Eje cafetero : desesperanza, guerra y pobreza

El conflicto interno redujo la esperanza de vida en esta región entre 1996 a 2000. Cortesía Crece

Quince años después de la ruptura del Acuerdo Mundial del Café, es dramática la situación de los 53 municipios de la región. La presencia de los grupos armados, la baja en los ingresos y la falta de opciones la tienen hoy sumida en la más grave depresión de la que se tenga memoria.

Mariela Márquez*

El dos de julio de 1989 fue premonitorio. Quizá muy pocos se imaginaban las implicaciones de la decisión de Estados Unidos y otros países centroamericanos de romper el Acuerdo Mundial del Café que por más de cuarenta años rigió los destinos de la caficultora mundial.

Se equivocaron las voces que aducían que era el camino más expedito para mejorar los ingresos de los países productores, cuyos cultivadores -550 mil en Colombia- están hoy abocados a la más aguda crisis de la que se tenga referencia en la historia reciente de la caficultura.

El empobrecimiento de las regiones productoras es una verdad "a puño": cuatro billones de pesos en pérdidas, el desmejoramiento de las condiciones de vida en las regiones productoras y las altas tasas de desempleo, 18% sólo en las tres capitales del eje cafetero.

Quince años después, los cambios son evidentes. El anuncio el primero de mayo de 1990 de la entonces Coordinadora Guerrillera Nacional de tomarse el que llamaron "corazón cafetero de Colombia" como rechazo a la ruptura del pacto mundial es hoy misión cumplida. Las Farc, el Eln y el Epl tienen actualmente diez frentes rurales, además de las milicias urbanas, actuando en 40 de los 43 municipios del llamado Eje Cafetero, además del apoyo de grupos irregulares de Antioquia, Tolima y parte de Chocó. La región por su situación geográfica recibe un amplio apoyo de fracciones armadas del norte y sur del país, que se abren paso en esta zona alejada por años de la confrontación.

No se queda atrás el posicionamiento de las autodefensas o paramilitares. El recurrente histórico de la zona del Magdalena Medio en el oriente de Caldas como promotora de ese proceso armado, se ratifica con el fortalecimiento del grupo de Ramón y Ómar Isaza y el Bloque Central Bolívar.

Los cambios en asuntos de orden público se reflejan también en la presencia de medianos testaferros de los carteles de las drogas de Medellín y Cali, que huyendo de la acción de la justicia, se asentaron en las grandes urbes e incrementaron el lavado de dólares, las compras de tierras e inducen a los cafeteros afectados a las siembras de cultivos ilícitos en localidades del oriente de Caldas, principalmente en Samaná y Pensilvania (mil hectáreas la cifra reciente de las autoridades).

En un marcado proceso de aculturación, esos factores negativos que imperan hoy, conllevan a problemas como la prostitución, el consumo de drogas psicoactivas y para los expertos son el caldo de cultivo de los grupos armados, los cuales en casos como los corregimientos de San Diego y Florencia en Samaná, son motivo permanente de disputa por dominio territorial. Los alzados en armas entendieron que la región, por su ubicación, es privilegiada y es ahora el puente para el envío de armas del norte al sur del país y para movilizarse a Panamá y otros países vecinos en un claro fenómeno de expansión armada.

Ese proceso de desmejoramiento avalado recientemente por el Informe Regional de Desarrollo Humano, revela además un aumento notorio en la criminalidad y las acciones de la delincuencia común que dejan en el primer semestre de este año, cerca de 500 homicidios en Caldas, 400 en Risaralda y 200 en Quindío.

Los análisis de las autoridades administrativas, militares y de policía relacionan una cifra promedio por año de 2.600 homicidios, un 30% atribuible a las acciones de los grupos armados ilegales, con una mayor incidencia en las comunidades indígenas.

Esos niveles de violencia que no se veían desde el conflicto político de la mitad del siglo pasado, para las autoridades regionales, surgen por la falta de posibilidades laborales y de oportunidades educativas de jóvenes que ingresan a las bandas de delincuentes comunes o a fracciones armadas de la guerrilla o las autodefensas que ofrecen entre 400 y 500 mil pesos de salario mensual, en sectores más deprimidos económicamente y donde son mayores los efectos de la hecatombe cafetera, que deja también 200 mil recolectores por fuera del sistema laboral.

Actualmente, la disyuntiva cafetera, la acción de los grupos del conflicto y la pobreza han incrementado el éxodo de campesinos, que deambulan en las tres ciudades capitales; en mayor proporción Manizales, que solo en lo que va de 2004 ha recibido cuatro mil desplazados del oriente de Caldas; Pereira, de localidades limítrofes con el occidente de Caldas; y Armenia de familias que aún no encuentran solución a los problemas de falta de vivienda y de empleo originados en el terremoto.

Como lo admite el informe del Pnud, la crisis estructural del café en el reconocido gran Caldas ocasionó la contracción del producto interno bruto de los municipios y departamentos y con la aplicación de la Ley 617 que redujo el aparataje estatal de los organismos territoriales, llevaron a la eliminación de fuentes de trabajo y al deterioro de los ingresos familiares, en cifra cercana al 50%.

Los expertos consideran que la industria regional no ha constituido una alternativa laboral, lo que ratifican con la pérdida de cerca de tres mil fuentes de empleo en los últimos cinco años por el cierre de empresas, fusiones y traslados. Todo lo anterior mimetizado con la pérdida de protagonismo de los productores de café, la falta de inversión nacional y local y la desesperanza característica de las zonas afectadas por la guerra, la pobreza y la falta de opciones laborales.

¿Cuál es la solución?

Para el Director de la Red de Solidaridad, Luis Alfonso Hoyos, hay cuatro ejes fundamentales que avalan alternativas a la crisis: el fortalecimiento del ecoturismo, la diversificación agraria y la agroindustria, el desarrollo de la biotecnología y el desarrollo humano.

Para el gobierno nacional, y con argumentos del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, al sector cafetero le falta terminar de hacer su ajuste y reconversión, y los productores que requieran retirarse por falta de competitividad, deben mirar otras alternativas legales para lo cual se espera contar con el apoyo de la comunidad internacional.

Los analistas hablan de una nueva vocación, que permita redimir a 566 mil familias, que cultivan con café en Colombia -870 mil hectáreas-, familias que toda la vida han dependido de esta actividad y cuyos niveles educativos en la mayoría de casos no superan la primaria.

Esa nueva vocación, si bien reclama un cambio de actitud, necesita con urgencia recursos y que el Estado y la sociedad colombiana reconozcan a los cafeteros los beneficios que en época de bonanzas transfirieron, entre otros, para reconstruir el Palacio de Justicia en Bogotá y la región afectada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, ambas tragedias ocurridas en 1985, la reconstrucción de Popayán en 1982, la salvación del sistema bancario en esa misma época y los estragos económicos de las mal planeadas bonanzas petroleras.

De lo contrario, ¿en qué estamos? Apague y vámonos porque en el Eje Cafetero sin duda, sus habitantes, se quedaron sin el género y sin la especie, y sin el reconocimiento económico que la historiografía les debe hacer por su aporte al desarrollo nacional por cerca de un siglo.

* Catedrática de la Universidad Nacional de Colombiam, sede Manizales.