Un 85,4% de los pensionados colombianos recibe mesadas inferiores a cuatro salarios mínimos, mientras el resto se lleva un 38,9% del total de los recursos disponibles para este rubro. Foto: Guillermo Flórez P.

Las pensiones son importantes y deben cubrir a la población de la tercera edad que se comprometió con el proceso productivo y la construcción de país, pero no pueden ser una forma de disfrute de rentas cobradas al Estado a costa de la inmensa mayoría de colombianos excluidos de la seguridad social. Estas cifras hablan solas.

Ricardo Bonilla González*

En materia de pensiones todavía falta mucho por decir y de ello se tendrá que seguir hablando en los próximos años, hasta cuando se llegue a la construcción de un sistema más equitativo e incluyente que el actual. Por lo pronto, el debate sobre las bondades y debilidades del Instituto de Seguros Sociales (ISS) y de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) hay que dejarlo a un lado, sin olvidarnos de que no está demostrado que estas últimas sean mejores que el ISS. La urgencia del momento es la de promover una política redistributiva, eliminando los subsidios que reciben las pensiones elevadas, concentradas en personas del 20% más rico de la población y pagadas por el Estado.

Las pensiones son importantes y deben cubrir a la población de la tercera edad que se comprometió con el proceso productivo y la construcción de país. La pensión es un reconocimiento a ese aporte durante toda una vida de trabajo y debe salvaguardarse en beneficio de trabajadores que no tienen acceso a otro tipo de ingresos luego de su retiro. La pensión no puede ser un mecanismo de profundización de la desigualdad social ni una forma de disfrute de rentas cobradas al Estado, a costa de la inmensa mayoría de colombianos excluidos de la seguridad social. En Colombia, menos del 20% de la población de la tercera edad está pensionada, y de ellos, un grupo muy pequeño recibe pensiones elevadas con subsidios extravagantes. Eso es inequitativo y debe eliminarse.

¿Cuántos pensionados hay en Colombia?

Según la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Dane, para 2003 había 1'180.532 personas. De ellos, solamente el 73,9% (872.000) se encontraba por encima del rango de edad esperado habiendo cumplido el requisito de la edad, mientras otras 308.000 personas recibían este beneficio a edad temprana. Estos últimos se originan en dos posibles situaciones: a) que la persona se haya jubilado temprano dado que el régimen al que estaba afiliado se lo permitía, lo cual es posible en las Fuerzas Militares, los otros regímenes de excepción y buena parte del sistema público, mientras la misma situación es imposible en el ISS asegurador; y, b) que la persona haya accedido al derecho en sustitución del titular, caso de esposas e hijos menores de edad; este último caso es poco numeroso, 6.278 menores de edad y 34.197 adultos menores de 40 años, 67% de ellos mujeres. La cobertura de pensionados en la tercera edad es muy baja y deja una población de 3.61 millones dependiente de los recursos familiares o de la caridad pública, de hecho hay 1.68 millones de ancianos que la ECH identifica sin ingresos.

¿Cuánto cuestan las pensiones en Colombia?

Según un reporte del Ministerio de Hacienda, que no incluye información de entes territoriales, Banco de la República y las AFP, se calculaba a diciembre de 2003 un total de 1'065.057 pensionados con un costo anual de $11.7 billones (véase cuadro 1). Según Hacienda, los pensionados colombianos están distribuidos así: a) entre el ISS asegurador (572.541) y ex funcionarios del ISS (19.441), hay 591.982 personas, que equivalen al 55,6% de los jubilados que cuestan $4.7 billones y representan el 39,9% de este consolidado; b) en los regímenes exceptuados de la

Ley 100 de 1993 hay 204.062 pensionados provenientes de las Fuerzas Armadas y Policía (132.135), el Magisterio (60.716) y Ecopetrol (11.211), quienes representan el 19,2% de los jubilados y cuestan $3.1 billones o el 26,4% de la nómina; y, c) el resto del sector público asumido por la Nación aporta 269.013 pensionados, 25,3%, que cuestan $4 billones o el 33,7% de la nómina. A este último grupo hay que agregarle los 4.032 pensionados del Banco de la República, que cuestan $110.000 millones. Puesto en contexto, de los incluidos en esta nómina, los funcionarios públicos aportan el 45% de los jubilados y se llevan el 60% de la nómina; ese es el costo de las diferencias de tratamiento.

La distribución del ingreso entre los pensionados no es muy distante de aquella que existe entre los asalariados y los afiliados al sistema. En Colombia hay un 85,4% de pensionados que reciben mesadas inferiores a cuatro salarios mínimos, que en conjunto representan el 61,1% de este presupuesto. Eso quiere decir que, al otro extremo, hay un 14,6% de pensionados que se llevan el 38,9% de los recursos, en este grupo es donde se aplican todas las asimetrías del sistema y se entregan unos subsidios, que crecen en la medida que se liquidan mesadas pensionales más elevadas. Se entiende por subsidio la diferencia entre el tamaño de la mesada pensional liquidada y la que correspondería con los recursos aportados al sistema y un promedio de rendimientos esperados. Ese subsidio, que oscila entre 45% y 90% de la mesada, es entregado directamente a la persona con el cheque mensual, por tanto, es equivalente a cualquier subsidio a la demanda, focalizado en individuos específicos y sin equivocaciones.

Todo subsidio es inequitativo si se entrega a quienes no lo necesitan. Esto es lo que sucede con las pensiones que superan los 10 salarios mínimos mensuales, que en Colombia son 15.135 personas, incluidos los 798 del Banco de la República que superan este tope, distribuido entre los 13.476 que se encuentran por debajo de los 20 salarios mínimos (véase cuadro 2) y los 1.659 que están por encima del límite legal (véase cuadro 3). Este grupo cuesta $1.1 billones al año, a los que individualmente hay que entregarles en promedio $70 millones al año, y hay que generar unas reservas para 15 años por $1.050 millones. Si este subsidio es de 66% en promedio, las pensiones de este grupo le están costando al erario $700.000 millones al año, cifra equivalente a entregar un subsidio de $70.000 mensuales a 835.000 ancianos sin ingresos, cada año. Para no decir que esos $700.000 millones es la cifra que falta cada año para conseguir la cobertura universal en la educación secundaria básica, o que con ese monto se podría construir la doble calzada BogotáGirardot y extenderla hasta Ibagué.

La situación es todavía más injusta con el grupo que se encuentra por encima del límite legal de los 20 salarios mínimos -donde no debería haber nadie-; sin embargo, en Colombia se encuentran 1.659 pensionados, de los cuales solamente 7 provienen del ISS y 226 de Ecopetrol, entidades a las que el Gobierno acusa de ser las causantes del desorden y la debacle del sistema. ¡No!, la mayor parte de las pensiones millonarias del país no son de allí (véase cuadro 3). Ellas provienen en su orden, así: 676 del Congreso Nacional, 307 diversas pagadas en Cajanal agrupando, al parecer, a un importante grupo de ex magistrados de todas las cortes, 287 de las Fuerzas Armadas y la Policía, 84 del Banco de la República, 34 del oscuro episodio de Foncolpuertos, 29 de las universidades de Córdoba y Pereira, mientras no hay ninguno de la Universidad Nacional y faltan datos de la del Valle, y finalmente 9 de otras entidades como la Caja Agraria, Telecom, Incora y la Superintendecia de Notariado y Registro. Por fuera de este grupo está el de los ex presidentes y sus beneficiarios.

Diferentes evidencias revelan que las pensiones altas de estas instituciones se obtienen entre los altos funcionarios, por el efecto de asimilar las ventajas convencionales hacia los directivos, es decir, hacia quienes firmaron la convención en su papel de representantes de la empresa. También se tiene evidencia de la movilidad de funcionarios entre diferentes instituciones y puestos públicos, buscando terminar su vida activa en una de estas empresas, a la manera de un buen "pensionadero", llamado "el carrusel" cuando se trata del Congreso. No son los trabajadores convencionados los beneficiados por estas pensiones, sino aquellos directivos a los que se les extendieron las bondades de la Convención. Otros provienen de acuerdos institucionales, Congreso, Altas Cortes, Fuerzas Militares, Banco de la República, etc. No son las convenciones colectivas, entonces, las que debe prohibir la reforma constitucional en curso, son este tipo de acuerdos institucionales y la extensión de los beneficios de una convención hacia los directivos de la institución.

Este subsidio es consecuencia de la suma de todo tipo de desfases, aquí las personas se jubilan más temprano -cinco años en promedio-; cotizan simbólicamente mucho tiempo y en términos reales los últimos años; su IBL se reduce al último año, fortaleciendo el mecanismo del "carrusel", sea en el Congreso o en otra institución pública, e incluyen todo tipo de sobreingresos; el tiempo de disfrute es más amplio por el doble efecto de su ingreso temprano y la mayor esperanza de vida generada por su mejor calidad de vida; además de que tiene altas posibilidades de heredar la pensión a un sobreviviente mucho menos viejo, es decir, todas las asimetrías jugando a favor del personaje. Eliminar este subsidio es una de las prioridades redistributivas del país, para hacerlo la figura extrema debería ser la de reducir el tope máximo de las pensiones a 10 salarios mínimos legales vigentes.

*Profesor asociado y coordinador del Observatorio de Coyuntura Socioeconómica (Ocse) de la Universidad Nacional de Colombia.