¿Qué tipo de reforma pensional necesita Colombia?

Diana Murillo Garzón*

Hacia dónde se dirigen Fotografía Guillermo Flórez

El sistema de pensiones colombiano necesita ciertamente una reforma pronta, concienzuda y de alta aceptabilidad por parte de todos. En primer lugar, porque las reservas de las principales entidades están agotadas y su cubrimiento traería aún más perjuicios a las finanzas del gobierno. En segundo lugar, porque socialmente muchos sectores han visto el detrimento de su calidad de vida.

Evidentemente, en el país existió un profundo desequilibrio entre la recaudación y la distribución de los ingresos por jubilación. Por un lado, el régimen de prima media administrado por el Seguro Social no se desarrolló convergentemente con su implementación (la tasa de cotización se mantuvo constante, a pesar de haberse planteado su escalonamiento gradual en el tiempo). Por el otro, los regímenes exceptuados recibieron beneficios muy por encima de los aportes y, en la mayoría de los casos, sin un soporte acorde con la razón de su exclusión. Es decir, nos encontramos frente a la incapacidad de fondear reservas y a la urgencia de reestructuración para prevenir un mayor descalabro fiscal.

Sin embargo, marginar los pilares fundamentales de cualquier sistema, como la maximización de la cobertura real, la garantía de equidad y el sostenimiento de la calidad de vida, conduce a una aguda tensión social. Según un estudio elaborado por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), organismo que asesora a diversos países, la reforma debe encontrar el modelo más eficiente para financiar los pasivos actuariales, de manera que cumpla con las siguientes cinco metas: aceptabilidad social, sostenibilidad financiera, factibilidad política, coherencia con las realidades económicas y las de mercado de trabajo y gestión orientada en primer término al usuario. Desafortunadamente, la factibilidad política por lo general limita el desarrollo de las cuatro restantes, primordialmente por su carácter cortoplacista.

Lo anterior, evidente en el conflicto de intereses, ha dejado rezagados a lo largo de décadas los problemas de fondo que se enfrentan: el desafíso intergeneracional a largo plazo, representado por un número cada vez mayor de ancianos con relación a los contribuyentes, no solo a causa del desempleo, sino del incremento en la expectativa de vida; la eficiencia en la recaudación y gestión, ya que cuando, de un modo u otro, llegan las contribuciones, se invierten con baja rentabilidad o poca productividad, y, finalmente, el riesgo político de repartir culpas y responsabilidades a fin de promover un sistema creíble. Tal es el caso del impacto generado por la Ley 100 de 1993, que dejó en competencia más que en complementariedad el régimen de prima media y el de capitalización individual, pues mientras el primero cobijaba el 98% de los pensionados, en 2001, el segundo se quedaba con el 2% restante.

Por lo tanto, plantear una reforma simplista como la reducción de beneficios y el aumento de contribuciones, dejando de lado o tocando parcialmente los retos estructurales de cada régimen y su mutua relación, nos conduciría a un alivio coyuntural y, en algunos años (no muchos), al enfrentamiento de un nuevo debate para reformar el sistema pensional de los colombianos.

* Estudiante de Economía, Universidad Nacional de Colombia.