Pese a su condición de damnificada por el invierno, esta mujer, madre de ocho hijos, no ha sido reubicada temporalmente en ningún albergue. Foto Fabio Fandiño.

Fabio Fandiño, Unimedios

Las cifras hablan por sí solas: más de 2.000 damnificados, 150 viviendas destruidas, 200 semidestruidas, 900 más impactadas y otras 400 en situación de riesgo. A simple vista, un informe rutinario de cualquier tragedia invernal de las muchas que azotan cada año al país. El de Cartagena, sin embargo, ha sido un desastre que no solo se ha ensañado contra 1.500 casas de los barrios pobres y periféricos de la ciudad.

Las inundaciones del mes pasado han permeado casi todo: desde las políticas de prevención de desastres y de medio ambiente hasta los cimientos de sus fiestas novembrinas; aquellas a quienes muchos en esta ciudad miran aún como expresión natural de una apacible coexistencia social alrededor de reinas, coronas y cetros.

La Cartagena real es, no obstante, otra cosa. Para empezar, y de acuerdo a la imagen idílica reservada para las postales, pocos elementos en Cartagena permiten pensar a los turistas en el drama social implícito en una ciudad donde el 70% sus habitantes vive en los estratos 1,2 y 3, entre los cuales, el 43% sobrevive en la indigencia.

Sin embargo, el agua, el lodo y los deslizamientos, que en noviembre pasado cancelaron -por primera vez en sus 70 años de historia- los actos públicos del Concurso Nacional de Belleza, han dejado al descubierto la magnitud de ese contraste social, que el Anuario Social de la Arquidiócesis de Cartagena define "como el que existe entre Manhatan, Nueva York y los países más pobres de África".

Los 600 damnificados del Coliseo Antonio Cervantes, un nombre tan familiar a la cultura afrocaribe asentada desde La Colo-nia en Palenque de San Basilio, temen, por ejemplo, que el reciente desastre invernal les arroje definitivamente a la calle, con lo que atarían su suerte a la de las 60.000 personas que carecen de vivienda en esta ciudad, de 902.720 habitantes.

En tal caso, el destino más probable sería cualquier lugar de las populosas calles del Centro Histórico, ese museo amuralla-do en que se ha convertido el sector colonial de la ciudad, y en el que ningún indigente o vendedor informal se siente hoy seguro por cuenta del lento acoso al que ha sido sometida la zona por la gran industria hotelera, empeñada en obtener para sí algo semejante a una concesión fáctica de sus calles y plazas coloniales.

En palabras de la socióloga francesa Elisabeth Cunnin, autora de un libro sobre identidades raciales en Cartagena, las murallas parecen definir hoy los linderos de "una especie de ciudad prohibida", clausurada de vez en cuando a los propios cartageneros por cuenta de cumbres inter-gubernamentales sobre pobreza o integración comercial en su moderno Centro de Convenciones o por visitas presidenciales a la Casa de Huéspedes Ilustres.

Apoyada en argumentos que reducen la explosiva situación social de Cartagena a una invasión del espacio público que resulta incompatible con el turismo, la ciudad prohibida de Cunnin ya ha sentado precedentes con lo que fue, por ejemplo, el desalojo del centro histórico durante la pasada visita del presidente George W. Bush a Colombia.

Mantenidos a raya, y al rayo del sol, durante las tres horas y media que duró la visita de Bush, varios de los vendedores ambulantes evocaron lo sucedido durante las fiestas de cambio de milenio, cuando el ingreso al sector amurallado fue exclusivo para las personas que recibieron una tarjeta de invitación extendida por algunos hoteles y restaurantes a sus huéspedes.

En la misma línea acusatoria, muchos dueños de hostales y pequeños hoteles ven con sospecha el nuevo papel que la especulación inmobiliaria ha desempeñado en el proceso de restauración del centro histórico, bajo mecenazgo español, según ellos para favorecer la pujante hotelería ibérica.

Las enfermedades respiratorias afectaron, principalmente, a los menores de cuatro años, por causa de las demoras en la reubicación de las familias. Foto Fabio Fandiño.

En los extramuros, sin embargo, Cartagena es otra, muy diferente de esa pequeña ciudad atenazada -la de los barrios de estrato cinco y seis- protegida al noroeste por el mar, como en los tiempos del almirante Vernón, y hoy, por la Base Naval, ga-rante de su acceso a la ciudad antigua, y observada si acaso, un poco más lejos, al suroriente, por el paisaje polvoriento y rojizo de sus barrios adheridos tercamente a las faldas del cerro de La Popa.

En algunos de ellos, el drama de la pobreza es apenas una muestra aleatoria de cifras más generales, como las aportadas por un reciente informe socioeconómico de la Corporación Viva la Ciudadanía, según el cual un total de 379.505 cartageneros, perciben un ingreso promedio de sólo 36.720 pesos mensuales o, lo que es lo mismo, menos de la mitad de los 74.772 pesos mensuales de ingreso que la medición científica de la pobreza exige como míni-mo para que una persona salga de la línea de indigencia.

A sus 36 años, Elizabeth Púa Hernández, es apenas un ejemplo de lo que significa en Cartagena ser madre soltera de dos niños, empleada doméstica con un salario de 120.000 pesos mensuales, y a cargo de un sobrino y una prima. En total, cinco personas que sobreviven cada una con 24.000 pesos al mes, situación agravada por las recientes inundaciones como quiera que su casa fue una de las 200 semidestruidas por los deslizamientos del barrio Santa Rita.

Obligada a refugiarse en casa de su her-mana, Andrea Púa, de cuarenta años, sufre un drama semejante. Desde hace varios años su esposo, un obrero de la construcción, es uno de los más de 70.000 desem-pleados de la ciudad que han entronizado a Cartagena como un lugar donde la tasa de desocupación ha demostrado el divorcio entre la realidad y las cifras.

Según el Dane, la reducción de este fenómeno en Cartagena -donde el 9% del empleo total es aportado por el turismo- se ha visto "favorecida" por el prolongado desempleo de los hombres, lo que los saca de esta estadística para ubicarlos en el subempleo o en la indigencia, y por la alta proporción de mujeres con niños que les impide salir al mercado de trabajo.

En conclusión, se ha presentado un tránsito gradual en los últimos cinco años, según la rigurosa definición de los economistas, así: del desempleo al subempleo, a la informalidad, a la pérdida de la vivienda por cuenta de los deslizamientos del invierno, y de ahí a la indigencia.

Definida esta última como el estado de pobreza en la que una persona carece de los ingresos mínimos requeridos para satisfacer sus más elementales necesidades alimentarias, el drama implícito en esta cifra aparece aún más claro si se tie-ne en cuenta que entre 1998 y 2002, la in-digencia pasó de 29% a 42%, elevando en consecuencia el número de pobres, una estadística que es hoy del 70% según promedian los diferentes estudios realizados sobre el tema.

Por lo demás, las inundaciones de noviembre han confirmado la precariedad y contradicción de muchas de las políticas públicas. Tránsito Pérez, otra de las damnificadas recuerda, por ejemplo, que su humilde casa en las laderas del Cerro de la Popa ingresó hace tres años, de la noche a la mañana, en el inventario de viviendas en situación de riesgo.

Abuela de tres nietos y madre de Catherine, de 19 años, doña Tránsito vive de vender frituras en Castillo Grande, donde gana en promedio 8.000 pesos diarios. A sus 56 años es la única que vela por la familia, razón de más para culpar una y otra vez a las administraciones pasadas cuando proyectaron y construyeron una vía perimetral a su barrio, restando tierra a la ladera en la que están construidas decenas de viviendas aprobadas por la propia alcaldía.

La discusión, aunque parezca irónica ante esta gráfica, se centra ahora en definir si una casa ha sido destruida o semidestruida. De tal "concepto técnico" dependerá la ayuda oficial. Foto Fabio Fandiño.

La otra exclusión

La pobreza, medida en clave de ingresos, no es únicamente la peor cara de la desigualdad que afecta esta ciudad, buque insignia del turismo nacional y símbolo de heroísmo libertario en los albores del siglo XIX.

En efecto, la Cartagena real no es solo exclusión social. Desde hace varios años, el Centro de Cultura Afrocaribe, es en cierto sentido una versión moderna del apostolado a favor de los negros que ejerció en esta ciudad San Pedro Claver en el siglo XVII. Regentado por el también sacerdote jesuita Efraín Aldana, el Centro funciona incluso en el mismo lugar donde vivió y murió el santo español, en el segundo piso del museo que es hoy el claustro de San Pedro Claver muy cerca de la Plaza de la Aduana, en el sector antiguo de la ciudad.

El diagnóstico que proporciona esta organización no gubernamental acerca de la exclusión étnica y racial en Cartagena es contundente; para oponerse a tal discri-minación brinda apoyo social a las comu-nidades más pobres, en su mayoría afrodescendientes; promueve actividades que incluyen cursos de prevención del sida, resolución pacífica de conflictos, capacitación microempresarial y toda suerte de proyectos ideados para hacerle frente al racismo contraponiéndose a la pobreza.

Revisión real

El centro cultural del padre Aldana y su parroquia del barrio Santa Rita, una de las más golpeadas por las inundaciones de noviembre pasado, han liderado las denuncias, por ejemplo, sobre la incompatibilidad de un reinado de belleza con el sentido de lo que debe ser una fiesta popular: la disposición al encuentro con la diversidad étnica y social.

La cancelación por la tragedia invernal de los actos públicos de sus dos concursos de belleza, el nacional, en manos de la empresa privada, y el popular, a cargo de entusiastas comités autofinanciados con rifas y bingos en los barrios populares de la ciudad, sumado a los renovados esfuerzos locales que se hacen para que fiesta y rei-nado vayan cada uno por su lado, hicieron del pasado mes un noviembre atípico en la anegada Cartagena.

No ha sido, pese a todo, el primer año en que la polémica revela las flaquezas del certamen mediático en que se ha convertido el concurso de belleza. De hecho, un largo historial de "anécdotas" en los espacios de la farándula, han subrayado el carácter racista del certamen, una acusación que se intenta desestimar con la elección, en 2001, de Vanesa Mendoza Bustos, la re-presentante del Chocó, como Señorita Colombia, o con una recusación similar hecha al Reinado Popular y a su poca condescendencia con el papel que desempeñan en él las reinas "blancas" del certamen.

A esto se suma la controversia entre ambos reinados que se produjo durante la versión 2003 del concurso nacional a raíz del azaroso cronograma que en pocos meses llevó a Yeimi Paola Vargas desde su natal barrio Olaya, en el populoso distrito Ricaurte, de la Ciudad Heroica hasta Tokio (Japón), donde a mediados de este año se convirtió en Miss Internacional.

Yeimy Paola pasará así a la historia como la primera reina popular en representar al Distrito de Cartagena, una aspiración que le fue negada en cambio a Cindy Eraso, en el año 2000, lo que demostró en su momento el peso que tiene la ciudad anfitriona en la configuración de un certamen que la socióloga Cunnin concibe como "la vitrina de un país que tiende a relacionar identidad nacional con blancura".

Más allá del ejercicio antropológico que propone la investigadora Margarita Abello -para establecer si el reinado popular es un intento por emular el concurso nacional o si responde a una reafirmación cultural del pueblo cartagenero con sus fiestas- la cuestión, en términos generales, remite a una progresiva actitud de algunos cartageneros por revisar el tema de los reinados, su verdadero entronque o no con el origen más remoto de las fiestas de Cartagena -los carnavales durante La Colonia- y su imbricación con la solemnidad de las ceremonias conmemorativas de la independencia, iniciadas en 1846, fortalecidas en 1911 como referente de identidad local, pero presas luego de un languidecimiento a costa de un evento, que como el concurso de belleza se transformó, según ella, "en el foco visible de la celebración".

En este contexto, Cartagena fue escena-rio de otra tensión alrededor del tema: los esfuerzos de muchos para que una posible autorización de los actos públicos del reinado se extendieran también al conjunto de las fiestas de la ciudad, lo que provocó en la práctica un divorcio, uno más, al interior de la ciudad real. Cuestión que zanjó la alcaldía con la suspensión de estos eventos; situación inédita que ni siquiera se había producido en ese trágico noviembre de 1985, cuando el único cambio en la programación del certamen consistió en una misa a la que asistieron las candidatas, en memoria de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia.

La antropóloga Abello no es la única que hoy propende por una solución que signifique el triunfo de las fiestas populares, o en otras palabras, la recuperación de los espacios perdidos. Lo que significó para muchos cartageneros sentirse excluidos de un evento que, pese a su frivolidad, refleja con creses las contradicciones de su sociedad.

En síntesis, y de acuerdo con las palabras del jesuita Efraín Aldana, "tuvo que llegar un desastre natural para conmover a las instancias del poder en la ciudad". Quizá, después de esta tragedia, las autoridades finalmente decidan implementar políticas y desarrollen programas tendientes a superar la inequidad social que está en la base de las devastadoras inundaciones y de los conflictos de los grupos sociales.