Ante la convicción de que ya hay un ganador, que a pesar de negarse al debate va a llevarse todo, se debe esperar la abstención, el voto en blanco y el voto castigo. Foto: Archivo Unimedios.

Elecciones presidenciales 2006:
¿Un paso más en la depreciación del presidencialismo?

En las elecciones presidenciales del 28 de mayo los colombianos no elegirán entre un abanico de candidatos y sus programas, sino en contra o a favor de la reelección del presidente Álvaro Uribe. Así lo plantea el analista Pedro Medellín.

Pedro Medellín Torres
Profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia.

Ha sido una campaña presidencial muy distinta. El hecho de que ahora se está ante una reelección presidencial implica un profundo cambio en las reglas de juego. Ya no se trata de que los electores deban escoger una opción, entre una gama amplia o no de propuestas de gobierno presentadas por los distintos candidatos a consideración de los votantes. En las nuevas condiciones, se trata de que los electores decidan votar por la continuidad del gobierno o por un cambio a una alternativa que propone alguno de los candidatos opositores al gobierno. Se trata, entonces, de una campaña que –como cualquier campaña de reelección– tiene como eje principal el examen de las realizaciones de gobierno del Presidente en ejercicio y su propuesta para el periodo siguiente.

En este escenario, para que la campaña presidencial pueda mantener el mínimo básico de equilibrio competitivo que se requiere entre los candidatos opositores y un presidente que aspira a ser reelegido (sobre todo para subsanar los desequilibrios que puede producir un presidente muy popular o uno muy desprestigiado) necesita cumplir tres condiciones fundamentales:

1. Que el Presidente en ejercicio delimite muy bien los actos de gobierno de los actos de campaña electoral y que los candidatos opositores respeten los linderos del debate en las elecciones.
2. Que la discusión pública gire en torno a los temas que resultan de los debates entre un presidente que defiende su gestión y propone quedarse un periodo más y unos candidatos que buscan reemplazarlo en su cargo.
3. Las campañas tienen una relativa capacidad para corregir las distorsiones que generan los medios de comunicación amigos del gobierno o de la oposición.

La primera condición exige tanto de una institucionalidad política muy sólida, que haga valer los límites entre actos de de gobierno y campaña electoral, como también de una cultura política regida por la legalidad. Es decir, convenciones y comportamientos regidos por una ética apegada al respeto a las normas.

La segunda, supone que, por lo menos, una parte del proceso deliberativo se desarrolle en un mismo espacio político, de manera que los electores puedan tener la oportunidad de sopesar, con los suficientes elementos de juicio, las distintas posiciones y propuestas de los candidatos (incluyendo al Presidente-candidato) sobre los distintos temas de preocupación pública.

Y la tercera condición supone una cierta organicidad en el sistema político electoral, de manera que los partidos y movimientos políticos, cuyos candidatos están en competencia por la silla presidencial, tengan una base electoral sólida, de modo que aseguren un caudal electoral mínimo que pueda movilizar al voto el día de las elecciones y también capacidad política y organizativa para proyectar y mover la propuesta política de gobierno antes, durante y después de las elecciones.

Lo que se había presentado como el simple cambio de un “articulito”, el que aprobaba la reelección presidencial inmediata, se proyecta ahora como un gran desafío para el régimen presidencial y, más precisamente, para el sistema electoral que lo sustenta. En el contexto de la reelección presidencial inmediata, ¿tiene el sistema político colombiano la capacidad para asegurar el equilibrio competitivo entre los candidatos a la Presidencia de la República?

La responsabilidad de los candidatos

Sin embargo, el proceso electoral que definirá el próximo presidente de los colombianos no ha logrado cumplir con las condiciones que aseguren un mínimo básico de equilibrio competitivo entre los candidatos. Se pueden esgrimir dos tipos de razones bien definidas.

Por una parte están las razones asociadas al comportamiento de los propios candidatos. Primero, está el hecho de que el Presidente Uribe no ha sabido delimitar los actos de gobierno de los actos de campaña electoral. Quizá guiado por un “motivación rentista de las elecciones”, el presidente no ha tenido problema para utilizar los actos de gobierno para hacer anuncios o propuestas que, por su naturaleza, hacen parte de una campaña de reelección, y viceversa.

Segundo, está la decisión del Presidente Uribe de no asistir a debates con los demás candidatos, ni controvertir sobre ningún tema con los candidatos opositores. De esta manera, los ciudadanos no han podido contar con un espacio de deliberación común en el que puedan sopesar –sobre una misma pregunta o una misma cuestión– los argumentos a favor o en contra de los avances o retrocesos que ha logrado el gobierno en sus cuatro años o sobre las ventajas y desventajas que tiene cada propuesta de los candidatos.

Y tercero, los candidatos opositores tampoco han sabido estructurar sus campañas dentro de un escenario de reelección presidencial. Lejos de buscar presentarse como una alternativa de gobierno, los candidatos han estructurado sus propuestas de campaña, estrategias electorales y sus agendas de campaña como si se tratara de una elección en la que todos van a competir en condiciones de igualdad y el votante optará por alguna de las propuestas. Con más o menos diferencias, los distintos candidatos se han quedado cortos tanto en la evaluación de la gestión gubernamental del candidato- presidente, como en la presentación de las propuestas que los proyecten como alternativa de gobierno.

En todos los casos, el ciudadano es el más perjudicado. La no diferenciación entre los actos de gobierno y los actos de campaña electoral propician el espacio para que la información que recibe el potencial votante sobre la gestión de gobierno o las propuestas de los candidatos pueda ser manipulada por los medios de comunicación. Bien para mostrarla como un hecho trascendente o bien para reducirla a un simple acto de campaña, de acuerdo a los intereses económicos o políticos que mueva o quiera mover el medio de comunicación.

La negativa del Presidente a participar en los debates o a responder a los cuestionamientos que hacen los opositores cerró los espacios de deliberación política-electoral, particularmente aquellos que hubieran podido permitir una adecuada rendición de cuentas del gobierno. Lo cierto es que los ciudadanos no tienen hoy claro cuáles son los cuestionamientos de fondo que se hacen a la gestión presidencial de Uribe, las consecuencias que traerá y, sobre todo, la urgencia para dar un cambio en este sentido.

Los problemas estructurales

La imposibilidad de asegurar un mínimo básico de equilibrio competitivo entre los candidatos no sólo se explica por sus decisiones y comportamientos. También existen problemas de carácter estructural que se erigen como factores que bloquean el sistema político frente a las exigencias que impone un proceso electoral que involucra la reelección presidencial inmediata.

Sin duda, el principal argumento que atenta contra cualquier posibilidad de asegurar un mínimo de equilibrio competitivo lo constituye el carácter mayoritario que distingue al régimen presidencial colombiano. Es decir, un régimen en que el poder presidencial, cada vez más, se ha ido reduciendo a un juego de suma cero: Quien gana las elecciones presidenciales, gana todo. Es el principal referente de poder político e institucional.

El poder nominador del Presidente es concebido como exclusivo y excluyente. Para nada intervienen los partidos o movimientos que lo respaldaron en la elección. Es la personalización del poder presidencial, que también se extiende y afecta a los centros más neurálgicos de las decisiones y operaciones gubernamentales. El mecanismo funciona de manera muy simple: Para evitar las amenazas al nuevo poder adquirido, el entorno más próximo del candidato ganador concentra todas las decisiones a sus equipos y se cierra, para evitar cualquier intromisión externa. En medio de las tensiones internas por el control político, burocrático o presupuestal del aparato público, se reservan las grandes decisiones y los mejores y más importantes cargos. Inclusive llegan a afirmar que el nombramiento en un alto cargo no necesariamente implica que el funcionario, su grupo político o a su partido adquiera capacidad real para participar en las grandes decisiones gubernamentales. Los que no son del “entorno” quedan condenados a asumir un papel secundario y ocasionalmente serán convocados en instancias formales en las que se los solicite.

Las consecuencias no se hacen esperar. El “encerramiento” del equipo de gobierno va propiciando la privatización de los procesos de formación de las políticas. La definición de objetivos, procesos administrativos y viabilidad política comienzan a depender enteramente de la particular percepción que tengan el gobernante y su equipo sobre cómo se debe ordenar la acción de gobierno. Los sobresaltos sobre la manera de proceder quedan dependiendo de la capacidad de negociación personal que tenga con el gobernante cada alto funcionario nombrado y de los recursos que pueda mover para satisfacer las peticiones y compromisos del jefe.

Sin embargo, el poder del presidente no es total. Hay segmentos de la política y la administración pública que quedan fuera del control presidencial. Como se trata de un juego de suma cero, las mayorías parlamentarias se construyen después de la elección presidencial. Cada apoyo, cada voto de aprobación parlamentaria a los proyectos del gobierno tiene un costo que el gobernante debe pagar.

En un país con instituciones tan frágiles, la obligación de recurrir a los manejos burocráticos y presupuestales para neutralizar la oposición a los proyectos del gobierno revela, entre otras cosas, el escaso margen de maniobra que tiene el poder presidencial para cumplir con sus compromisos. Mientras en las democracias más consolidadas los que pierden las elecciones son quienes se mantienen más activos y vigilantes (pues son los más interesados en demostrar la consistencia y vigencia de sus proyectos políticos), en Colombia los candidatos y miembros de los equipos perdedores no dudan en aceptar un cargo en el gobierno del ganador, quizá con la esperanza de que es el único recurso que les posibilita mantener su vigencia pública. Es la dura realidad que impone el juego de suma cero resultante de un presidencialismo de mayorías, y que se revela nuevamente como una traba para la salida de la crisis. Y aun cuando pareciera tener éxito, el gobierno en realidad no contribuye a la consolidación del régimen democrático en el país.

La decisión presidencial de no participar en los debates electorales con los demás candidatos contribuye a depreciar el régimen presidencial en el país. Foto: Archivo Unimedios.

Las consecuencias

La primacía de los regímenes de mayorías genera una progresiva desafección de la política y el régimen democrático. Los ciudadanos tienden a creer cada vez menos en los políticos y las instituciones políticas y, por contrario, son cada vez más resistentes a actuar siguiendo el dictado de los políticos. Camilo Herrera, en el Estudio Colombiano de Valores (2006, Raddar S.A.) muestra que el 23% de los jóvenes entre 18 y 25 años esta interesado en la política, pero sólo el 1,69% manifiesta algún interés por participar en movimientos o partidos políticos (p.78).En el contexto de un régimen presidencial de mayorías, la reelección presidencial inmediata tiende de manera natural a consolidar todavía más ese carácter mayoritario. Y, en ese contexto, la decisión presidencial de no participar en los debates electorales con los demás candidatos y su resistencia a mantener la distancia entre los actos de campaña y los actos de gobierno, contribuyen mucho más a depreciar el régimen presidencial en el país. El resultado no puede ser otro que el aumento de la desafección democrática de los colombianos, sin referencia a una campaña abierta y limpia donde los votantes cuenten con la información necesaria para soportar su decisión electoral sobre cuál política le conviene al país: si la que viene gobernando o la que se promueve como una alternativa a la que está en ejercicio del poder.Ante la convicción de que ya hay un ganador, que a pesar de negarse al debate va a llevarse todo se debe esperar que la abstención, el voto en blanco y el voto castigo a las principales opciones se constituya en el principal rasgo distintivo de las elecciones presidenciales del próximo domingo. Unas elecciones que, sin duda, marcarán un quiebre para la historia del régimen presidencial en el país.