensables para la vigencia de estos derechos.

Una mirada contextualizada de los derechos humanos ha sido oscurecida por su triunfo discursivo. En este plano se los presenta como valores universales que van de la mano de la expansión global del capitalismo y del aparente triunfo del Estado democrático de derecho. Pero esta victoria de los derechos humanos ha tenido un precio: han perdido gradualmente su promesa de utopía y han pasado de ser un discurso contrahegemónico a uno hegemónico.

El caso colombiano es un ejemplo de lo importante que resulta recuperar el carácter histórico y contestatario de los derechos humanos. Concebirlos como valores políticos, con un origen y un desarrollo histórico, ofrece la posibilidad de entender también que para su aplicación efectiva son necesarias una serie de condiciones y de transformaciones dentro de situaciones sociales específicas. Ello permite concebirlos como un conjunto normativo menos monolítico que para su implementación debe atravesar por procesos de negociación y transformación en contextos locales. La universalidad de los derechos humanos se convierte así en una cuestión de contexto que necesita de un análisis situacional.

Condiciones de posibilidad y de apropiación
del discurso de los derechos humanos y el DIH

Colombia no se enmarca adecuadamente en la zona de claroscuros en la que funciona adecuadamente la teoría liberal de los derechos humanos. El país se ubica en una zona de grises donde un Estado débil, en crisis o en proceso de construcción (dependiendo de la aproximación que se adopte) no logra garantizar las condiciones de posibilidad para que el discurso liberal humanitario se lleve a cabo efectivamente.

A lo largo de su historia, el Estado colombiano ha tenido una presencia diferenciada en el territorio nacional. Mientras que ha logrado integrar y controlar determinadas zonas del país, particularmente los centros urbanos, vastas regiones se encuentran parcial o totalmente excluidas de sus servicios y de la participación en las decisiones políticas. Ello da lugar a que en muchas ocasiones se consoliden en estos lugares poderes alternativos que, a través de distintos mecanismos, según la región y las circunstancias, establezcan un orden social, relaciones de poder y formas privadas de justicia para resolver los conflictos y afirmar su dominio.

La ausencia material y simbólica del Estado ha obstaculizado la construcción de un sentido de ciudadanía compartida entre los colombianos (donde todos tienen los mismos derechos y merecen el mismo respeto) y la creación de un espacio público para la solución de los conflictos. En este contexto, la violencia asociada a los actores armados al margen de la ley no es la causa de la fragilidad del Estado colombiano, es un síntoma grave del problema de fondo: las relaciones conflictivas entre el Estado y la sociedad.

De otra parte, el incremento en el número de combatientes y víctimas, especialmente durante los ochenta y los noventa, así como la ampliación de los espacios geográficos donde los grupos armados hacen presencia, muestran cómo cada vez una mayor parte de la población se encuentra bajo la lógica de la confrontación armada. Ello da lugar a una espiral de violencia donde las partes afectadas ya no recuerdan, no saben o no les importa quién fue el primero en atacar, quién es la víctima y quién el victimario original, lo que les permite justificar sus acciones violentas, evadir su responsabilidad y acusar al enemigo de ser el causante del conflicto.

El terror se ha convertido en una forma de hacer política: afirma determinadas relaciones de poder y persuade a otros para que se adhieran o sometan a ellas. La población civil es instrumentalizada por los grupos armados para conducir la guerra y la violencia que se ejerce sobre ésta es un medio fundamental para consolidar posiciones y para quitarle espacios al grupo rival. Si bien cada uno de los grupos armados sostiene que en los territorios en los que se ha afianzado ha construido lazos sociales con base en el proyecto político que lo impulsa, lo cierto es que las relaciones así construidas se basan en el terror y en la eliminación de la disidencia.

Todas las acciones son expresadas como categorías abstractas dentro de la lógica de la guerra.

Derechos humanos, DIH y actores armados

El respeto por el DIH y los derechos humanos no era parte importante del discurso político de los actores armados hasta hace relativamente poco. Diversos factores provocaron un cambio significativo al respecto, particularmente en la déscada de los noventa. Por un lado, las presiones ejercidas por varias ONG y por la comunidad internacional han hecho que la responsabilidad de respetar los derechos humanos, usualmente atribuida de forma exclusiva al Estado, se extienda a los grupos al margen de la ley. Por otro lado, se encuentra la necesidad de los grupos armados de adquirir un estatus de beligerancia que los sitúe en posición de negociar con el gobierno y de obtener el apoyo y reconocimiento de diversos Estados y organizaciones de Estados. Estos factores han hecho que las FARC, el ELN y las autodefensas reconozcan, al menos a nivel discursivo, la necesidad de respetar los derechos humanos y de aplicar el DIH para humanizar el conflicto del que son protagonistas.

Dadas las anteriores circunstancias, no es de extrañar que el discurso y la práctica frente a los derechos humanos y el DIH presenten diversos matices en los grupos armados, según sus intereses políticos. Si bien cada grupo tiene un acercamiento diferente al tema, todos manifiestan ser respetuosos de estos principios. De hecho, las tres organizaciones se presentan como defensoras de los derechos humanos y justifican su levantamiento armado en las violaciones que otros, sus enemigos, cometen contra éstos. El carácter reactivo de su accionar es central en su justificación discursiva y los convierte en defensores mesiánicos de los derechos humanos, que interpretan acomodaticiamente según sus intereses.

Con respecto a sus propias acciones, los grupos alzados en armas se justifican afirmando que los derechos humanos y el DIH se deben adaptar a las condiciones de guerra irregular que se vive en Colombia, que no permiten la aplicación estricta de los principios que los rigen. La adaptación por la que abogan los tres grupos armados irregulares se refiere principalmente a la definición de la población civil, ya que, según ellos, en un conflicto de carácter irregular como el que se vive en el país no se puede calificar como población civil a los combatientes que se camuflan en ella ni a quienes colaboran de una u otra forma con el enemigo.

Los tres coinciden también en que sus opositores usan el discurso de los derechos humanos y el DIH para desprestigiarlos, sin reconocer que cada uno de ellos hace lo mismo. De esta manera, Los derechos humanos y el DIH son armas de guerra que utilizan los tres grupos para ganar batallas simbólicas frente a la opinión pública nacional e internacional. Así, el discurso de los derechos humanos, tal y como es utilizado por los actores del conflicto, termina reforzando las figuras del enemigo y el vengador, en vez de acercar a las partes y hacer que se reconozcan mutuamente.

Tanto guerrillas como paramilitares, a través de sus estrategias de guerra, dirigidas en buena parte contra la población civil, buscan polarizar al país. Se apoya a un bando o se apoya al otro. No existen términos medios. La lógica de guerra imperante es “conmigo o en contra mía”. Bajo estas condiciones es apenas natural que se configure el esquema amigo-enemigo en la formación de las relaciones políticas y sociales. En medio de tales contextos de violencia y de desestructuración social, donde no hay referentes estables, se da un proceso extremo de identificación por contraste. El otro se convierte en el enemigo, la encarnación de todos los males sufridos y de todo aquello que es contrario a lo que se considera justo o bueno. El ejercicio de la violencia y el terror se hacen rutinarios, se banalizan, y quienes los cometen no creen estar inflingiendo dolor o humillaciones a un ser humano como ellos. Se imponen las decisiones “de grupo”, de entes abstractos (el Secretariado, el Comando Central, el Estado Mayor) lo que facilita que la violencia asuma formas impersonales y, por lo tanto, más brutales, al no ser asumidas como propias e individuales.

A ello contribuye el lenguaje eufemístico que disfraza la violencia y la hace respetable ante la opinión pública. El Ejército “da de baja” a los subversivos; el Estado no combate hombres, mujeres y niños, sino entes abstractos (la subversión, el narcotráfico, el terrorismo). En su discurso oficial los grupos insurgentes hacen la revolución, luchan por el pueblo, realizan actos patriotas contra enemigos poderosos y sin rostro (la oligarquía, el capitalismo, el imperialismo, el comunismo); los secuestros son “retenciones” y extorsionar es “cobrar impuestos”. Los grupos de autodefensa llaman a las masacres “objetivos militares múltiples”. Todas estas acciones no son expresadas como actos violentos, que causan dolor, cometidos por individuos concretos contra otras personas, sino como categorías abstractas dentro de la lógica de la guerra.

¿El fin de los derechos humanos?

En Colombia los actores armados han usado los derechos humanos como un arma de guerra para deslegitimar al enemigo y para justificar las acciones propias. En este sentido, se han convertido en palabras filosas para hacer daño y no en un camino para llegar al otro. Este uso perverso del discurso, entre otros factores, ha polarizado y alejado a los actores armados en vez de acercarlos en un reconocimiento mutuo que lleve a consensos creíbles para humanizar el conflicto. La visión universalista y esencialita de los derechos humanos paradójicamente ha contribuido a dicha polarización al dar lugar a un discurso excluyente, que separa a buenos y malos, humanos e inhumanos.

Mientras que los derechos humanos no se conviertan en una práctica cotidiana de las personas, mientras el entorno no haga posible dicha práctica, aquellos seguirán siendo un discurso no interiorizado por quienes participan del conflicto como víctimas o victimarios. Para que este discurso sea parte de nuestras experiencias vitales debe ser construido gradualmente en un proceso de dimensiones históricas. Los derechos humanos y el DIH pueden ser recursos valiosos para desarticular los ciclos de terror que acompañan al conflicto armado, pero por sí solos, y mientras sean presentados como un discurso universal que impone unos códigos de conducta, al tiempo que son usados como un arma retórica de la estrategia de guerra, es poco lo que pueden hacer para transformar una realidad que se nutre de premisas diferentes.

1. Esta investigación fue financiada por Colciencias y el Centro de Investigaciones Sociojurídicas (CIJUS) de la Universidad de los Andes, dentro del programa Formación de jóvenes investigadores. En la revista Análisis Político No. 56 de 2006 publicamos un artículo que sintetiza los hallazgos de la investigación.