Prespuesto 2005: ¿seguirá el déficit?

La baja inversión social productiva, contemplada en el presupuesto aprobado por el Congreso, arruinaría la expectativa de un mejor crecimiento económico y las propias metas de recaudo fiscal.

Al igual que los últimos años, el Congreso aprobó sin mayor discusión el presupuesto para 2005.

Equipo periodístico Unimedios

La aprobación de la ley de presupuesto, el 20 de octubre último día del plazo, lo que es ya una tradición en la vida legislativa colombiana, ha refrendado un nuevo episodio de disciplina fiscal del Congreso frente a propuestas gubernamentales moldeadas, en parte, por los compromisos contraídos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

No obstante, nuevas realidades permiten deducir que esta vez la programación del presupuesto general de la Nación, sin duda la principal herramienta normativa en la lucha contra el déficit fiscal, ha asumido, junto a su teórico papel clave como instrumento de ajuste, un rol más central en 2005: mantener (mas no reduir) el déficit dentro de metas viables de crecimiento económico, según los dictámenes del FMI.

El Gobierno está públicamente comprometido con la reducción del déficit, por ejem-plo, a través de la disminución del tamaño del Estado, entonces, ¿qué ha llevado a que el Congreso aprobara un presupuesto que pasó de $71 billones en 2004 a $94 bi-llones en 2005, configurando un incremento cercano al 25%?

Para los expertos consultados por Unimedios , como Jorge Espitia, de la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas, se trata de un presupuesto que si bien ha sido presentado y defendido como financieramente equilibrado, registra "un elevado déficit implícito".

Situaciones como esta han pasado casi inadvertidas en el debate que precedió a la aprobación de la ley, como la que alude al tema de la deuda pública, un rubro para el cual el Gobierno deberá destinar el año entrante un total de $32 billones, de los cuales $30 billones provendrán, paradójicamente, de créditos externos e internos, dando lugar a la perversa fórmula, propia de cualquier economía doméstica, de pedir prestado para pagar las deudas.

Más preocupante resulta para los expertos el hecho de que, en términos generales, la suma de los ingresos previstos en la ley de presupuesto aprobada emiten un resultado fiscal deficitario calculado en $19.8 billones, lo que equivale al 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB), un porcentaje que en el año 2000 fue del 4,5%.

La posibilidad de que la ley de presupuesto confirme el perfil deficitario de las iniciativas anteriores se evidencia mejor con el hecho de que en 2005, por ejemplo, los ingresos tributarios, del orden de los $39 billones, solo superan en un 24% el rubro de entradas por concepto de nuevos empréstitos, aforados en $30 billones, y el de ingresos de capital, correspondientes a los excedentes de las entidades estatales, industriales y comerciales, un recaudo que se espera sea de $4.6 billones.

Así las cosas, los ingresos estimados en $73.6 billones y gastos por $94 billones, arroja un déficit de $19 billones, para lo cual el Gobierno apelará a las fórmulas cotidianas de reformas tributarias, adiciones presupuestales y una mayor enajenación de activos, la reflexión apunta a una amplia gama de conclusiones.

Una de ellas, según el profesor Ricardo Bonilla, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia, apunta a que el Gobierno está jugando a la idea de que el PIB crezca el año entrante a una tasa que le permita mantener el déficit en un terreno manejable a la luz de lo que es su magnitud dentro del PIB y llevarlo con ello a un margen de maniobra compatible con las expectativas del FMI.

En otras palabras, para Bonilla, se trata de un nuevo objetivo, que no apuesta ahora a reducir el déficit, especialmente en un año electoralmente estratégico para el Gobierno, sino a mantenerlo en el límite posible y con el cual pueda pasar el examen del organismo financiero y, al mismo tiempo, tratar de sotener el creciente peso del gasto público.

La lógica anterior, en opinión de Jorge Espitia, de la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas, podría verse frustrada en la medida en que el Gobierno del presidente Uribe, al incluir como gasto social prácticamente todo el gasto público, se encuentre con una reducción real de los recursos para inversión social productiva.

Un panorama como este confirmaría sus denuncias acerca de lo que concibe como un ajuste público miope en toda América Latina que al sacrificar la inversión pública productiva, crucial en la región para el logro de un mayor crecimiento económico, derrumbaría el recaudo tributario con el cual se pretende, justamente, controlar el déficit.

¿Gasto social?

¿Inflacionario? ¿Recesivo? ¿Deficitario? ¿Cuáles son, en síntesis, las mayores críticas a esta iniciativa que regirá el nivel de ingresos y gastos de la Nación para el año entrante? Para Espitia, el presupuesto aprobado es más de lo mismo, es decir, una respuesta coyuntural a un problema estructural de las finanzas públicas.

Además, una estrategia encaminada a conseguir dos objetivos a partir del mismo insumo presupuestal. De un lado, apostar por un crecimiento económico del 4% en 2005, un porcentaje con el cual el Gobierno aspira a mantener a flote un déficit apenas internaciona-mente presentable, pero fundamental en las necesidades de gasto inherentes a un año electoral. Una lógica que para los analistas consultados por Unimedios puede terminar en agravar el problema fiscal del país.

Y también un presupuesto que privilegia el verbo "controlar" en detrimento de otro: aquel que habla de "reducir" la creciente brecha entre menos ingresos y más gastos, sin importar que, en sujeción a tácticas contables, cada vez más los gobiernos prefieran intervenir dichos conceptos, haciendo difusa la diferencia entre las muchas categorías contempla-das en el gasto público y permitiendo que lo que es de funcionamiento aparezca como social.

Contabilizar como gasto social lo que es en realidad un gasto de funcionamiento -como los aportes que por pensión debe hacer el Estado en su calidad de empleador- es, de entrada, una primera evidencia del tamaño de la discusión que debe dar el país en la construcción de su diccionario sobre lo que es y no es gasto social.