El músculo financiero de las redes del narcotráfico contribuyó a crear falsas economías con la anuencia y  participación de las élites del país. Foto: Archivo

Élites, capitalismo y narcotráfico en Colombia

Cómo el narcotráfico ha permeado las élites de la sociedad y ha propiciado contradicciones entre el sistema jurídico y el económico, es objeto de una investigación que descubre los alcances de este fenómeno en la política y hasta en el conflicto armado.

Uno de los fenómenos surgidos a raíz de los procesos de globalización y que afecta a la economía, la política y seguridad nacionales e internacionales y a la sociedad en general es el narcotráfico, industria que ha aumentado considerablemente en América Latina a partir de los años setenta.

En Colombia, el narcotráfico ha logrado insertarse de forma relativamente exitosa en las esferas política y económica. En el primer caso, gracias a la formación de redes de apoyo social y militar que han permitido adaptar las estructuras jurídicopolíticas de acuerdo a sus necesidades; y en el segundo, gracias a una especial adaptación de las políticas de crecimiento orientado a la exportación, que hacen del narcotráfico una empresa perfilada a la demanda y la internacionalización, con una división del trabajo muy estricta entre diferentes localizaciones, capaz de ajustarse a las dinámicas de la economía global.

La particularidad de tales adaptaciones ha motivado la investigación conjunta de los grupos "Cultura política y poder constituyente", del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, y "Capitalismo y narcotráfico", de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, con el ánimo de explorar la relación de élites políticas, capitalismo y narcotráfico en Colombia. La investigación, que cuenta con el apoyo de Colciencias, se compone de dos grandes acápites.

El primero, titulado "Capitalismo y narcotráfico" parte de mostrar que el fenómeno del narcotráfico es un proceso sistémico inherente y funcional al capitalismo global y pretende determinar cuáles han sido las mediaciones legales que lo han vehiculizado tanto en Estados Unidos como en Colombia. En aras de una hipótesis holística que permitiera ver cómo se inserta el fenómeno del narcotráfico en la sociedad como un todo, emplea la Teoría de Sistemas (TS) y la Teoría del SistemaMundo como referentes teóricos.

La TS permite la identificación de tres sistemas que se ven afectados de diferentes maneras por el fenómeno del narcotráfico. El económico, definido por el código binario lucrono lucro; el político, orientado por el código poderno poder; y el jurídico, definido por la fórmula legalilegal. La investigación busca ocuparse del sistema jurídico, aunque percibe un choque de fondo entre éste y el sistema económico a partir de la forma en que el narcotráfico se inserta en el funcionamiento de cada uno. Este choque constituye una paradoja comunicacional y ambienta el sentido general del estudio.

La Teoría del SistemaMundo, por su parte, permite establecer las relaciones que mantienen los países del centro, la semiperiferia y la periferia en el escenario de la sociedad mundial. En este marco de análisis se busca establecer los posibles nexos entre los procesos adelantados en el centro y aquellos desarrollados en la periferia en materia jurídica y jurisprudencial.

La segunda parte, denominada "Élites, conflicto y narcotráfico", acude a los estudios en teorías de élites para el análisis de las redes de relaciones que existen entre narcotráfico y élites políticas en Colombia, teniendo como trasfondo el conflicto armado. De manera general, quiere indagar en algunos de los efectos que el narcotráfico ha tenido en la configuración reciente del conflicto, con el fin de determinar hasta qué punto es acertada la postura según la cual éste (el narcotráfico) es la fuerza motriz de aquel (el conflicto), de forma tal, que la lucha contra la droga y el narcotráfico deviene en sí misma una condición necesaria y suficiente para la resolución del conflicto social y político.

La narcotización del conflicto

El interés por avanzar en esta perspectiva viene dado por el actual enfoque de las políticas de seguridad colombiana y norteamericana, que tienen como premisa fundamental la idea de que el narcotráfico constituye el factor central a combatir con miras al logro de la paz en Colombia, enfoque que ha posibilitado dos políticas complementarias concebidas a la luz de la diferenciación amigoenemigo. De un lado, la confrontación y el marginamiento, en tanto enemigo, de la guerrilla (FarcEln) bajo la etiqueta de narcoterrorismo imponiendo su periferización del marco políticoconstitucional, al tiempo que el Plan Colombia y el Plan Patriota reconquistan territorios cocaleros. De otra parte, la asimilación y convalidación legal del paramilitarismo como fenómeno concomitante con el narcotráfico, en tanto amigo, permitiendo su inserción en el marco políticoconstitucional y su reciclaje social de élites regionales a élites "nacionales", como parece manifestarse en el actual proyecto de "Justicia y Paz".

De todo esto se desprenden, finalmente, unas subhipótesis no menos provocativas: la íntima permeabilidad entre las élites regionales que componen la vanguardia dirigente del paramilitarismo y las élites "pseudonacionales" (económicotecnocráticas y políticoburocráticas) que ambientaron el proceso de paz olímpico y sin reparación, con aquellos. De lo cual se inferiría una dramática conclusión: la de que Colombia enfrenta la posibilidad de una fusión política de sus élites articulada a través del eje paramilitarismonarcotráficoneoliberalismo con una amenazante proyección/homogenización expansiva al menos en la región andina.

Lo que dichas políticas evidencian, es que la narcotización del conflicto armado, patente en la fusión de la política contrainsurgente y la política antinarcóticos, supone serios problemas no solo para el entendimiento de la situación colombiana -en tanto simplifica de manera sustancial las dimensiones del conflicto-, sino para su encauzamiento hacia una paz sostenible y sustentable. Se requiere una estrategia de seguridad efectiva que debilite las opciones militares de los grupos armados, pero también se necesita un programa de desarrollo social y económico de amplio alcance que menoscabe su argumentación ideológica y, por ende, ayude a generar un contexto en el que se pueda poner fin al conflicto. Con lo anterior no se desconoce que las posibilidades de poner fin al conflicto en Colombia aumentarían considerablemente si se diera solución al problema de la droga, solución que no se reduce a un control de la oferta, como lo aducen las actuales políticas antinarcóticos, sino que debe enfocarse también a la demanda creciente de drogas en los grandes centros de consumo en Estados Unidos y Europa.

Por otro lado, los obstáculos presentados en el actual proceso con las Auc, deben servir de experiencia para futuras desmovilizaciones. En primer lugar, para dejar en claro que el narcotráfico, como los crímenes atroces, no son materia de negociación, si es que se quiere lograr un proceso apegado a los principios del Estado de Derecho. En segundo lugar, debe darse un debate que aclare las condiciones bajo las cuales un grupo armado ilegal puede llegar a ser considerado con estatus político, de tal forma que, ni se desconozcan las reivindicaciones políticas e ideológicas de algunos sectores, ni se aliente la formalización del paramilitarismo como actividad política.

*Profesor Titular del Departamento de Ciencia Política.
**Politóloga. Grupo de Investigación Cultura Política y Poder Constituyente en Colombia.