Para consolidar su permanencia y autonomía, las ONG deberán redefinir sus acciones.

Giovanni Pérez Ortega*

Desde su aparición en la posguerra, las ONG colombianas han dependido en gran medida del financiamiento internacional, lo que las ha hecho susceptibles no solo a los cambios económicos que se presentan a nivel internacional, sino que han estado muy ligadas a las exigencias de los países cooperantes.

En los años ochenta, por lo general habían fondos suficientes en la agencias y países cooperantes, con destino a las ONG latinoamericanas, pero a principios de la década del 90 hubo una reducción drástica del apoyo internacional; la perspectiva de crecimiento sostenido de las ONG se transformó en una disminución de fondos externos y en la consecuente amenaza a la sostenibilidad financiera de muchas de estas organizaciones. Esta situación es, en parte, el resultado de muchos cambios en el país y en el ambiente de la cooperación extranjera, producido principalmente por la noción que tenían los donadores, de que Colombia estaba entrando en una fase de recuperación económica, ocasionando que los recursos empezaran a fluir con mayor frecuencia hacia Bolivia, Perú y Ecuador, y hacia Europa Oriental y África.

En Colombia las relaciones entre las ONG y el Estado también sufrieron una modificación significativa; al momento de su fundación, algunas ONG estaban comprometidas con una posición antigubernamental y otras se mostraban indiferentes. En la medida en que la crisis económica empeoró y la legislación colombiana a partir de 1991 impidiera que fondos públicos fueran destinados a donaciones para las ONG, muchas abandonaron esa indiferencia hacia el Gobierno, e iniciaron fuertes lazos de colaboración mutua en la satis-facción de las necesidades de la comunidad en general.

Hoy, el panorama económico y financiero externo para las ONG ha empeorado. Para empezar, los gobiernos se han convertido en "una fuerte competencia" para ellas, aumentando en términos relativos los recursos de la cooperación canalizados a través de las agencias gubernamentales, a expensas de los recursos canalizados por las ONG. Además, algunos cooperantes internacionales importantes orientaron sus prioridades hacia otras regiones con conflictos agudos vigentes superiores al que sufre Colombia, o a los países de la antigua Unión Soviética y sus aliados. Como si esto fuera poco, algunos especialistas en el tema de financiación de ONG, aducen cierto grado de cansancio de los países cooperantes al comparar la relación entre los recursos facilitados y el impacto logrado por las ONG con estos recursos.

Debido a lo anterior, los países cooperantes han aumentado las exigencias a las ONG, tanto en mayor participación local (recursos de contrapartida), como en sostenibilidades de la asistencia técnica y la aplicación de criterios más explícitos de eficiencia y eficacia en las actividades que desarrollan. De igual manera, buscan resultados tangibles de esta cooperación.

Pero el panorama de financiación interna, tampoco parece ser de bonanza para estas organizaciones. Por un lado, la privatización y eliminación de servicios y empresas estatales, simultáneos a los programas de reforma del Estado, han obligado a muchas ONG a retomar servicios que previamente ofrecía el Estado, aumentando su cobertura y número de beneficiarios con los mismos recursos. Las más afectadas son las que se dedican al sector social, y las que trabajan en la capacitación de grupos marginados, derechos humanos y procesos de democratización, puesto que por su tradición de dependencia de los fondos externos, cuentan con menos experiencia y posibilidades de generar los fondos necesarios para financiar sus actividades.

Algunos cooperantes internacionales han orientado sus apoyos financieros hacia otras regiones con conflictos agudos vigentes superiores al que sufre Colombia.

Para el Grupo de Investigación y Consultoría Organizacional (Gico) de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, lo más preocupante en materia de financiación interna o local de las ONG, puede resumirse en cuatro aspectos:

1. El problema de la estigmatización de las ONG por parte de algunos dirigentes políticos y empresarios del país, como organizaciones sospechosas de desestabilización de la democracia colombiana, ya que ha afectado toda búsqueda de recursos con particulares nacionales, e impedido la contratación de las ONG con empresas estatales y privadas.

2. La conceptualización que tienen los colombianos de mayor ingreso sobre los beneficiarios de las ONG: según el último sondeo realizado por Gico en 2003, las personas de mayores ingresos no se perciben como beneficiarios; manifiestan que las ONG son para los más pobres, cuando se sabe que el problema de derechos humanos, desplazamiento forzado, seguridad, secuestro y ambiental, afectan por igual a todas las esferas sociales del país. Este aspecto ha impedido que las personas con mayor posibilidad de hacer donaciones a las ONG, prefieran realizar por su cuenta y riesgo actividades en estas materias.

3. La escasa eficiencia de las ONG para realizar las actividades que le competen, bien sea por su poca posibilidad de aprovechar economías de escala; por su imposibilidad de estandarizar algunas soluciones a problemas sociales, todos ellos diferentes de acuerdo a las zonas de influencia o de ejecución; por su baja inversión en herramientas que aseguren calidad en sus procesos y procedimientos; y quizás un elemento no comprobado que solo es hipótesis: "a las ONG, no llegan nuestros mejores profesionales", entre otras, porque los recién egresados prefieren vincularse a las empresas del Estado o a los grandes grupos empresariales debido a las mejores ofertas en materia de empleo.

4. El marcado crecimiento de las fundaciones empresariales en el país: según María Cristina Rojas, directora de la investigación "Fundaciones empresariales y cambio social (2004)", en Colombia, para 1997 existían ya 94, y en una muestra de 34 fundaciones tomada ese mismo año, sus activos representaban el 1% del producto interno bruto y lo que es más importante, sus ingresos representaban el 2,5% del gasto social en Colombia. Esta cifra revela que los empresarios han preferido realizar las actividades propias del Estado y de las mismas ONG, lo que les ha limitado la consecución de recursos de las empresas privadas y ha aumentado la competencia por los recursos tanto internos como externos.

Con este panorama oscuro en materia de financiación, son las propias ONG y sus dirigentes, los que requieren redefinir estrategias y acciones que les permitan iluminar el camino hacia su permanencia sin perder de vista su autonomía. Es un reto, pero también es una obligación, porque una vez asumida la tarea por mejorar la calidad de vida de la humanidad, no se puede volver atrás.

*Profesor asistente de la Escuela de Ingeniería de la Organización de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.