Más de 3,5 millones de mujeres en Colombia son madres cabeza de hogar, en un fenómeno muy asociado al conflicto armado

Cifras optimistas contra cifras desalentadoras polarizan al gobierno y a sectores públicos sobre la pobreza en Colombia; la metodología utilizada para determinar dichos indicadores hace una diferencia notable. Esta disparidad marginaría al país del cumplimiento mundial de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Las cifras presentadas en recientes informes sobre la pobreza y el desarrollo en Colombia son indicativas de la gran brecha que nos separa del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), adoptados en septiembre del año 2000 en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, y ratificados en el Consenso de Monterrey y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible.

Los ODM representan la concreción de un pacto entre las naciones, quienes intensifican sus esfuerzos para: a) erradicar la pobreza extrema y el hambre; b) lograr la educación primaria universal; c) promover la equidad de género y la autonomía de la mujer; d) reducir la mortalidad infantil; e) mejorar la salud materna; f) detener y comenzar a reducir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades graves; g) garantizar la sostenibilidad ambiental; y h) fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Así definidos, los objetivos -cuyas 18 metas específicas deben ser alcanzadas antes del año 2015- se orientan a la promoción de la paz, la realización integral de los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental.

En Colombia, pese a la importancia intrínseca de estos objetivos, y no obstante la iniciativa del gobierno nacional de adoptarlos mediante un documento basado en estudios de viabilidad del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), el desconocimiento de las verdaderas dimensiones de la pobreza y el subdesarrollo ha impedido su incorporación efectiva a programas y políticas públicas sociales.

Son dos las razones fundamentales por las cuales el Estado colombiano no ha adoptado las medidas necesarias para satisfacer las metas y los indicadores en que derivan los ODM: de un lado, la agenda gubernamental ha estado copada por temas como la seguridad y la lucha contra el terrorismo; y del otro, el Gobierno nacional ha alentado un fuerte debate sobre las cifras y las metodologías utilizadas para la medición de la pobreza y el desplazamiento forzado, creando así un ambiente refractario a opiniones disidentes en torno al alarmante crecimiento de los niveles de pobreza e inequidad social en el país.

A este respecto, los resultados de las investigaciones adelantadas tanto por la academia como por los organismos de control contradicen de manera determinante las conclusiones gubernamentales en relación con los logros obtenidos en materia de erradicación de la pobreza y el hambre, a partir de los cuales el Gobierno ha asumido una actitud excesivamente optimista frente al cumplimiento de los ODM.

De acuerdo con la OIT, en Colombia el desempleo disminuyó en 2004. No obstante, tal reducción está asociada al aumento del empleo informal.

Mediciones pobres

Para la Contraloría General de la República, las conclusiones sobre la pobreza a las que llega el Gobierno nacional se derivan de ejercicios de encuesta, cuyas variables y categorías de medición son particularmente insuficientes. Por esta razón, para hacer la medición de la pobreza en 2003, la Contraloría aplicó, en lugar de la tradicional Encuesta Nacional de Hogares -menos amplia en variables y categorías-, la Encuesta de Calidad de Vida. A juicio de la entidad, ésta permite obtener información sobre las variables que determinan la calidad de vida de los hogares y las personas, a partir de datos sobre vivienda, hogar y salud, cuidado del menor y educación, fuerza de trabajo, e ingresos y gastos del hogar.

Desde esta perspectiva, los avances obtenidos en materia de erradicación de la pobreza en la década del 80 se revirtieron a partir de 1997, cuando se registró 50,3% de población pobre. Desde ese momento, la tendencia perdió su trayectoria decreciente, y en 2003 la población por debajo de la línea de pobreza fue 64,2%, según datos de la Contraloría; un 66,2%, si se acogen los estudios de la Universidad Nacional; o un 66,1%, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

En contraste, el gobierno nacional ha sostenido que el porcentaje real es sustancialmente inferior y que su magnitud es relativa, toda vez que, en su criterio, los resultados dependen de la concordancia de las nuevas metodologías con las históricamente aplicadas.

Si algo caracteriza a los ODM es que su dimensión conceptual no se traba en el elemento único de la constatación de los ingresos -que tiene como margen el umbral de un dólar diario-, sino que incorpora, a través de la construcción de 48 indicado-res, la medición de la capacidad que tienen los ingresos de convertirse en funcionamientos. En otras palabras, los ODM permiten evaluar las condiciones y las oportunidades sociales creadas por el Estado y el cumplimiento de los estándares mínimos de realización de derechos para todas las personas, en especial para aquellas en condiciones extremas de vulnerabilidad.

Como consecuencia, el ejercicio de evaluación y seguimiento a los ODM debe conjugar la observancia de los principios de progresividad y no regresividad contenidos en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc). Una interpretación objetiva de estos principios no deja a la mera liberalidad de los gobiernos la decisión sobre la oportunidad y el contenido de los progresos en la materia, sino que desde una visión pro homine recalca la urgencia de adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que dispone el Estado, para alcanzar de manera progresiva la cabal protección de los derechos sociales fundamentales.

Se trata de superar la lógica de necesidades a través de la cual se han venido formulando las políticas sociales y, por tanto, de asumir el desarrollo como un proceso dirigido a garantizar libertades públicas y derechos sociales fundamentales. En otros términos, puesto que la consecución y la consolidación de la libertad y el desarrollo es improbable a partir de la adopción del lenguaje de las necesidades, solo a través de la apropiación y asimilación del lenguaje de los derechos es posible cumplir los objetivos del milenio.

Pero el cumplimiento de los ODM también demanda la confluencia de fuerzas políticas y sociales que propendan, en primer lugar, por la visibilización de las verdaderas dimensiones del problema; de tal suerte que sea incluido en la agenda prioritaria del gobierno. Y en segundo lugar, por la construcción de soluciones consensuadas y legítimas en relación con la realización integral de los derechos humanos.