La legislación del derecho de autor, telecomunicaciones, acceso a los mercados, empleo, seguridad social, son algunos de los temas en los que se centra las mayores discusiones del TLC.

TLC: un pasado prometedor

La negociación para la firma del Tratado de Libre Comercio concluye el mismo día en que se inician las negociaciones. ¿Por qué? El argumento esencial del autor del presente artículo es la predeterminación de una arquitectura del acuerdo.

Germán Umaña Mendoza*

La profunda división ideológica existente alrededor de los tratados de libre comercio entre aquellos que pretenden ser los abanderados del libre comercio, por un lado, y los enemigos de la globalización y del libre mercado, por el otro, no ha permitido analizar con profundidad qué se encuentra detrás de estos acuerdos, especialmente del que se inició y, en mi concepto, finalizó el 18 de mayo de 2004 con Estados Unidos.

El tratado en mención, antes que consolidar el libre mercado, conducirá a la legalización de las imperfecciones, puesto que se mantienen barreras cualitativas, legislaciones asimétricas y excepciones que desvirtúan una propuesta de libre cambio, lo que, además, se refuerza por la falta de definición de normas de competencia adecuadas. En lo sustantivo, la negociación concluye el día en que se inician las negociaciones. ¿Por qué? El argumento esencial es la predeterminación de una arquitectura del acuerdo. Veamos:

La evolución de lo geocomercial indica que las alternativas multilaterales y plurilaterales se encuentran en crisis. En efecto, el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) muestra diferencias sustantivas entre los intereses de los países desarrollados y los de los que están en vías de desarrollo en torno a la agricultura. Además, estos últimos se opusieron a un avance en algunos de los "temas de Singapur" (inversiones, propiedad intelectual, contratación pública, transparencia).

En el ámbito plurilateral, el Alca es un desarrollo que no se ha negociado en la OMC y que ha hecho crisis en Cancún. Este Acuerdo está en problemas y su alcance, en caso de que se suscriba, será mucho menor de lo que se pensaba.

La Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (Atpdea), cuyos efectos sobre las exportaciones son poco importantes (apenas el 14% a Estados Unidos) y sin mayor grado de diversificación, dejó de ser una preferencia comercial concedida en el marco de la "responsabilidad compartida" en la lucha contra las drogas y tiene crecientes condiciones que nuestro país ha aceptado disciplinadamente en sus leyes nacionales (Ley 315 de Arbitramento, Decreto 2085 sobre mayor protección a las multinacionales -notablemente las farmacéuticas-, apertura en compras del Estado), las que ahora se consolidarán como supranacionales e irreversibles.

Como consecuencia de todo lo anterior, no es casual que la estrategia norteamericana sea establecer acuerdos bilaterales. En 2003, Robert B. Zoellick, decía al respecto: "Cualquier decisión de la OMC requiere un consenso entre sus 144 miembros. Cualquier país (por cualquier razón política o económica) puede paralizar la Agenda de Doha. No aceptaremos pasivamente un veto al avance de Estados Unidos hacia la apertura de mercados. Deseamos alentar a los reformadores que favorecen el libre comercio. Si otros no desean avanzar, Estados Unidos avanzará con aquellos que sí lo desean. Ha llegado el momento de que otros nos digan cuando estén listos para abrir sus mercados, de que presenten propuestas para la liberalización y equiparar sus críticas con su compromiso". Y agregaba: "Las políticas comerciales de Estados Unidos están ligadas a nuestros objetivos económicos, políticos y de seguridad más amplios. Para que sea sostenible en nuestro país, nuestra estrategia comercial necesita estar en línea con los valores y las aspiraciones estadounidenses".

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de Colombia, Ecuador y Perú, los países andinos participantes en el TLC.

En cuanto al efecto sobre las instituciones y la democracia que se producirán como resultado de los acuerdos, basta analizar lo que es una evolución hacia una democracia ampliada como la de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con relación a lo que resultaría de un TLC. En la CAN, el poder ejecutivo está conformado por el Consejo Presidencial Andino, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina. El poder legislativo está constituido por el Parlamento Andino y desempeña una función fiscalizadora. El órgano jurisdiccional es el Tribunal Andino de Justicia, al que pueden recurrir los gobiernos y los ciudadanos. La participación de la sociedad civil se manifiesta en los consejos Laboral y Empresarial, así como en convenios sobre salud y educación.

¿Qué estructura institucional se espera que tenga el TLC? En las negociaciones hay una intensa participación de los poderes ejecutivos. El conjunto de reglas que se apruebe será en general estático y el papel del órgano ejecutivo se limitará en el futuro a evaluar y administrar. El poder legislativo podrá simplemente aprobar o improbar los resultados de la negociación entre los ejecutivos. En la esfera jurisdiccional, se tiende hacia los tribunales de arbitramento internacionales: justicia privada, en vez de tribunales supranacionales. No se propone la creación de fondos estructurales que sean una respuesta a las asimetrías que se generarán entre países de marcadas diferencias en los niveles de desarrollo.

Es entonces evidente cómo los mercados comunes constituyen una cesión supranacional de la soberanía para establecer una democracia ampliada y crear las instituciones correspondientes. En los acuerdos de libre comercio esto no ocurre y la tendencia es hacia la privatización de las instituciones.

Finalmente, mientras se acepta negociar los objetivos ofensivos de EE.UU. (reforzamiento de la propiedad intelectual, liberalización en servicios y seguridad jurídica), también se acepta no negociar en el sector agropecuario las políticas norteamericanas; no se abordarían los tópicos de defensa comercial (anti dumping y competencia); se incluirían sus reservas en las regulaciones estatales en compras públicas y servicios. Nada se trataría sobre protección a los conocimientos tradicionales o control de la biopiratería, ni sobre liberalización de servicios personales, con la excepción de unas pocas visas para los profesionales.

Será un acuerdo asimétrico, con preferencias a favor de EE.UU., que no liberaliza lo que nos interesa y sí conduce a una apertura unilateral. Sus resultados no tienen por qué ser diferentes a los de la apertura de los noventa: más ricos y más pobres, crisis de crecimiento y empleo. En 1935 firmamos el primer TLC con EE.UU. En 1949 tuvimos que denunciarlo. Nada aprendimos de sus funestos resultados.

* Profesor de la Universidad Nacional.