Paramilitares, promesas electorales y Estado de Derecho

A un mes exacto de haber comenzado las negociaciones en Santafé de Ralito y tras la controvertida intervención de Salvatore Mancuso y 'Ernesto Báez' en la Cámara de Representantes, las Autodefensas Unidas de Colombia están mostrando que lo que les interesa es el estatus de negociación y los privilegios que otorga, según lo argumenta el politólogo, autor de este artículo.

Mauricio Romero*

Cada vez más la negociación entre el gobierno del presidente Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), asume varios de los rasgos más criticados por él mismo a la negociación entre la administración Pastrana y las Farc. Comencemos por una cronología y compromisos definidos. En el caso de la zona de distensión en el Caguán, este fue un punto sujeto a una controversia feroz. Críticas desde las fuerzas armadas, el Congreso, el mismo candidato Uribe Vélez y el gobierno de los Estados Unidos señalaron lo inconveniente de la prolongación de las negociaciones y la zona de distensión sin plazos ni compromisos claros. Se consideró que esa cesión indefinida de soberanía a un grupo ilegal era inadmisible e inconveniente.

En la actualidad, ya van 18 meses de negociaciones y un discutido cese de hostilidades de las AUC, además de la ratificación de la zona de ubicación de hecho existente en Santafé de Ralito y oficializada el pasado 1 de julio, en donde la suspensión de las órdenes de captura ya operaba desde mucho antes del inicio de la negociación en diciembre de 2002. Todo esto a cambio de nada concreto en cuanto a un cronograma y compromisos claros de los diferentes pasos de la negociación que concluiría en la desmovilización y desarme. Se dice que la zona de ubicación en el municipio de Tierralta, Córdoba, es significativamente menor que la del Caguán en el sur del país, pero es que la primera está ubicada en una extensa región en donde las AUC se convirtieron en una fuerza complementaria a las del gobierno, y en donde el control territorial efectivo lo ejercen estas fuerzas irregulares, y no las del estado. La negociación así como se está desarrollando continúa fortaleciendo esas redes armadas ilegales y no las civiles y legítimamente constituidas. ¿En dónde quedaron entonces los llamados al fortalecimiento del estado y de la ley hechos durante la campaña presidencial no hace mucho en el 2002?

¿Estado de Derecho o de hecho?

Con la decisión del gobierno de no presentar el proyecto de justicia y reparación para discusión en el congreso en esta legislatura, no se sabe cómo va a continuar la negociación, aunque todos las prerrogativas otorgadas a los comandantes de las AUC siguen en pie o ampliándose. De los beneficios o "incentivos" jurídicos para la desmovilización y sometimiento que acuerde el congreso es que depende el avance de la parte más operativa del proceso, el cual tiene que ver con la concentración de fuerzas, verificación por la OEA del cese de hostilidades y finalmente del desarme. Al igual que las Farc, las AUC están mostrando que lo que les interesa es el estatus de negociación y los privilegios que otorga, y poco los compromisos que debería asumir a cambio. El estado, como representante de la voluntad general de la sociedad, parece que tampoco está demandando esos compromisos. Entre tanto, a cambio de nada, las AUC están en un proceso de fortalecimiento de apoyos políticos y visibilidad pública sin precedentes, otro de los puntos criticados al proceso del Caguán. Cuál es el mensaje enviado al público con la visita de tres de los jefes paramilitares al congreso en la capital del país, transportados en un avión de la fuerza aérea colombiana y con transmisión del evento por la cadena de televisión oficial? Poco edificante en todo caso para los propósitos de construir un estado de derecho y no de hecho en Colombia.

El comisionado de paz Luis Carlos Restrepo ha sido claro sobre el tipo de negociación que quiere: jurídica y sometimiento a la justicia. Los jefes de las AUC han respondido que quieren una negociación política con beneficios jurídicos, además de la redefinición del cese de hostilidades que incluya reciprocidad de las fuerzas del estado y que se acepte la necesidad de las AUC de defenderse de la guerrilla. Punto lógico, que sin embargo, también tiene el riesgo de perpetuar las situaciones regionales consolidadas por las AUC. Es decir, seguir como antes porque ellos tendrían la potestad de definir quién es guerrillero o mejor, siguiendo el discurso de las AUC, en definir quién está disfrazado de civil siendo guerrillero, situación en la que clasificarían individuos excesivamente críticos o grupos sociales demandando justicia y derechos. Y esto sin hablar del narcotráfico. En esa redefinición del cese de hostilidades que piden las AUC el tema del narcotráfico surge como un punto crítico. Cómo diferenciar las actividades de defensa propias del aparato militar de las AUC de las relacionadas con el narcotráfico? Este fue otro de los aspectos más controvertidos en el proceso con las Farc y la zona de distensión del Caguán y que vuelve a resurgir con las AUC sin ningún tipo de previsión por parte del gobierno.

Lo que se puede observar es que el presidente Uribe vacila entre cumplir sus promesa electoral de fortalecimiento del estado y de la ley, y así crear las condiciones para derrotar a la insurgencia o obligarla a negociar, y una estrategia de guerra en contra de las Farc con apoyo de grupos armados irregulares, como sucedió en el Urabá antioqueño cuando el presidente Uribe fue gobernador de Antioquia a mediados de los años 90. En esta estrategia su discurso sensato no sería más que un recurso para ganar votos y respaldo, así este camino lo lleve a cometer los mismos errores que él denunció en la negociación de la administración Pastrana cuando estaba en campaña para la presidencia. Además, esta estrategia también está fortaleciendo un grupo irregular que se ha caracterizado por su vinculación con el narcotráfico y la mayor responsabilidad en el desplazamiento forzado de población, violación de los derechos humanos y expropiación y acumulación de riqueza por medios violentos.

Es decir, las políticas sobre fortalecimiento del estado, la ley y las posibilidades de paz en esta administración se han convertido en parte de un juego electoral de corto plazo que están lejos de consolidar un estado de derecho. Este riesgosa apuesta electoral con los temas de la guerra y de la paz, una de las primeras advertencias sobre lo que se debe evitar a toda costa en los países con conflicto armado hecha por los expertos internacionales sobre resolución de conflictos es precisamente lo que el presidente Uribe está impulsando. Este camino escogido por la administración en medio de un proyecto reeleccionista de seguro ahondará más la divisiones en el país. A pesar de su discurso convocador en defensa de la patria, el presidente Uribe está delineando un sendero de mayor división política y más pugnacidad. Esperemos que no de mayor violencia.

* Profesor de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado de Colombia.