En busca del patrimonio encontrado

Aunque desde la década del treinta las leyes protegen el patrimonio cultural colombiano, solo desde 2002 dejó de ser letra muerta. Son muchos los matices que siguen marcando el tráfico ilegal. Una reflexión a propósito de la Lista Roja.

Sandra Gómez Galindo*

No importa que hayan sido declarados Patrimonio de la Humanidad, candidatizados como sitios sagrados por la ONU, que reciban miles de visitantes anuales o que estén cargados de respuestas que ayuden a entender el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. No importa porque los bienes culturales, los mismos que fortalecen la identidad de los pueblos, no dejan de ser mercancía, al menos para esa larga cadena que conforma su comercio ilícito.

Un 80% de todos los sitios arqueológicos conocidos en la península de Yucatán ha sido saqueado. En Colombia se han reportado 17 robos de las estatuas de San Agustín en los últimos 15 años. En la década del ochenta salieron del país varias piezas, algunas de más de 700 kilos de peso, que las autoridades aún no se explican cómo pudieron ser sacadas. Lo cierto es que algunas fueron encontradas en una elegante mansión francesa y otras en la calle del Cartucho de Bogotá.

Este panorama se repite a lo largo de América Latina casi sin excepción, motivo suficiente para que 60 expertos de América y Europa crearan la Lista Roja de Bienes Culturales Latinoamericanos en Peligro, publicada por el Consejo Internacional de Museos (Icom). En ella se identifican 25 categorías de objetos pertenecientes al patrimonio cultural precolombino y colonial, que son saqueados con mayor frecuencia y puestos a la venta en catálogos de subastas o en el mercado negro.

Colecciones ejemplares

Aunque en Colombia las leyes que protegen el patrimonio cultural datan de 1939, solo hasta la expedición del Decreto 833 de 2002 existe una reglamentación que garantiza su aplicación. En términos generales, la tenencia de bienes arqueológicos por particulares es perfectamente legal siempre y cuando estén registrados ante la autoridad nacional, lo que, por un lado, garantiza que no salgan del país y, por otro, que no se comercie con ellos, pues pertenecen a la nación y esta condición es inalienable, imprescriptible e inembargable.

La pasión del doctor Hugo Sotomayor por estudiar las enfermedades genéticas prehispánicas lo fue acercando a piezas arqueológicas con apariencia poco seductora, incluso para quienes las extrajeron de su contexto histórico. Después de 20 años, tiene bajo su custodia cerca de 30 objetos que han alimentado sus investigaciones y la curiosidad de diferentes públicos.

El doctor Sotomayor pasó de ser un propietario ilícito a ser un legal y orgulloso Tenedor de Patrimonio Nacional. Por ello sabe que está comprometido a no intervenirlas, no sacarlas del país sin autorización, no comercializarlas, no pedir al Estado dinero por gastos de mantenimiento y dar aviso a las autoridades en caso de cambiar de domicilio. "Legalizar la colección aumentó mi autoestima, al sentir que estoy ayudando a construir país, y eso me hace diferente al guaquero y al europeo que se lleva nuestro patrimonio".

Tráfico ilegal

Aunque la legislación es clara, lucrarse de la compra y venta de bienes culturales sigue siendo una práctica que socialmente no es percibida como delito. Desde la Conquista son muchas las familias y comunidades que por generaciones han vivido de "buscar tesoros escondidos".

Para el antropólogo Carlos Sánchez, de la Universidad Nacional, estudioso de la cultura San Agustín, el problema del tráfico tiene sus matices. No solo es la abundancia de guaqueros -que los hay, y de dedicación exclusiva-, también está la situación económica de los campesinos, que los lleva a saquear los montículos funerarios. Es una cuestión de supervivencia: es muy difícil intentar que los lugareños se apropien del patrimonio, cuando tienen necesidades básicas que satisfacer.

Además, están los problemas de orden público; en Isnos hay campos minados, los investigadores trabajan con dificultades por la poca movilidad y el limitado presupuesto desvanece las posibilidades de nuevos hallazgos.

En su opinión, habría que trabajar mucho más en educación y fortalecer la ley. "No es posible que pasen cosas como la del galeón San José; toda la cartografía básica, los documentos oficiales, las coordenadas de barcos y galeones, que deberían reposar en el Archivo General de la Nación, se encuentren en manos de un particular, que además se niega a entregarlos", dice.

A este respecto, la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura reconoce que, pese a la convención de la Unesco suscrita por más de 90 países, el hecho de que estados como Dinamarca no la hayan ratificado dificulta la restitución de piezas, al exigir documentación como la fecha específica de su salida ilegal. María Isabel Gómez, coordinadora de la campaña contra el tráfico ilícito, señala como un primer logro la cooperación estratégica con instancias como Fiscalía, Procuraduría, DAS, Policía que, junto con 13 instituciones más y los convenios internacionales, van cerrando poco a poco este mercado negro.

El mayor valor de las listas rojas y las cartillas corresponde al dicho popular de "soldado advertido no muere en guerra". Ningún coleccionista, negociante o guaquero puede argüir desconocimiento. Estas son campañas públicas de largo plazo dirigidas incluso a quienes siguen sin entender que, por ejemplo, el turismo es un valor agregado y no la razón de ser de los bienes arqueológicos. Seguir trabajando en el respeto a los bienes culturales asegurará que en el futuro estos no se conviertan en un patrimonio extinguido del que solo queda una lista roja.

* Periodista Unimedios